Castilla y Le¨®n seguir¨¢n perdiendo habitantes y recursos financieros a pesar de la autonom¨ªa

El fen¨®meno de la despoblaci¨®n de las provincias castellano-leonesas fue abordado en las jornadas por Salustiano del Campo, soci¨®logo y catedr¨¢tico de la Complutense, en una serie de ?consideraciones? que lo presentan como un fen¨®meno irreversible. A comienzos de siglo, la regi¨®n contaba con 2,3 millones de habitantes, pr¨¢cticamente los mismos que tiene ahora (2.6 millones), lo que arroja un crecimiento anual de apenas 4.000 habitantes para el conjunto de las nueve provincias que la integran. ?Si la poblaci¨®n hubiera crecido de acuerdo con la tasa media nacional. Castilla tendr¨ªa que tener ahora 4,2 millones de habitantes, por lo que puede decirse que en el siglo XX ha perdido m¨¢s de un tercio de sus recursos humanos?.

La paradoja de los a?os del desarrollo del franquismo no lo es menos que la que produce la actual ¨¦poca de crisis: el paro y la ausencia de oportunidades para la emigraci¨®n est¨¢n frenando el despoblamiento de la regi¨®n castellano-leonesa, aunque para los soci¨®logos esto es poco m¨¢s que una tregua La emigraci¨®n hacia las regiones ricas no podr¨¢ corregirse a corto y medio plazo, -?salvo que aparezca un recurso nuevo?. Los soci¨®logos se refieren a esta posibilidad con escepticismo no exento de iron¨ªa, aventurando que unos cuantos pozos de petr¨®leo podr¨ªan salvar moment¨¢neamente la situaci¨®n.

Millones en fuga

Treinta y siete bancos privados, trece cajas de ahorro y nueve cajas rurales son los protagonistas de una importante fuga de recursos financieros, cuantificada en no menos de 240.646 millones de pesetas por el catedr¨¢tico de Econom¨ªa y Hacienda de la Universidad de Valladolid. Avelino Villarejo. Esta es, sin embargo, una estimaci¨®n sobre ?m¨ªnimos?, a falta de informaci¨®n oficial. ?Es de lamentar la falta de colaboraci¨®n del Banco de Espa?a para desentra?ar la verdad de un fen¨®meno que el propio Banco de Espa?a deber¨ªa ser el primer interesado en conocer. Cuando uno se acerca a ¨¦l pidiendo informaci¨®n sobre este tema, siempre se le saca a relucir la cuesti¨®n del secreto bancario, que fue impuesto con otros objetivos muy diferentes y adem¨¢s en una ¨¦poca en la que no hab¨ªa mucho inter¨¦s en dar informaci¨®n sobre este tema. A falta de ello, uno tiene que recurrir a una especie de pirater¨ªa informativa, de la que son culpables personas que, desde luego, act¨²an con procedimientos poco democr¨¢ticos?.

El silencio oficial, sin embargo, no ha impedido al profesor Garc¨ªa Villarejo realizar su propio estudio en base a una encuesta entre directores de banca patrocinada por el Banco de Bilbao y el MOPU. De acuerdo con esta encuesta, en la regi¨®n castellano-leonesa operan un total de 59 entidades —cuatro bancos privados ten¨ªan su sede en la regi¨®n, frente a doce en 1959—, que se reparten un total de 1.534 sucursales (casi doscientas en cada provincia).

El grupo que, seg¨²n el informe, evade mayor cantidad de recursos regionales es la banca: 139.514 millones, sobre unos dep¨®sitos de 223.617 millones de pesetas, lo que equivale al 62.39%. La siguen las cajas de ahorro, con 183.000 millones en dep¨®sitos, de los que salen fuera m¨¢s de 96.800 (alrededor del 52.6%): por ¨²ltimo, s¨®lo las cajas rurales parecen garantizar que el ahorro captado se reinvierta en sus respectivas provincias, a pesar de lo cual unos 4.325 millones, de los m¨¢s de 15.000 que controlan (28%), van a parar, como en los casos anteriores, a las regiones m¨¢s industrializadas. En conjunto, se calcula que las entidades financieras evaden 57 de cada cien pesetas que recaudan.

Por otra parte, la distribuci¨®n que estas entidades hacen de los escasos recursos reinvertidos en la regi¨®n de origen perjudica a una sociedad mayoritariamente campesina, como es la castellano-leonesa. Los bancos privados ?atienden de una forma especial al comercio y a la industria y, en muy escasa medida, al sector agrario?. De los datos globales del pa¨ªs se infiere que s¨®lo un 5% de los recursos obtenidos por los bancos se destina al sector agr¨ªcola, frente al 60% destinado al sector industrial.

