El Consejo de Ministros estudiar¨¢ en breve un decreto que zanja economicamente el 'caso Matesa'
En pr¨®ximo Consejo de Ministros, el Gobierno decidir¨¢ sobre un proyecto de decreto que autoriza a firmar una transacci¨®n a las partes afectadas por el esc¨¢ndalo Matesa para zanjar econ¨®micamente el complicado proceso jur¨ªdico que provoc¨® el asunto. Si es aprobado, el cr¨¦dito oficial recibir¨¢ cerca de 5.000 millones de pesetas. La devoluci¨®n cubre casi la mitad de lo desembolsado hasta 1969 para financiar las exportaciones de Maquinaria Textil del Norte de Espa?a (Matesa), en su mayor¨ªa destinadas a filiales de la propia empresa.
En un dictamen emitido con fecha 23 de diciembre pasado sobre el proyecto de transacci¨®n, el Consejo de Estado lo ha considerado ajustado a derecho y conveniente, tras entender que no hay obst¨¢culos para la operaci¨®n y que "el convenio recoge con claridad y transparencia el acuerdo". Este tr¨¢mite, preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo, posibilita una r¨¢pida decisi¨®n. Sin embargo, fuentes gubernamentales han informado que el tema puede demorarse algunas semanas, pues es improbable que vaya al Consejo de Ministros de hoy.Antes de pasar al dictamen, el proyecto de decreto fue redactado en el Ministerio de Hacienda a partir de los acuerdos negociados entre la Comisi¨®n Liquidadora de Cr¨¦ditos a la Exportaci¨®n, Cr¨¦dito y Cauci¨®n, SA, y el Consorcio de Compensaci¨®n de Seguros. La comisi¨®n, organismo aut¨®nomo de Hacienda, fue creada en 1971 para hacerse cargo de las deudas contraidas por Matesa con el Banco de Cr¨¦dito Industrial, que ascend¨ªan entonces a 11.100 millones de pesetas (9.800 en principal y 1.300 en intereses).
Tales cr¨¦ditos oficiales, que constitu¨ªan la principal fuente de financiaci¨®n de Matesa, eran concedidos, al 5% de inter¨¦s y a medio plazo, despu¨¦s de que la empresa de Vila Reyes presentaba respectivas p¨®lizas de seguro contra insolvencia de la sociedad exportadora o de la destinataria de los telares que produc¨ªa. La p¨®liza cubr¨ªa habitualmente entre el 80% y el 90% del cr¨¦dito (s¨®lo principal), quedando el resto a cargo de avales firmados por colaboradores de Vila Reyes; por este ¨²ltimo concepto, ya liquidado, Manuel Salvat Dalmau, de Ediciones Salvat y cu?ado de Vila Reyes, ha pagado todo lo que deb¨ªa, unos trescientos miT llones de pesetas. Cr¨¦dito y Cauci¨®n, empresa mixta entre el sector p¨²blico y las principales compa?¨ªas de seguros, reaseguraba gran parte de las p¨®lizas en el Consorcio de Compensaci¨®n de Seguros, organismo aut¨®nomo del Ministerio de Hacienda, en el que participa tambi¨¦n el sector asegurador.
Recuperar el dinero p¨²blico
Tras estallar el esc¨¢ndalo Matesa en el verano de 1969 y producirse el embargo que motiv¨® la intervenci¨®n judicial a que est¨¢ sometida desde entonces la empresa, la comisi¨®n encargada de recuperar el dinero del Banco de Cr¨¦dito Industrial lo reclam¨® a los avalistas y., sobre todo, a Cr¨¦dito y Cauci¨®n, SA. Pero esta entidad mantuvo el criterio de que, como las operaciones de exportaci¨®n eran ficticias, por destinarse los telares en su mayor parte a empresas creadas en el extranjero por Vila Reyes y colaboradores, las p¨®lizas de seguro de cr¨¦dito eran nulas. El argumento ha sido desestimado desde 1977 en seis sentencias del Tribunal Supremo, que han obligado a Cr¨¦dito y Cauci¨®n, al reconocer la autonom¨ªa de las p¨®lizas, a pagar a la comisi¨®n 1.400 millones de pesetas en principal y quinientos millones en intereses legales por demora (4%).Aun as¨ª, la comisi¨®n liquidadora, que recibi¨® la subrogaci¨®n de los cr¨¦ditos oficiales, ha reunido un saldo contra Matesa de 17.000 millones de pesetas, a?adiendo a los 11. 100 de deuda inicial los intereses anuales. La mitad de los cr¨¦ditos era de prefinanciaci¨®n (para construir maquinaria exportable previo pedido en firme), y el resto, para exportar material ya fabricado. Como para recuperar este segundo hab¨ªa que probar la insolvencia del comprador, y ello resulta diricil en el extranjero (M¨¦xico y Per¨², por ejemplo, tienen reconocidos a los trabajadores derechos que obstaculizan la liquidaci¨®n de empresas), pr¨¢cticamente todos los pleitos puestos por la comisi¨®n se refieren a las operaciones de prefinanci aci¨®n. Es el caso de las seis sentencias del Tribunal Supremo y de la veintena de pleitos pendientes contra Cr¨¦dito y Cauci¨®n, SA.
Ahora, con el acuerdo transaccional entre afectados, Cr¨¦dito y Cauci¨®n reconoce el pago de todas las restantes cantidades reclamadas por pr¨¦stamos de financiaci¨®n (4.170 millones de pesetas), m¨¢s otros mil millones en intereses legales por demora. Asimismo, el Consorcio de Compensaci¨®n de Seguros pagar¨¢ a la anterior la parte del reaseguro. A cambio de la subrogaci¨®n que har¨¢n ambas entidades de seguros en sus demandas frente a terceros, la comisi¨®n liquidadora, que pasar¨¢ el dinero al cr¨¦dito oficial para cerrar cerca de la mitad de la cuenta inicial, cede 1.300 millones de lo que le corresponder¨ªa.
La comisi¨®n se reserva sus derechos contra extranjeros por los cr¨¦ditos de posfinanciaci¨®n y sobre la responsabilidad subsidiaria que pueda corresponder a Matesa con el embargo. Pero la recuperaci¨®n de los primeros presenta grandes dificultades, y parece que Matesa poco puede dar de s¨ª, a juzgar por el n¨²mero de subastas de la empresa que han quedado desiertas, incluso en las que no se fijaba precio de partida.
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