La oposici¨®n intenta bloquear la nueva ley de Elecciones Locales
Los grupos parlamentarios Popular y Minor¨ªa Catalana presentaron ayer recurso previo de inconstitucionalidad contra la ley que modifica la legislaci¨®n de elecciones locales, aprobada el pasado martes y publicada ayer mismo en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, sin aguardar a los tres d¨ªas de plazo establecido para la presentaci¨®n de recurso previo contra cualquier ley. Esta t¨¦cnica supone la suspensi¨®n de los proyectos recurridos, pero la r¨¢pida promulgaci¨®n de la mencionada ley plantea la duda sobre si el recurso bloquea o no la norma ya publicada. De ello depende que el Gobierno convoque elecciones con la nueva legislaci¨®n -a lo que se oponen los recurrentes- o con la antigua.
FERNANDO JAUREGUI La actuaci¨®n conjunta de los grupos parlamentarios popular y Minor¨ªa Catalana, presentando recurso previo de inconstitucionalidad contra la nueva ley sobre elecciones locales, coloc¨® ayer en un callej¨®n sin salida al Gobierno, que podr¨ªa verse obligado a convocar las elecciones por la normativa anterior o incluso aplazarlas durante algunos meses. Adem¨¢s, en el primer supuesto y contando con que el Ejecutivo pretende -como se ha rumoreado- que estas elecciones tengan lugar el pr¨®ximo d¨ªa 8 de mayo, la convocatoria deber¨ªa hacerse hoy mismo, en virtud del respeto a los plazos legales.
En un movimiento que supuso una aut¨¦ntica sorpresa para los responsables del Grupo Parlamentario Socialista, cincuenta diputados de los grupos popular y Minor¨ªa Catalana, encabezados por Ruiz Gallard¨®n y Trias de B¨¦s, presentaron ayer al pleno del Tribunal Constitucional un recurso previo de inconstitucionalidad contra la normativa sobre elecciones locales, publicada ayer en el Bolet¨ªn Oficial del Estado.
Adem¨¢s, y dado que la publicaci¨®n en la Gaceta de Madrid se hizo sin haber respetado el plazo de tres d¨ªas para recurrir, que venc¨ªa hoy, los representantes de los grupos popular y Minor¨ªa Catalana enviaron un requerimiento notarial al presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, solicit¨¢ndole que no convoque las elecciones municipales de acuerdo con la nueva normativa, sino atendiendo a la anterior legislaci¨®n. El requerimiento enviado a Gonz¨¢lez se basa en el hecho de que los recursos previos de inconstitucionalidad paralizan la tramitaci¨®n y los plazos de las leyes recurridas, hasta que el Tribunal Constitucional dictamine; as¨ª lo decide el art¨ªculo 79 de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional.
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El Grupo Popular y la Minor¨ªa Canaria recurren contra el nuevo sistema de elecci¨®n de las diputaciones provinciales
Viene de la primera p¨¢ginaLa consecuencia inmediata de este recurso podr¨ªa ser que el Gobierno, en vista de la paralizaci¨®n autom¨¢tica que sufren la tramitaci¨®n y los plazos de la nueva normativa, no podr¨¢ adecuar las elecciones locales al texto que result¨® aprobado el pasado d¨ªa 2 en el Congreso, y tendr¨¢ que regirse por la normativa anteriormente vigente, de 1978. Entre otras cosas, ello supondr¨¢ una modificaci¨®n en los plazos, ya que la legislaci¨®n anterior exige que transcurran al menos 65 d¨ªas entre la convocatoria de elecciones locales y la celebraci¨®n de las mismas, mientras que el texto que ayer apareci¨® en el BOE prev¨¦ tan s¨®lo 55 d¨ªas.
Por tanto, si el Gobierno pretende, como se ha venido comentando reiteradamente, celebrar las elecciones municipales y auton¨®micas el pr¨®ximo d¨ªa 8 de mayo, la convocatoria deber¨ªa realizarse hoy mismo, y no en el pr¨®ximo Consejo de Ministros, como parec¨ªa ser el prop¨®sito del Gabinete. Todo ello, naturalmente, supuesto que en las pr¨®ximas horas no se encuentre una v¨ªa jur¨ªdica de escape para sortear el recurso.
Otra posibilidad ser¨ªa que el Gobierno decidiese aguardar la decisi¨®n del Tribunal Constitucional -que podr¨ªa demorarse meses-, en vista de que la vieja normativa electoral local ha quedado derogada de hecho tras votaciones mayoritarias en el Congreso y el Senado. Esto posibilidad supondr¨ªa un notable retraso en la celebraci¨®n de las elecciones locales y regionales, incluso hasta despu¨¦s del verano.
El recurso presentado ayer se dirige contra la totalidad de la ley electoral local, aprobada el pasado d¨ªa 2, y especialmente contra los art¨ªculos 5, 6 y 7 de la misma, por entenderse que vulneran el art¨ªculo 141 de la Constituci¨®n, que define a la provincia como "agrupaci¨®n de municipios". Los recurrentes, el Grupo Popular y Minor¨ªa Catalana, ent ienden que los tres art¨ªculos antes citados, referentes al procedimiento de elecci¨®n de diputados regionales, no respetan la naturaleza jur¨ªdico-constitucional de las diputaciones.
El Grupo Popular y la Minor¨ªa Catalana piensan que la elecci¨®n de diputados regionales debe hacerse atendiendo al n¨²mero de rnunicipios de la provincia, y no al n¨²mero de habitantes de cada municipia. En el texto presentaido ayer al Tribunal Constitucioirial, se pide que ¨¦ste ordene la :suspensi¨®n autom¨¢tica de la tra:mitaci¨®n del texto aparecido en el BOE.
Las primeras reacciones de los medios parlamentarios socialistas fueron de gran sorpresa. Estos medios insistieron en que "no se ve la incon stitucion afl dad de los art¨ªculos recurridos por ninguna parte. El recurso no est¨¢ fundado y se trata tan solo de torpedear la entrada en vigor de la ley, metiendo un gol al Gobierno", seg¨²n declaraciones de un. diputado socialista que no quiso identificarse, alegando que a¨²n no conoc¨ªa en profundidad el tema. Sin embargo, agreg¨® que, con este precedente, y fund¨¢ndose en las posibilidades abiertas por el art¨ªculo 79 de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional, "se puede iniciar una peligrosa v¨ªa de paralizaci¨®n legislativa", dado que, habitualmente, el Tribunal demora meses sus tr¨¢mites.
El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Javier S¨¢enz Cosculluela, quien dijo desconocer los pasos que finalmente decidir¨¢ el Gobierno en relaci¨®n con este asunto, lleg¨® a calificar de "filibusterismo parlamentario" el paso dado por el Grupo Popular. Opin¨®, a t¨ªtulo estrictamente privado, que ser¨ªa peligroso convocar las elecciones de acuerdo con la vieja legislaci¨®n, arriesg¨¢ndose a que, entre tanto, el Tribunal Constitucional declarase v¨¢lida la normativa nueva y, por tanto, alguien pudiese impugnar unas elecciones celebradas de acuerdo con un texto derogado en la pr¨¢ctica.
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