Dimisiones preelectorales

UNA DE LAS tareas que esperan al Consejo de Ministros es comenzar el nombramiento de sustitutos para los altos cargos de designaci¨®n pol¨ªtica que han presentado su dimisi¨®n para concurrir a los pr¨®ximos comicios. El art¨ªculo 70 de la Constituci¨®n remite a la ley electoral, que la segunda legislatura de las Cortes Generales no tuvo a bien discutir y aprobar, para determinar la ineligibilidad y la incompatibilidad de los diputados y senadores, pero se?ala que ese conjunto incluir¨¢ en todo caso a los miembros del poder judicial, a los militares profesionales y a "los altos cargos de la Administraci¨®n del Estado", con la ¨²nica excepci¨®n de los miembros del Gobierno. Dado que el real decreto de 27 de agosto que disuelve el Parlamento remite al real decreto de 18 de marzo de 1977 para la regulaci¨®n de los pr¨®ximos comicios, seguir¨¢ vigente la amplia lista de no elegibles establecida en el art¨ªculo 4 de la antigua norma. Subsecretarios, directores generales, cargos designados por decreto previa deliberaci¨®n del Consejo de Ministros, gobernadores civiles y presidentes y directores de organismos aut¨®nomos no podr¨¢n presentarse a las elecciones. Tampoco podr¨¢n hacerlo, en su circunscripci¨®n provincial, los alcaldes y presidentes de la Diputaci¨®n. Quienes aspiren a ocupar un esca?o y ocupen esos cargos tendr¨¢n que apresurarse a recuperar su virginidad ciudadana, dado que el decreto de 18 de marzo se?ala para hacerlo el plazo de ocho d¨ªas a partir de la publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado del decreto de convocatoria de las elecciones.El terremoto que ha sacudido el territorio centrista concede a la movida de estos primeros d¨ªas de septiembre algunas caracter¨ªsticas originales. Resulta l¨®gico que los escisionistas de UCD se apresuren a liberarse de unas ataduras que pudieron resultarles gratificantes en el pasado, pero que les estorban para su reacomodo pol¨ªtico en el futuro. De esta manera, el goteo de militantes y cuadros del partido del Gobierno puede ir acompa?ado de un chaparr¨®n de nuevos disidentes hasta ahora insta lados en cargos p¨²blicos y cumpliendo tareas de submarinismo. En esta perspectiva, la disoluci¨®n de las Cortes, con independencia de otras cosas, pretendi¨® probablemente obligar a poner las cartas sobre la mesa y perjudicar as¨ª la plataforma de Su¨¢rez. Ahora bien, el Gobierno, al optar por la fecha electoral del 28 de octubre, que sit¨²a la larga visita del Papa en plena campa?a, lesiona desde luego las oportunidades de Su¨¢rez, pero no las liquida, y consigue, de paso, ofrecer el aire m¨¢s bien penoso de una estrategia de corto vuelo.

Las razones que pueden explicar, en la actual coyuntura, las dimisiones de altos cargos dispuestos a presentarse a los comicios bajo unas siglas distintas a las de UCD no pueden justificar la anomal¨ªa que representa la paralizaci¨®n de la Administraci¨®n p¨²blica como consecuencia de esos forzados relevos preelectorales. La mayor¨ªa de los nuevos cargos terminar¨¢n de enterarse de las caracter¨ªsticas de su trabajo justo cuando les llegue su cese. Por otra parte, es probable, que las deslucidas expectativas del partido centrista ante los comicios frenen la hemorragia de dimisiones de hombres leales a Lavilla, dado que muchos pol¨ªticos profesionales preferir¨¢n la brevedad segura del disfrute de sus cargos hasta la formaci¨®n del nuevo Gobierno al riesgo de figurar en unas listas de candidatos que no les garantizan el esca?o. Pero si las perspectivas electorales de UCD hubieran sido m¨¢s satisfactorias, quiz¨¢ la situaci¨®n administrativa de este pa¨ªs durante los meses de septiembre y octubre hubiera devenido ca¨®tica.

Ser¨ªa conveniente que las nuevas Cortes Generales extremen el rigor en la reglamentaci¨®n de las incompatibilidades de sus miembros y no permitan que los diputados y senadores, como ha venido siendo habitual en las anteriores legislaturas, puedan hacer el doblete de su esca?o y de un alto cargo en la Administraci¨®n p¨²blica. Las tareas confiadas a los miembros de las C¨¢maras son lo suficientemente pesadas y absorbentes como para hacer indeseable la simultaneidad con otras funciones. Mientras UCD ocup¨® el Gobierno y control¨® el Parlamento, la pr¨¢ctica viciosa de premiar a diputados y senadores con cargos pol¨ªticos se convirti¨® en regla general, con perjuicio para el buen funcionamiento de las comisiones y la debida asistencia a los Plenos. Consecuencia de ese sistema de atrapar la lealtad de los parlamentarios con su incorporaci¨®n a la Administraci¨®n es, precisamente, esa marea preelectoral de dimisiones orientadas a amartillarse un futuro empleo contra el valor de cambio del esca?o. Si los sueldos de diputados y senadores son insuficientes para exigirles una dedicaci¨®n a tiempo completo, ser¨ªa preferible incrementar esas remuneraciones a que sus se?or¨ªas los completasen con el desempe?o de cargos que son, parad¨®jicamente, compatibles con el esca?o desde que lo consiguen en las urnas hasta la v¨ªspera de los comicios, pero que les hace inelegibles cuando tratan de renovarlo. La picaresca paga.