La independencia judicial frente al atestado policial

El hecho de que un juez decrete la libertad sin procesamiento de una persona detenida por la polic¨ªa, aun despu¨¦s de que ¨¦sta le haya aplicado la llamada ley Antiterrorista, es perfectamente legal, desde la perspectiva del Estado de derecho. Ello no quiere decir que la decisi¨®n del juez sea acertada, y para reparar el posible error existe el recurso ante el tribunal superior. Esto es lo que ha hecho el ministerio fiscal en el caso del comandante S¨¢enz de Ynestrillas, tras haber sido puesto en libertad sin procesamiento por el titular del Juzgado Central n¨²mero 1, de la Audiencia Nacional, Ricardo Var¨®n Cobos, quien no encontr¨® indicios suficientes del delito (preparar la creaci¨®n de bandas armadas) que la polic¨ªa imputaba a dicho comandante.La actuaci¨®n en este caso del citado juez se adapta a los principios expuestos en mayo pasado por el Consejo General del Poder Judicial, ¨®rgano de gobierno de la Magistratura espa?ola, y que deben regir en las relaciones entre el poder judicial y la polic¨ªa. ?Es claro que no corresponde a las fuerzas de seguridad ni al Ministerio del Interior declarar cu¨¢ndo hay o no delito?, se dec¨ªa en dicha nota, y se a?ad¨ªa que ?nadie puede pretender que los jueces acepten como bueno cuanto en los atestados policiales se afirme, porque en el Estado de derecho es principio inexcusable que la culpabilidad debe ser probada y no s¨®lo afirmada?.

Sin embargo, existen dudas razonables de que esta actuaci¨®n se produzca en todos, los casos de imputaci¨®n policial de actividades terroristas. La independencia y autonom¨ªa judicial frente al atestado policial han brillado con toda claridad, por ejemplo, en el caso del atentado contra la redacci¨®n de El Papus, en el que la detenci¨®n de sus presuntos autores por la polic¨ªa y la relaci¨®n detallada de las actividades del grupo ultraderechista que constitu¨ªan, no fueron considerados indicios suficientes de criminalidad, no siendo, por tanto, procesados los detenidos. M¨¢s recientemente, la misma actuaci¨®n se ha producido en la investigaci¨®n sumarial del asesinato de Yolanda Gonz¨¢lez, que lleva a cabo el juez Var¨®n Cobos, quien deneg¨® el procesamiento del dirigente de Fuerza Nueva, David Mart¨ªnez Loza, sin tener en cuenta la declaraci¨®n del entonces ministro del Interior, Antonio Ib¨¢?ez Freire, en el Congreso, en el sentido de que el citado Mart¨ªnez Loza estaba implicado en el asesinato. La actuaci¨®n del juez Var¨®n Cobos debe ser contemplada desde esta perspectiva. Tambi¨¦n desde la del hecho de que la independencia del poder judicial no ha venido acompa?ada en Espa?a de una renovaci¨®n democr¨¢tica de este poder. Mientras el ejecutivo y el legislativo son hoy representaci¨®n de la voluntad popular, el judicial sigue incardinado en un sistema funcionarial y nucleado, en su mayor parte, por los jueces y fiscales del anterior r¨¦gimen. El poder judicial es hoy independiente en su ejercicio. Pero, ?y en su origen