La econom¨ªa y el PSOE / 2

La atribuci¨®n al sector p¨²blico de muchas actividades est¨¢ fuera de discusi¨®n. Es, por ejemplo, el caso de aquellos servicios esenciales que, por el volumen de las inversiones que precisan u otras razones, son inabordables o no rentables para las empresas privadas. Tal sucede con las infraestructuras del transporte y con casi todos los bienes y servicios p¨²blicos tradicionales. Otro caso diferente, pero tambi¨¦n admitido por la sensibilidad contempor¨¢nea (con la excepci¨®n de algunos ultraliberales y conservadores), son los servicios que ofrece el estado de bienestar por un complejo de razones -solidaridad social, humanitarismo, paz laboral, etc¨¦tera-, como las prestaciones sociales, la sanidad o la ense?anza gratuita, con los que se pretende adem¨¢s conseguir un efecto redistributivo de la renta. Por el contrario, la controversia es muy fuerte entre intervencionistas y antiestatistas cuando el sector p¨²blico absorbe o, al menos, el Estado interviene el sistema financiero o la industria. Los que argumentan en contra cargan la mano sobre el coste excesivo que tales operaciones suelen suponer para el ciudadano y, sobre todo, en la ineficacia, cuando no en la corrupci¨®n, que, seg¨²n ellos, son inherentes al sector p¨²blico. Los razonamientos a favor suelen cubrir dos vertientes: una t¨¦cnica, de sabor m¨¢s o menos keynesiano o socialdem¨®crata, hace referencia a la necesidad de que exista un centro regulador en el sistema econ¨®mico que controle algunas variables, que suavice las oscilaciones y desequilibrios y que atienda a actividades de promoci¨®n y desarrollo no rentables para la iniciativa privada; la otra vertiente, m¨¢s pol¨ªtica, socialista si se quiere, alude a la necesidad de acotar ciertas ¨¢reas econ¨®micas de naturaleza estrat¨¦gica, de modo que el poder que en ellas ejercen grupos reducidos en n¨²mero y sin legitimaci¨®n democr¨¢tica sea lo m¨¢s peque?o posible.Despu¨¦s de lo dicho queda claro que valorar de una forma unitaria o indiscriminada al sector p¨²blico, sea por la proporci¨®n del Producto Interior Bmto (PIB) que absorbe, el empleo que ocupa o cualquier otro par¨¢metro, es poco significativo. En primer lugar, el volumen de los bienes y servicios p¨²blicos -sean tradicionales o de los in corporados por el modemo estado social- marca, en cierto modo, el nivel de desarrollo del equipa miento colectivo de una sociedad y de su grado de solidaridad e igualitarismo. Su existencia y desarrollo son inexcusables en una comunidad humana que merezca tal nombre. Ello no obsta para que sea necesario ser realista y atender algunas de las observaciones de los cr¨ªticos del estado de bienestar. En efecto, la proporci¨®n gasto p¨²blico / gasto privado debe mantenerse en unos l¨ªmites razonables que garanticen un amplio margen de libertad individuaI; por otra parte, la raz¨®n coste / beneficio en la provisi¨®n de servicios p¨²blicos puede verse afectada fuertemente por ineficacias, deseconom¨ªas de escala y parasitismo burocr¨¢tico, que deben ser corregidos con medidas de racionalizaci¨®n funcional, descentralizaci¨®n y participaci¨®n de los usuarios. En ¨²ltimo pero principal lugar, no debe caer se en la ingenuidad de creer que todo servicio sufragado a cargo del erario p¨²blico tiene un car¨¢cter progresivo, por suponer una transferencia de renta de los grupos m¨¢s favorecidos a los menos, ya que no siempre es as¨ª.

La experiencia espa?ola

Sin embargo, en el caso de la intervenci¨®n p¨²blica en el sector financiero, el energ¨¦tico, las industrias de base o los sectores punta, muchas veces uno de los criterios m¨¢s relevantes para medir su oportunidad es el del grado de control democr¨¢tico, de la econom¨ªa que proporciona en especial la posibilidad real de planificaci¨®n del conjunto de la econom¨ªa que permite.Por razones hist¨®ricas, el sector p¨²blico espa?ol, tanto en lo que se refiere a los servicios sociales como a la propiedad o participaci¨®n en empresas industriales o financieras, es obra de la derecha espa?ola.

En cuanto a las empresas p¨²blicas industriales, comerciales o finacicieras, sea cual fuere su estatuto jur¨ªdico (sociedades mercantiles con capital estatal, organismos aut¨®nomos, etc¨¦tera), y dependan del INI, de la direcci¨®n del Patrimonio o de diferentes ministerios, hay que reconocer que adolecen de m¨²ltiples inconvenientes. Sin entrar en la casu¨ªstica, podr¨ªan se?alarse varios de tipo general. El m¨¢s importante de todos, la falta de coordinaci¨®n de unas con otras y de almeamiento del conjunto con la pol¨ªtica econ¨®mica general. Otro, derivado del anterior, la falta de dcfmici¨¢n de los objetivos concretos -?rentabilidad econ¨®mica?, ?promoci¨®n del desarrollo?, ?instrumento pol¨ªtico?- de todas y cada una. Igualmente hay que se?alar la excesiva politizaci¨®n que afecta a demasiadas empresas p¨²blicas. En numerosos puestos directivos, y no s¨®lo en los de naturaleza pol¨ªtica -presidentes, por ejemplo-, sino a niveles m¨¢s t¨¦cnicos, se producen constantes fichajes de pol¨ªticos en ascenso o descenso.

