Recta final

Con el inicio, hoy, de la exposici¨®n de sus conclusiones definitivas por parte del fiscal y de los defensores, la vista del juicio sobre el 23-F entra en su recta final, aunque ¨¦sta, dada la magnitud de este proceso, no durar¨¢ menos de quince jornadas de Juicio todav¨ªa, es decir, aproximadamente otro mes natural.La cuarta y ¨²ltima fase de la vista, tras el apuntamiento de la causa, el interrogatorio de los procesados y la pr¨¢ctica de la prueba testifical, no es propicia para los incidentes procesales, como ocurre con las dos anteriores, ya que la misma discurre por un cauce muy definido, en el que la sorpresa apenas tiene cabida, como es la intervenci¨®n individualizada y sucesiva de la acusaci¨®n y de los defensores. Bien es verdad que esta intervenci¨®n puede dar lugar a todo tipo de consideraciones, muchas veces extraprocesales, y as¨ª ocurre con frecuencia en los juicios de cierta envergadura, pero el presidente del tribunal est¨¢ legalmente capacitado para cortarlas y para llamar la atenci¨®n al fiscal o al defensor para que se ci?an a los hechos.

En el ¨¢mbito de la jurisdicci¨®n castrense, esta facultad del presidente est¨¢ contemplada en el art¨ªculo 782 del C¨®digo de Justicia Militar, seg¨²n el cual "tambi¨¦n podr¨¢ el presidente, cuando el fiscal o el defensor se extiendan en sus ratificaciones orales en t¨¦rminos desmesurados o impropios, advertirles que se limiten concisamente al objeto de la acusaci¨®n o defensa, y si insistieran en el abuso les retirar¨¢ la palabra".

Lo legalmente previsto es que la intervenci¨®n primera sea la del fiscal y, posteriormente, la del defensor o defensores (en este ¨²ltimo caso su intervenci¨®n suele ser en relaci¨®n a la mayor implicaci¨®n de los procesados en los hechos), pero ambas partes pueden intervenir una segunda vez, si el presidente lo considera pertinente, para precisar o :rectificar algunas de sus conclusiones.

Cuando finalice esta fase y el presidente del tribunal pregunte a cada uno de los procesados si tienen algo que a?adir a lo ya manifestado durante la vista, el juicio sobre el 23-F habr¨¢ concluido, despu¨¦s de tres meses y medio de sesiones, lo que constituye, seguramente, un r¨¦cord en la historia judicial y, desde luego, en lo que es pr¨¢ctica habitual en los tribunales de justicia. Demasiado tiempo para que el proceso sobre el 23-F se prorrogue todav¨ªa un a?o m¨¢s (diez meses o quiz¨¢ m¨¢s, seg¨²n recientes declaraciones del fiscal general del Estado), en el supuesto de que se interponga recurso de casaci¨®n ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Cuesta trabajo pensar que un asunto de Estado, como es lo que se ventila en el proceso sobre el 23-F, se contemple como un asunto m¨¢s de los que llegan en tr¨¢mite de casaci¨®n ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuya resoluci¨®n, desde que se interpone el recurso hasta que se dicta sentencia, viene durando, poco m¨¢s o menos, un a?o. Seguramente, el Consejo General del Poder Judicial, como ¨®rgano al que incumbe, entre otras cosas, velar por el buen funcionamiento de los tribunales de justicia, y la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo tienen ya ideas muy precisas sobre el car¨¢cter preferente que habr¨ªa que dar al proceso sobre el 23-17, en el supuesto de que llegue a la jurisdicci¨®n ordinaria, en v¨ªa de casaci¨®n para concluirlo definitivamente en un plazo no superior a tres meses.