Ma?ana comienza la vista p¨²blica del 'caso Almer¨ªa'
Tres j¨®venes murieron hace un a?o en extra?as circunstancias mientras permanec¨ªan detenidos por la Guardia Civil. Dos oficiales y un n¨²mero de la Benem¨¦rita comparecen como acusados.
El tribunal que juzga el caso deber¨¢ hacer frente a tres calificaciones distintas de los hechos: una, totalmente exculpatoria para los guardias civiles procesados; otra, acusatoria pero centrada en el homicidio, y una tercera, tambi¨¦n acusatoria, agravada por la tipificaci¨®n de los hechos como asesinato. En el banquillo de los acusados comparecer¨¢n el teniente coronel Carlos Castillo Quero, jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Almer¨ªa cuando se produjeron los hechos; su teniente ayudante, Manuel G¨®mez Torres, y el guardia conductor, Manuel Fern¨¢ndez Llamas. Es la primera vez que guardias civiles comparecen para ser juzgados ante un tribunal de la jurisdicci¨®n ordinaria por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones que la ley de Polic¨ªa de 4 de diciembre de 1978 atribuye a la Guardia Civil, que son defender el ordenamiento constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y, garantizar la seguridad ciudadana. La instrucci¨®n y enjuiciamiento de los delitos cometidos en el ejercicio de dichas funciones corresponden a las audiencias provinciales.Las v¨ªctimas de los hechos, Luis Montero Garc¨ªa, de 33 a?os; Luis Cobos Mier, de veintinueve, y Juan Ma?as Morales, de veinticuatro -los tres residentes en Santander, y el ¨²ltimo natural de Pechina (Almer¨ªa)-, se encontraban de vacaciones en la provincia almeriense para asistir a la primera comuni¨®n de un hermano menor de Juan Ma?as, cuando fueron detenidos en Roquetas de Mar por efectivos de la Guardia Civil, que err¨®neamente les consideraron sospechosos de pertenecer a ETA. En las horas posteriores a su detenci¨®n se produjeron sus muertes en extra?as circunstancias, cuyo esclarecimiento es el objetivo del proceso abierto a ra¨ªz de las mismas y del juicio que se inicia ma?ana.
Tres versiones
Los defensores de los guardias civiles procesados, letrados Juan Jos¨¦ P¨¦rez G¨®mez, Fulgencio P¨¦rez Dob¨®n y Francisco Tara Hern¨¢ndez, piden la libre absoluci¨®n, tras mantener en su escrito de conclusiones provisionales que los tres j¨®venes agredieron al conductor del veh¨ªculo en que eran trasladados a Madrid, perdiendo ¨¦ste el control del coche, raz¨®n por la cual el teniente coronel orden¨® "fuego, a las ruedas, que se escapan", resultando muertos por impacto de bala los tres detenidos. Posteriormente, seg¨²n este relato, el coche se incendi¨® al derrapar por un terrapl¨¦n.
El ministerio fiscal mantiene que los procesados cometieron un delito de homicidio, pues no era necesario utilizar armas de fuego para detener nuevamente a los tres j¨®venes.
Las penas solicitadas en conclusiones provisionales por el fiscal son las siguientes: catorce a?os, ocho meses y un d¨ªa de reclusi¨®n menor por cada uno de los tres delitos de homicidio para el teniente coronel Carlos Castillo Quero, y nueve a?os de prisi¨®n mayor por cada homicidio para el teniente Manuel G¨®mez Torres y el guardia conductor, Manuel Fern¨¢ndez Llamas, a quienes se aplica la atenuante de obediencia debida. A los tres imputa el fiscal un delito de homicidio del art¨ªculo 407 del C¨®digo Penal, castigado en principio con la pena de reclusi¨®n menor, que va de doce a?os y un d¨ªa a veinte a?os.
La acusaci¨®n particular, por su parte, que defiende los intereses de los padres y familiares de las tres v¨ªctimas, mantiene que los hechos son constitutivos del delito de asesinato, con las agravantes de premeditaci¨®n, alevos¨ªa y ensa?amiento. Solicita para el teniente coronel Castillo Quero treinta a?os de reclusi¨®n mayor por la muerte de cada uno de los tres j¨®venes. Iguales penas solicita para cada uno de los otros dos guardias civiles procesados.
En concepto de indemnizaciones el ministerio fiscal solicita tres millones de pesetas para cada una de las familias de las v¨ªctimas, mientras que el acusador particular eleva esta cifra a cinco millones de pesetas. En la vista del juicio tambi¨¦n estar¨¢ presente un abogado del Estado, en representaci¨®n de la Administraci¨®n p¨²blica, que se considera perjudicada por el da?o patrimonial registrado en tres grilletes utilizados para la conducci¨®n de las v¨ªctimas y, consecuentemente, inutilizadas en el incendio del veh¨ªculo en el que viajaban los tres j¨®venes.
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