El Gobierno rebaja el techo del planteamiento sobre el aborto mantenido por el PSOE frente a UCD en la anterior legislatura

La despenalizaci¨®n de algunas formas de aborto voluntario que prepara el Gobierno no se ajusta a los planteamientos m¨¢ximos realizados por los socialistas respecto al proyecto de C¨®digo Penal presentado en 1979 por el Gobierno de UCD. El PSOE pidi¨® entonces la despenalizaci¨®n del aborto voluntario durante las doce primeras semanas de embarazo, mientras que ahora se ha replegado a la posici¨®n de otras de sus enmiendas, en favor de la despenalizaci¨®n del aborto terap¨¦utico y en los casos de embarazo por violaci¨®n o peligro de taras en el feto.Frente al proyecto gubernamental, que rebajaba las penas manteniendo todos los tipos de aborto preexistentes, los socialistas propusieron la siguiente enmienda: "Estar¨¢n exentos de pena el m¨¦dico que provocare un aborto durante las doce primeras semanas del embarazo y la mujer que consistiere en la intervenci¨®n". En la motivaci¨®n de la enmienda se invocaba la congruencia con el derecho penal propio de los pa¨ªses democr¨¢ticos de la Europa occidental y el derecho a la libre disposici¨®n del propio cuerpo, "inalienable de todo hombre y mujer". Los socialistas a?ad¨ªan que, dentro de los tres primeros meses de embarazo, "no se puede hablar en sentido propio de vida humana del feto".

Otros grupos de oposici¨®n mantuvieron en la anterior legislatura posiciones m¨¢s exigentes, que naturalmente no han sido recogidas por el proyecto gubernamental. Los andalucistas pidieron la despenalizaci¨®n total del aborto voluntario, hasta tanto se alcanzaran soluciones m¨¢s razonables que las meramente represivas. Los comunistas aceptaron la tipificaci¨®n de este delito, pero s¨®lo para quienes practicaran el aborto fuera del plazo y de las condiciones establecidas en una ley sobre interrupci¨®n voluntaria del embarazo. M¨¢s tarde, ante la falta de iniciativa gubernamental, los comunistas presentaron una proposici¨®n de ley reguladora de este supuesto. La disoluci¨®n de las C¨¢maras impidi¨® su tramitaci¨®n.

El grupo de Fraga propuso elevar las penas

El proyecto centrista rebajaba, en general, las penas correspondientes a los distintos tipos de aborto y, concretamente, sustitu¨ªa la pena de seis meses y un d¨ªa a seis a?os vigente para el aborto voluntario por otra de seis meses a tres a?os, tanto para quien lo practicara como para la mujer que lo consintiera o se lo produjera a s¨ª mismo. Los grupos de la izquierda plantearon la supresi¨®n del delito de aborto cuando se practique en las doce primeras semanas y propusieron reducir el l¨ªmite m¨¢ximo de las penas a dos a?os.

En contraste con esta posici¨®n, Coalici¨®n Democr¨¢tica (CD), el grupo de Manuel Fraga -que contaba entonces con nueve diputados- s¨®lo enmend¨® el prop¨®sito centrista de suavizar las penas. CD pidi¨® que se sustituyeran las penas de tres a seis a?os por las de seis a doce a?os; las de seis a ocho a?os por las de diez a doce a?os, y las de seis meses a tres a?os -previstas, entre otros autores del delito, para la embarazada que consintiera o se produjera el aborto- por otras de cuatro a diez a?os de c¨¢rcel. Entre otras justificaciones para esta elevaci¨®n de las penas, CD aleg¨® que "la gravedad de los actos abortivos exige una sanci¨®n adecuada que pueda actuar como medio de disuasi¨®n y ejemplaridad", y asegur¨® que "la ilicitud no debe graduarse en funci¨®n de circunstancias subjetivas". La posici¨®n de las minor¨ªas nacionalistas vasca y catalana implicaba soluciones an¨¢logas a las que proyecta adoptar ahora el Gobierno.