Inflaci¨®n y salarios

Pero la pregunta que se hacen los empresarios al conocer el fracaso de las previsiones inflacionistas del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) -pacto a tres bandas entre Gobierno, patronal y sindicatos- es de d¨®nde van a obtener los recursos para hacer frente a esa obligaci¨®n de pago.La pregunta podr¨ªa ser considerada absurda si no se diesen ciertos supuestos que colocan a quienes hayan de hacer efectivas las diferencias salariales ante una disyuntiva tr¨¢gica, como es la de elegir entre el cumplimiento del pacto y la descapitalizaci¨®n, grave de la empresa, o exponer la imposibilidad de cumplir lo que acord¨® confiando en la buena voluntad y buen hacer de las dem¨¢s partes y seguir manteniendo la f¨¢brica, el comercio o el negocio en su dif¨ªcil posici¨®n econ¨®mica actual, es decir, capear el temporal y mantener el empleo presente a toda costa, que fue, es y debe seguir siendo el objetivo fundamental de las partes fIrmantes del ANE.

FaLlo espectacular de las previsiones

Pero antes de contestar a aquella pregunta, conviene destacar cinco hechos fundamentales que han influido decisivamente en el fallo espectacular de las previsiones del Acuerdo:

Primero. El Gobierno inici¨® la ruptura del pacto presentando a la aprobaci¨®n de las Cortes un Presupuesto para 1982 disparatadamente inflacionario, seg¨²n se denunci¨® en su momento.

Segundo. El Gobierno continu¨® ignorando lo pactado al facilitar un asombroso incremento del d¨¦ficit p¨²blico admisible durante el primer semestre de 1982, seg¨²n tambi¨¦n se denunci¨® en su momento.

Tercero. Las centrales sindicales denominadas mayoritarias, pero con una afiliaci¨®n real que, con el mayor de los optimismos, puede cifrarse en el 8% del colectivo total de trabajadores, desencadenaron una notable conflictividad laboral para que los empresarios asumiesen en la negociaci¨®n colectiva para 1982 -a todas luces simplificada por lo pactado en el ANE- obligaciones ins¨®litas en materia de acci¨®n sindical y de creaci¨®n de empleo, cuando la citada acci¨®n se desarrollaba ya con la amplitud prevista en el Estatuto de los Trabajadores, y cuando el ¨²nico compromiso que figuraba en el ANE en materia de empleo lo asumi¨® el Gobierno, que estaba obligado a establecer una pol¨ªtica econ¨®mica que hiciese efectivo el compromiso de mantener, al final de 1982, la misma poblaci¨®n ocupada global que la existente en el mes de junio de 1981 (el compromiso supon¨ªa la creaci¨®n de unos 350.000 nuevos puestos de trabajo entre junio de 1981 y diciembre de 1982).

Conflictividad laboral que volvi¨® a perturbar la dif¨ªcilmente enderezada situaci¨®n econ¨®mica lograda por muchas empresas al amparo del bienio de paz social propiciado por el Acuerdo-Marco Interconfederal (AMI).

Cuarto. Los acuerdos secretos del Gobierno con las denominadas centrales mayoritarias, mediante los cuales se las subvencionaba con cargo a los Presupuestos del Estado y se compromet¨ªa a restringir al m¨¢ximo posible toda la normativa sobre contrataci¨®n temporal y la que subvencionase la creaci¨®n de puestos de trabajo de car¨¢cter no fijo mediante la reducci¨®n de, las correspondientes cuotas de la Seguridad Social.

Quinto. La incomprensible actitud restrictiva de la autoridad laboral competente para autorizar los expedientes de regulaci¨®n de empleo que iniciaron empresas en evidente situaci¨®n angustiosa por razones econ¨®micas o tecnol¨®gicas, para evitar que plantillas completas quedasen solidarizadas, con la nave hundida definitivamente, mediante el cobro por todos sus trabajadores de la percepci¨®n por desempleo, que pagamos todos los espa?oles a un alt¨ªsimo precio material y moral. Hecho que, unido al de la fuerte conflictividad laboral y al acuerdo restrictivo en materia de contrataci¨®n temporal, ha paralizado multitud de iniciativas empresariales que hubieran contribuido a reducir el ingente paro actual y a aligerar la carga econ¨®mica y social que supone para la colectividad la forzosa inactividad laboral de tantas personas en condiciones de trabajar.

