La Constituci¨®n y el jurado

?Si el pueblo espa?ol pudo ser en otras ocasiones espectador indiferente del acontecer pol¨ªtico d¨®cil seguidor de iniciativas sin futuro o f¨¢cil secundador de facciones, hoy es sereno garante de la libertad y firme guardi¨¢n de la democracia?.Son palabras textuales, a¨²n calientes, del presidente de las Cortes Generales, Landelino Lavilla, ante diputados y senadores congregados en el hemiciclo para rendir p¨²blico homenaje al pueblo espa?ol, que, consciente de su protagonismo, refrend¨® mayoritariamente la Constituci¨®n el 6 de diciembre de 1978, hace ya tres a?os...

Sin embargo, y desgraciadamente, el presidente de las Cortes, al enumerar los logros constitucionales alcanzados desde dicha fecha, no pudo incluir el desarrollo legislativo del art¨ªculo 125 de la Constituci¨®n, que, a trav¨¦s de la instituci¨®n del Tribunal del Jurado, garantiza la habitual y efectiva participaci¨®n ciudadana en la vida democr¨¢tica a trav¨¦s de la justicia penal, que por la calidad de valores que comporta es la justicia por antonomasia.

Entre los muchos motivos que exigen, ya, el ?desaparcamiento? del Jurado, sumido en un consciente letargo legislativo, est¨¢n -aparte del propio compromiso constitucional de que la participaci¨®n ciudadana en la gesti¨®n de sus propios intereses no sea mero estilismo pol¨ªtico- el indispensable equilibrio procesal entre acusaci¨®n y defensa, negado por el principio que hemos convenido en denominar in dubio pro fiscal, producto del car¨¢cter funcionarial y encastado de judicatura y fiscal¨ªa; las dificultades, muchas veces insuperables, para el ejercicio de la acci¨®n popular ante las enormes barreras econ¨®micas exigidas por algunos jueces; la persistente anormalidad en el funcionamiento de nuestros tribunales por falta de organizaci¨®n y recursos que, en gran medida, deviene del desinter¨¦s pol¨ªtico por el m¨¢s trascendental de los poderes del Estado; la manifiesta incapacidad para acomodar, r¨¢pida y eficientemente, la legislaci¨®n penal a las palpitantes necesidades de la sociedad; la inaplazable obligaci¨®n de incorporar la mujer a las funciones comunitarias por imperativo de su presente protagonismo en todas las magnitudes de la vida actual, pero ausente, no obstante, de adecuado y proporcional reflejo en la justicia; falta de credibilidad de nuestra Administraci¨®n de justicia, que, pre?ada a¨²n de ancestrales esoterismos, se halla muy alejada, tanto en forma como en fondo, del sentir ciudadano; los peligros de una creciente politizaci¨®n de las magistraturas profesionales; la inobservancia en sentido estricto de los principios procesales de oralidad, inmediaci¨®n y publicidad postulados en nuestra Constituci¨®n como garant¨ªas del individuo; la necesidad de robustecer el criterio de la justicia como funci¨®n de servicio social; la sumisi¨®n ¨²nicamente al juez natural, ordinario y, en fin, combatir el creciente abstencionismo pol¨ªtico del pueblo, producto del desencanto y desinter¨¦s ante tantas promesas verbales, olvidadas paladinamente en la v¨ªa de los hechos; trato que, desde luego, no merecen quienes han dado en el presente tantas muestras de irreprobable conducta c¨ªvica.

No significa un "tribunal popular"

A ver si de una vez entienden nuestros pol¨ªticos que la instituci¨®n del jurado no significa, ni mucho menos, la instauraci¨®n del denominado ?tribunal popular?, de infausta memoria; sino que, muy al contrario, consiste en sumar a la t¨¦cnica jur¨ªdica, confiada a los jueces profesionales, el valioso bagaje de la equidad emanada de la consciencia popular. Precisamente con el jurado, la judicatura profesional alcanza la c¨²spide de su prestigio y reconocimiento social, y seguros estamos que son muchos los jueces espa?oles que ven con agrado dicha colaboraci¨®n ciudadana en la pesada e incomprendida tarea jurisdiccional que pesa hoy ¨²nicamente sobre sus endebles espaldas.

Por otro lado, tengamos tambi¨¦n presente que el jurado funciona perfectamente y sin necesidad de leyes ni tribunales especiales en pa¨ªses de mucha mayor conflictividad que el nuestro. Las ?mafias? organizadas, por ejemplo en Estados Unidos, dejan en pa?ales a nuestras m¨¢s feroces bandas armadas y grupos terroristas... y all¨ª el jurado no s¨®lo no se amilana ni acobarda, sino que es la mayor garant¨ªa de estabilidad democr¨¢tica.

Si queremos que el pueblo -efectivamente- sea protagonista de su historia y no distante y desilusionado espectador, invit¨¦mosle urgentemente a mantener la democracia sinti¨¦ndose part¨ªcipe activo de su propia justicia, que, a fin de cuentas, no es m¨¢s que otro nombre dado a la libertad.