Una cr¨ªtica a¨²n m¨¢s dura se hace a las cajas de ahorro en el mismo informe por cuanto la mayor parte de sus dep¨®sitos procede del medio rural. En principio, se les exime de una parte de su responsabilidad en la fuga del ahorro regional, en base a la propia legislaci¨®n del Estado y. muy en concreto, a los llamados ?coeficientes de inversi¨®n obligatoria?, que hacen derivar una parte de los recursos hacia empresas del INI, adem¨¢s con una rentabilidad m¨ªnima. Pero, en contrapartida, se les acusa directamente de dedicar m¨¢s del 50% de los cr¨¦ditos al subsector vivienda, frente a s¨®lo un 10 al sector agrario: se menciona tambi¨¦n la ayuda financiera a las edificaciones de lujo y a los grupos promotores en vez de a los inquilinos: ?Las cajas han venido dedicando atenci¨®n a la construcci¨®n de un tipo de vivienda que nada tiene que ver con el car¨¢cter ben¨¦fico-social de estas instituciones. El cr¨¦dito concedido, en gran medida, no ha ido a parar a los usuarios de las viviendas, sino que de ¨¦l se han aprovechado los promotores, quedando de esta forma en entredicho el la car¨¢cter social incluso de aquellas viviendas que por sus caracter¨ªsticas pod¨ªan tener este calificativo?.

Las posibilidades de arbitrar medidas realistas que pongan fin a la depauperaci¨®n de las regiones subdesarrolladas son muy remotas. Para Garc¨ªa Vilari?o incluso las cifras apuntadas anteriormente sobre la fuga de recursos financieros han crecido de forma notable desde que se realiz¨®, la encuesta: ?P¨®ngale usted 500 millones de pesetas en total. S¨®lo a trav¨¦s de los bancos privados la diferencia que existe entre sus dep¨®sitos, que seguramente ahora superan ya los 300.000 millones, y los cr¨¦ditos que conceden en la regi¨®n es de unos 200.000 millones de pesetas?.

Seg¨²n los expertos, el d¨¦ficit p¨²blico en Castilla y Le¨®n tiende a compensar el ¨¦xodo del ahorro regional, que se seguir¨¢ manteniendo sin soluci¨®n, a pesar de las autonom¨ªas. ?El proceso auton¨®mico?, ha dicho Salustiano del Campo, ?no va a arreglar nada, porque adem¨¢s no se plantea esta cuesti¨®n. El proceso auton¨®mico est¨¢ planteado en t¨¦rminos pol¨ªticos y no econ¨®micos, y, aunque tenga unas repercusiones importantes en este ¨²ltimo campo, es seguro que no va a resolver el problema, ni se lo propone?.

En estas circunstancias, el llamado Fondo de Compensaci¨®n lnterregional, que figura en la ley ?rg¨¢nica de Financiaci¨®n de Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA), carece de credibilidad para los estudiosos: ?La verdad es que el Fondo de Compensaci¨®n debe ser un instrumento muy importante para lograr una mayor equiparaci¨®n de las rentas dentro de las regiones espa?olas. Pero mucho me temo que a la hora de rellenar ese fondo, los pa¨ªses que tienen unas rentas altas van a ser muy reticentes, m¨¢s que cuando no exist¨ªan las autonom¨ªas, a aportar sus propios recursos en favor de los dem¨¢s?.

Para algunos economistas, como Juan Mu?oz, profesor agregado de Estructura Econ¨®mica de la Complutense y ponente en las jornadas, una de las gran oportunidades de industrializar Castilla y Le¨®n se ha perdido hace tan s¨®lo dos meses con la regulaci¨®n por el Parlamento del llamado ?canon de producci¨®n de energ¨ªa el¨¦ctrica?, parad¨®jicamente concebido para compensar a las regiones productoras de la exportaci¨®n de recursos energ¨¦ticos que realizan a las m¨¢s industrializadas.

Para los expertos, esta regulaci¨®n del canon representa una doble trampa, no valorada suficientemente por los partidos pol¨ªticos. Por una parte, el coste del impuesto se a?adir¨¢ al valor de los productos industriales que las nueve provincias se ven obligadas a importar de las mismas regiones que, sobre el papel, pagan el canon, siguiendo un proceso similar al de los pa¨ªses subdesarrollados con respecto a las grandes potencias econ¨®micas. Por otro, supone mantener unas tarifas unificadas para la energ¨ªa el¨¦ctrica que incentivan la localizaci¨®n de la industria en las regiones tradicionalmente m¨¢s favorables a la inversi¨®n, es decir, en las ya industrializadas.

Frente a esta regulaci¨®n oficial, los expertos hubieran preferido una desgravaci¨®n de los costes de la energ¨ªa en las provincias de origen —sistema de tarificaci¨®n regionalizado—, que actuar¨ªa como incentivo para la captaci¨®n de industrias en las zonas productoras de energ¨ªa, atra¨ªdas por su menor coste.