Honestidad indiscutible de las respuestas

Con estos antecedentes, la respuesta del 99% de las empresas, supervivientes a la pregunta con que inici¨¢bamos este comentario est¨¢ siendo de una honestidad indiscutible, tanto si se contempla la contestaci¨®n desde la perspectiva de sus econom¨ªas particulares como si se contempla desde la realidad de la econom¨ªa nacional.

Si no se poda el ¨¢rbol que con esta operaci¨®n corre el riesgo de desaparecer, si no se mueve la tierra que rodea al edificio cuando ¨¦ste amenaza con derrumbarse con la excavaci¨®n, tampoco se puede obligar al empresario a distraer fondos que necesita imperiosamente para desarrollar su normal actividad o para no quedar condenado a una muerte r¨¢pida, sobre todo teniendo en cuenta que han sido las otras partes firmantes del pacto las grandes causantes de una desastrosa situaci¨®n que no se pod¨ªa l¨®gicamente esperar si cada una de aqu¨¦llas hubiese cumplido las n¨ªtidas obligaciones que les impon¨ªa el acuerdo alcanzado.

No es justo que quienes sufrieron injustificadamente la alteraci¨®n de la paz laboral, vieron reducido su acceso al cr¨¦dito, contemplaron c¨®mo se dificultaba la necesaria flexibilizaci¨®n de sus plantillas y soportaron la met¨®dica inaplicaci¨®n de la mayor parte del programa econ¨®mico gubernamental ahora tengan que pagar tambi¨¦n el dur¨ªsimo precio de los incumplimientos y omisiones ajenos, dispongan o no del dinero necesario a tal efecto.

No es justo, adem¨¢s, que ese precio se abone sin recibir la menor contrapartida en productividad de quienes van a ser los beneficiarios de su percepci¨®n. No es justo, igualmente, que puedan perderse m¨¢s puestos de trabajo o no se creen otros nuevos empleos.

Y es injusto, por ¨²ltimo, que la desconfianza en futuros acuerdos de car¨¢cter general en materia socioecon¨®mica vuelva a ser un obst¨¢culo fundamental para armonizar intereses, deshacer equ¨ªvocos y convencer a los que no creen en el di¨¢logo, que cada vez van siendo m¨¢s, desgraciadamente, por imperativo del m¨¢s elemental principio de leg¨ªtima defensa econ¨®mica.

La inversi¨®n, consecuencia de la confianza

La inversi¨®n en las empresas es una consecuencia de la confianza en ellas del ahorrador, del que tiene dinero, porque le sobra o porque no lo gasta, y esa confianza se destruye cuando quien va a exponer su capital conoce c¨®mo la actividad del empresario est¨¢ frenada constantemente por dificultades de toda ¨ªndole que le impiden cumplir los objetivos propuestos con su actividad, dificultades que no son una parte del riesgo l¨®gico a que est¨¢ sometido todo proyecto humano de creaci¨®n de riqueza y de empleo en bien de quien lo inicia y de la comunidad, destinataria final del ¨¦xito, sino artificial invento de quienes no creen en que el hombre puede modificarlo todo, cuando pone una aut¨¦ntica voluntad de trabajo y una fe inquebrantable en el buen fin de su actividad.

Es, pues, la libertad de iniciativa, de avance y de retroceso, de modificaci¨®n de objetivos, de adaptaci¨®n al mercado a la menor reacci¨®n positiva o negativa de ¨¦ste; es la pura y simple libertad de combinar trabajo, capital y t¨¦cnica, la f¨®rmula sencilla y, a la vez, m¨¢gica que nos har¨¢ despertar de la pesadilla, que venimos padeciendo durante ya largos a?os, todo ello, naturalmente, dentro del marco jur¨ªdico claro e inconmovible exigido por un Estado de derecho en el que de la norma no se deducen posiciones absolutamente dispares para los muchos que se van arrogando la facultad de interpretarla, y en el que la justicia, sin adjetivos que la desfiguran y empobrecen, no otorga a nadie la condici¨®n de ciudadano m¨¢s favorecido, cuando todos los espa?oles, de acuerdo con la Constituci¨®n, son radicalmente iguales ante la ley y, por tanto, nadie puede ser discriminado por razones de sexo, religi¨®n, raza, etc¨¦tera, ni tampoco por su propia condici¨®n de empresario.