El fiscal solicita 30 a?os de prisi¨®n para los dos 'ultras' juzgados por el atentado con explosivo contra EL PAIS

Ayer se celebr¨® en la Audiencia Nacional el juicio oral contra los dos militantes de extrema derecha Ramiro, Rodr¨ªguez Borlado y Rafael G¨®mez Alvarez, acusados de haber perpetrado el atentado contra EL PAIS en octubre de 1978 y en el que falleci¨® el conserje Andr¨¦s Fraguas. El ministerio fiscal solicit¨® treinta a?os de prisi¨®n para cada uno de los acusados, mientras la defensa reclam¨® la libre absoluci¨®n. Los dos procesados negaron estar implicados en el hecho y aseguraron adem¨¢s que eran apol¨ªticos y que no han militado en ning¨²n grupo ni partido. A?adieron que durante su detenci¨®n fueron torturados y amenazados.

Ramiro Rodriguez-Borlado y Rafael G¨®mez Alvarez, en sus declaraciones, negaron sistem¨¢ticamente su participaci¨®n en el atentado a EL PAIS, y continuaron trenzando aquella defensa que empezaron a esgrimir en agosto de 1981, cuando, tras notificarles el auto de procesamiento, se les tom¨® la declaraci¨®n indagatoria, y desmintieron todo lo que anteriormente hab¨ªan confesado. Coincidieron los dos procesados en asegurar que hab¨ªan sido sometidos a malos tratos durante el tiempo en que permanecieron detenidos en la polic¨ªa y en el juzgado de guardia.Rodriguez-Borlado se mostr¨® m¨¢s locuaz al referirse a los malos tratos y a las presuntas torturas. Habl¨® que durante la detenci¨®n se le coloc¨® un casco en la cabeza y se le golpe¨® con un bate de beisbol. Ten¨ªa p¨¢nico y terror explic¨® el acusado refiri¨¦ndose a las supuestas amenazas vertidas por uno de los polic¨ªas, "el mismo que fue procesado por la muerte del etarra Arregui".

"Hab¨ªa perdido el cerebro. Estaba descerebrado".

El interrogatorio a los dos acusados, que dur¨® escasamente tres cuartos de hora, sirvi¨® sustancialmente para explicar dos cosas. Primero como fueron detenidos casualmente, despu¨¦s de un altercado callejero en el que dispararon sobre un automovilista. Sirvi¨® tambi¨¦n para que quedara en la sala dibujado un perfil terrorista y organizado de los implicados, a pesar de sus continuas respuestas evasivas, que fueron apostilladas con una pincelada de iron¨ªa por el fiscal.

"As¨ª que llevaban ustedes una vida morigerada y honrada, trabajaban y eso. ?Verdad?"

Se puso tambi¨¦n al descubierto con este interrogatorio el terror que se puede esconder dentro de los objetos de uso cotidiano y que fueron localizados por la polic¨ªa en los registros domiciliarios; fulminantes escondidos dentro de rotuladores, pistolas en ollas, cartuchos en un televisor o ese aparato de control de aereomodolismo, susceptible de utilizarse como detonador a distancia.

En pleno coraz¨®n del juicio oral hubo un relato espeluznante y conciso, que dur¨® a penas tres minutos y que realiz¨® Francisco Javier Baviano, director gerente de la empresa editora de EL PAIS. Baviano habl¨® de una explosi¨®n terrible, que son¨® junto al despacho donde estaba reunido aquella ma?ana.

"Fui hasta la puerta y vi salir corriendo a Carlos Barranco, lleno de sangre. Luego consegu¨ª abrir la puerta y as¨ª pudo salir Juan Antonio Sampedro. Le faltaban las manos y ten¨ªa las tripas fuera. Dec¨ªa que hici¨¦ramos algo. Mand¨¦ llamar a una ambulancia. Cuando estaba en el servicio m¨¦dico con Sampedro, alguien me dijo que all¨ª quedaba algo. Entr¨¦ y v¨ª en el suelo a Andr¨¦s Fraguas, sin mandibula, con los pulmones perforados por la metralla".

Hay algo que es irreproducible y son esos segundos de silencio con los que se recogi¨® la declaraci¨®n de Francisco Javier Baviano, y que traslad¨® a todos los reunidos a la ma?ana del 30 de octubre de 1978, a la tercera planta del edificio de EL PAIS. A las declaraciones de Baviano les sigui¨® las de Carlos Barranco, el empleado que salv¨® la vida, la de Juli¨¢n Garc¨ªa Candau, el redactor jefe al que iba dirigido el paquete bomba y la de Eugenio Fraguas Fernandez, el hermano del conserje fallecido.

En opini¨®n del ministerio Fiscal los hechos relatados son constitutivos de un delito de terrorismo, con los resultados de muerte, da?os y lesiones, y por los que procede imponer a los acusados 30 a?os de prisi¨®n. Al tiempo que reclama una indemnizaci¨®n total de 19 millones de pesetas para los afectados y 248.972 pesetas para la empresa editora de EL PAIS, pro los da?os producidos en el edificio. El fiscal recalc¨® el papel de los atestados policiales y su validez cuando se ratifican ante el juzgado. Hizo tambi¨¦n un apasionado ataque a esos individuos que se mueven impulsados "por una tara ps¨ªquica" o "por criterios relacionados con una ideologia".Para el abogado querellante, Diego C¨®rdoba, los hechos son constitutivos de cuatro delitos de terrorismo, por los que se deben imponer un total de 110 a?os de prisi¨®n para cada uno de los procesados. Pidi¨® Diego Cordoba una indemnizaci¨®n total de cuarenta millones de pesetas. Recalc¨® el letrado la confesi¨®n pormenorizada de los implicados, y record¨® el careo al que fueron sometidos los dos implicados en el juzgado y en el transcurso del cual ratificaron ser los responsables del paquete bomba. Habl¨® de la premeditaci¨®n y de la alevos¨ªa que permiti¨® a los inculpados asesinar sin tener que ver el rostro de estupor de las v¨ªctimas, o sin tener necesidad de mancharse de sangre.

Los letrados defensores Jos¨¦ Luis Sanz Arribas y Antonio Mu?oz Perea -este ¨²ltimo defensor del capit¨¢n Pascual G¨¢lvez en el proceso del 23-F reclamaron la libre absoluci¨®n, negando la autoria de los procesados. El juicio finaliz¨® a las dos del mediod¨ªa. Mientras el p¨²blico vaciaba la sala, una mujer de luto, continuaba ensimismada sentada en un banco. Era la madre de un joven, muerto a tiros, en plena eufor¨ªa terrorista. Hab¨ªa acudido a la sala para conocer a los presuntos asesinos de su hijo.