Ello es perfectamente comprensible si se atiende a las aut¨¦nticas caracter¨ªsticas del sector p¨²blico espa?ol. En efecto; tras unas declaraciones formales, m¨¢s o menos ret¨®ricas, en torno al tan tra¨ªdo principio de subsidiariedad y a la necesidad de promover el desarrollo en sectores o regiones abandonados por la iniciativa privada, el sector p¨²blico espa?ol, propiciado por la derecha intervencionista, ha servido, salvando importantes excepciones, como hospital de empresas, proveedor de servicios o materias primas baratas a clientes priv¨¹egiados del sector privado, refugio de pol¨ªticos y fuente secundaria de poder para la clase dirigente. As¨ª, los consejos de administraci¨®n y los puestos directivos de los bancos, industrias y empresas de servicios p¨²blicos se han nutrido, aparte de elementos de la burocracia pol¨ªtica franquista, antes, y de UCD, ahora, de representantes de la oligarqu¨ªa financiera e industrial. No deja de ser flustrativa la interpretaci¨®n que del principio de subsidiariedad ha hecho siempre la derecha espa?ola.

No sorprende, pues, que sobre esa base general -sumisi¨®n a los intereses del capital privado, parasitismo pol¨ªtico-burocr¨¢tico, descoordinaci¨®n y falta de orientaci¨®n pol¨ªtica- se produzcan toda clase de ineficacias y deseconom¨ªas en cada caso particular. As¨ª, no s¨®lo se ha conseguido un sector p¨²blico al exclusivo servicio de la derecha, sino que se ha desacreditado profundamente ante la opini¨®n la propia idea de la necesidad de un amtor p¨²blico potente que permita la planificaci¨®n y su direcci¨®n del sistema econ¨®mico de forma democr¨¢tica.

La posici¨®n socialista

Con estos antecedentes, por si fueran insuficientes, las dificultades derivadas de la crisis y los recelos provocados por la propaganda derechista, se comprende que la izquierda espa?ola sea sumamente prudente en materia de propiedad p¨²blica. Ello no significa, naturalmente, rechazar las ideas socialistas -no precisamente, contra lo que falsamente se cree, estatistas-, ni mucho menos, desconocer la necesidad que tiene toda sociedad democr¨¢tica de conseguir cierto grado de control sobre su propia econom¨ªa. Lo que s¨ª supone, despu¨¦s de las consecuencias antisocialistas de la estatizaci¨®n en los pa¨ªses mal llamados del socialismo real, la situaci¨®n de crisis actual y la propia experiencia espa?ola, es que hay que ser cautelosos y pragm¨¢ticos. Todo proyecto de nacionalizaci¨®n o de intervencionismo debe someterse a un escrupuloso an¨¢lisis coste / beneficio desde la ¨®ptica del bienestar social, y, sobre todo, debe estarse razonablemente seguro que supone un aumento de la democratizaci¨®n real.En la Espa?a actual es evidente que, un pr¨®ximo Gobierno socialista, o simplemente progresista, debiera, en primer t¨¦rmino, ocuparse de sanear el sector p¨²blico existente. Coordinar las empresas, definir sus cometidos pol¨ªticos, profesionalizar la gesti¨®n, clarificar la contabilidad de modo que se sepa exactamente qu¨¦ parte del d¨¦ficit se debe a servidumbres pol¨ªtico-sociales, cu¨¢l a baja rentabilidad econ¨®mica y cu¨¢l a mala gesti¨®n. Esta tarea puede muy bien ocupar una legislatura. Naturalmente, cabr¨ªa tambi¨¦n dilatar el sector p¨²blico en un doble sentido. Por una parte, creando empresas cuyos fines fuesen el desarrollo regional y la generaci¨®n de empleo o que se dedicasen a sectores punta. Y. por otra, tomando las medidas, nacionalizadoras estrictamente indispensables en los sectores energ¨¦tico y financiero (limitadas a la red de distribuci¨®n de alta tensi¨®n, reestructuraci¨®n de las cajas y poco m¨¢s).

En los planos jur¨ªdico-institucional y org¨¢nico-funcional ser¨ªan necesarias tambi¨¦n importantes medidas. La primera de ellas, la promulgaci¨®n del tan esperado Estatuto de la Empresa P¨²blica, en el que deber¨ªan establecerse claramente las f¨®rmulas de dependencia de la Administraci¨®n (contratos-programa, vinculaci¨®n a los ministerios del Gobiemo nacional o, en su caso, de las comunidades aut¨®nomas, etc¨¦tera). La segunda, y, en lo posible simult¨¢nea con la primera, reestructuraci¨®n y reorganizaci¨®n de las actuales empresas p¨²blicas.