Protestas por el retraso en el pago del empleo comunitario en diversos pueblos sevillanos

Encierros de obreros agr¨ªcolas en los ayuntamientos, asambleas y manifestaciones se registraron ayer en m¨¢s de treinta pueblos sevillanos en se?al de protesta por el retraso en el pago del empleo comunitario y la interrupci¨®n de estos trabajos en la provincia. M¨¢s de 30.000 jornaleros en paro se ven afectados por el conflicto.

Tras un encierro de 24 horas en la sede de la Diputaci¨®n Provincial, el subsecretario de Trabajo, Miguel Cuenca, garantiz¨® oficialmente a la Junta de Andaluc¨ªa que el retraso en el abono de tres semanas de empleo comunitario se hab¨ªa producido a causa de dificultades de tipo burocr¨¢tico y que ya estaba solventado, prometiendo que ayer, lunes, el dinero correspondiente estar¨ªa ya en Sevilla, seg¨²n informa Jos¨¦ Aguilar desde dicha ciudad. El consejo permanente de la Junta dedic¨® parte de su reuni¨®n a analizar este problema.La protesta de los parados tiene como origen inmediato el incumplimiento por parte de la Administraci¨®n de este compromiso de pago. No obstante, el malestar de fondo ha sido originado por la decisi¨®n del Gobierno, anunciada tambi¨¦n por Miguel Cuenca, de fijar a partir de ahora la cuant¨ªa de los fondos en funci¨®n del nuevo censo agrario del que dispone el mencionado departamento ministerial.

La elaboraci¨®n de un nuevo censo que elimine la inflaci¨®n artificial del que se ha venido utilizando -que ha permitido a numerosas personas beneficiarse del sistema de empleo comunitario sin ser espec¨ªficamente obreros del campo en paro- fue uno de los acuerdos firmados en 1981 por el Gobierno y la Junta de Andaluc¨ªa, al tiempo que se aseguraban cuatro d¨ªas de trabajo a la semana para todos los jornaleros parados.

Sin embargo, seg¨²n un portavoz de la Junta preauton¨®mica, este censo revisado ¨²nicamente deber¨ªa entrar en vigor, en virtud de los acuerdos citados, una vez que sea examinado y aprobado por la comisi¨®n interministerial prevista para el tema, requisito que no ha llegado a producirse. En la ma?ana de ayer, el delegado provincial de Trabajo, Miguel Moreno, declaraba ignorar cu¨¢ndo llegar¨ªan los fondos adeudados a los obreros agr¨ªcolas y si hab¨ªa alguna decisi¨®n gubernamental acerca del censo.

La actual situaci¨®n ha provocado, por otra parte, un acercamiento inesperado entre los sindicatos CC OO y SOC, que han formado una comisi¨®n de enlace destinada a coordinar las acciones de protesta iniciadas ayer.

Denuncias en Catalu?a

Por otra parte, la coordinadora formada por ayuntamientos catalanes y los sindicatos CC OO y UGT emprendi¨® ayer una campa?a de denuncia contra las recientes afirmaciones de la patronal Fomento del Trabajo Nacional (FTN) sobre los fondos del empleo comunitario, informa Elena Lorente desde Barcelona.

Tanto los municipios de Catalu?a como las centrales sindicales consideran que dicha forma de empleo constituye una forma eficaz y rentable de canalizar los fondos p¨²blicos en la lucha contra el paro. Por el contrario, el presidente de FTN, Alfredo Molinas, se?al¨® en el ¨²ltimo informe dirigido al consejo general de la citada asociaci¨®n que "los ayuntamientos se han coaligado con los sindicatos, ejerciendo una obstinada presi¨®n para obtener fondos p¨²blicos con los que asentar el clientelismo pol¨ªtico y sindical, bajo el pretexto de combatir el paro".

Estas graves afirmaciones de la gran patronal catalana constituyen sus primeras intervenciones p¨²blicas en temas municipales, coindiciendo, a su vez, con argumentaciones contrarias a la aplicaci¨®n de tasas fiscales. El ¨²ltimo n¨²mero de la revista Horizonte Empresarial contiene un duro ataque contra los fondos destinados al empleo comunitario en Catalu?a, concedidos por el Ministerio de Trabajo a finales de 1980, por un valor de 1.300 millones de pesetas. La buena acogida de estos fondos por parte de amplios sectores pol¨ªticos y sociales ha llevado a la Generalidad a destinar al empleo comunitario una partida de ochocientos millones de pesetas procedentes de la deuda p¨²blica.

El presupuesto de la Generalidad para 1982 prev¨¦, asimismo, una inversi¨®n de 2.000 millones de pesetas en dicho concepto.

La oposici¨®n de Fomento del Trabajo a las iniciativas municipales y sindicales sobre el empleo comunitario ha llegado incluso a la afirmaci¨®n de su presidente, Alfredo Molinas, de que Ios ayuntamientos no han hecho m¨¢s que incrementar los gastos de personal sin mejorar los servicios, aplic¨¢ndose, por el contrario, muchos de los municipios a una especial lucha de clases". La gran patronal catalana ha afirmado, asimismo, que "los desmanes municipales exigen nuestra presencia en los temas que afectan a las empresas".

Los municipios catalanes y los sindicatos han emprendido de forma un¨¢nime la defensa del empleo comunitario, destacando la utilidad de los trabajos efectuados a trav¨¦s de dicha forma de contrataci¨®n. Las citadas entidades afirmaron que "se han mejorado las infraestructuras municipales, habi¨¦ndose registrado un rendimiento satisfactorio de los trabajos realizados".

Los fondos concedidos por el Ministerio de Trabajo en Catalu?a fueron repartidos en los tres primeros meses de 1981 entre cuatro comarcas del cintur¨®n industrial barcelon¨¦s: Vall¨¦s Occidental, Vall¨¦s Oriental, Barcelon¨¦s y Bajo Llobregat.