Las amenazas contra la libertad de expresi¨®n

LA MANIFESTACION -legalmente convocada y debidamente autorizada- en apoyo de la libertad de expresi¨®n reunir¨¢ hoy, en Madrid y en otros lugares de Espa?a, no s¨®lo a los profesionales de los medios de comunicaci¨®n que sienten amenazados los derechos constitucionales que amparan el ejercicio de su oficio, sino tambi¨¦n a los ciudadanos para quienes, una Prensa y una radio independientes y una televisi¨®n estatal no manipulada constituyen un elemento b¨¢sico del sistema democr¨¢tico.La condena de Xavier Vinader, pendiente de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo y del eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, no ha sido establecida todav¨ªa por sentencia firme, y ofrece aspectos lo suficientemente d¨¦biles en el terreno estrictamente jur¨ªdico como para dejar campo abierto a la esperanza de una soluci¨®n definitiva satisfactoria. Sin embargo, el precedente que supondr¨ªa la aplicaci¨®n a los periodistas del delito de imprudencia temeraria por negligencia profesional, regulado por el art¨ªculo 565 y reservado por la jurisprudencia casi exclusivamente a automovilistas, constructores o m¨¦dicos, hace temer justificadamente que esa interpretaci¨®n desbordada y anal¨®gica de la norma pena? redundar¨ªa en grave perjuicio de los medios de opini¨®n y de los informadores.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo ha indicado en unas recientes declaraciones que la libertad de expresi¨®n no puede ser ilimitada. Nadie en su sano juicio podr¨ªa discrepar de la opini¨®n de Federico Carlos Sainz de Robles, ya que, efectivamente, el derecho reconocido en el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n tiene que ser conjugado con el resto del ordenamiento jur¨ªdico y la normativa penal. Ahora bien, parece superfluo se?alar que los periodistas no pretenden negar el principio constitucional de la igualdad de todos los espa?oles ante la ley, sino protegerse de la aplicaci¨®n de medidas que contradigan el principio, tambi¨¦n constitucional, de legalidad y rechazar la sesgada utilizaci¨®n de las disposiciones normativas con el prop¨®sito extrajur¨ªdico de trabar o imposibilitar el dificil y delicado ejercicio de la libertad informativa.

El llamamiento de la coordinadora de profesionales madrile?os -titulado significativamente No nos callar¨¢n- subraya que el balance de los m¨¢s de cuatrocientos procesos abiertos contra periodistas ofrece como resultado una selectividad en los presuntos comportamientos delictivos que pisa el terreno de la discriminaci¨®n. El texto se?ala as¨ª el benevolente tratamiento que reciben conductas p¨²blicas "realmente da?inas para las personas y para la supervivencia del propio sistema democr¨¢tico", y la tolerancia que se dispensa a los ataques contra la Corona y el Parlamento, instituciones del Estado, al menos, tan dignas de protecci¨®n por los tribunales y los fiscales como la propia Administraci¨®n de justicia, las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Orden P¨²blico. No se trata, por supuesto, de un argumento basado en los agravios comparativos, que reforzar¨ªan la peligrosa tendencia gubernamental a buscar la equidistancia entre los dem¨®cratas discrepantes, situados dentro del marco constitucional, y los golpistas, que pretenden lisa y llanamente derribar la Monarqu¨ªa parlamentaria. Porque a los enemigos de la libertad hay que explicarles las normas que castigan los delitos contra la seguridad del Estado, sin confundirlos con quienes ejercen la cr¨ªtica contra las disfunciones o los errores de un sistema al que apoyan resueltamente.

En este sentido resulta especialmente oportuno que el texto del llamamiento advierta tambi¨¦n contra la reciente proclividad de los poderes p¨²blicos a limitar el derecho constitucional de los ciudadanos a informar y a ser informados. La normalizaci¨®n de Televisi¨®n es s¨®lo un aspecto de una estrategia mucho m¨¢s amplia y compleja, en la que se inscriben las maniobras desestabilizadoras contra ¨®rganos de Prensa independiente, las presiones para realizar despidos de profesionales que desagradan al Gobierno, los fondos de reptiles -fuera de toda publibidad y control parlamentario- para comprar voluntades empresariales y la escandalosa multiplicaci¨®n de pr¨¢cticas corruptoras, como la contrataci¨®n por gabinetes de Prensa del ¨¢rea gubernamental o agencias de relaciones p¨²blicas de periodistas e informadores que simultanean y simulan, a la vez, su profesi¨®n presuntamente libre. Por esa raz¨®n, la manifestaci¨®n de hoy trasciende el caso Vinader, aun sin olvidarlo, para llamar la atenci¨®n ciudadana sobre "a "ofensiva en toda regla contra la libertad de expresi¨®n", que es la otra cara de la ofensiva contra la democracia, iniciada desde distintos flancos, pero con un objetivo convergente: convertir a la Prensa a la radio y a la televisi¨®n en el espejo complaciente y embellecedor en el que lospoderosos contemplan su falsificada imagen, protegidos de cualquier cr¨ªtica, embadurnados de adulaciones y colmados de elogios.