El Gobierno permitir¨¢ a las empresas el pago fraccionado y aplazado de los 800.000 millones que deben a la Seguridad Social

El Gobierno est¨¢ dispuesto a apoyar a los empresarios espa?oles para que se pongan al d¨ªa en sus pagos a la Seguridad Social sin provocarles grandes quebrantos de tesorer¨ªa, aplazando y fraccionando una deuda que en la actualidad puede superar ampliamente los 800.000 millones de pesetas. El decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que con toda probabilidad ser¨¢ aprobado por el pr¨®ximo Consejo de Ministros, supone -dada la cuant¨ªa e inter¨¦s de la cantidad aplazada y el precio actual del dinero- una de las m¨¢s generosas ayudas brindadas por la Administraci¨®n al empresariado en los ¨²ltimos a?os y, por tanto, tendr¨¢ un car¨¢cter excepcional e irrepetible.

El pre¨¢mbulo del decreto, a cuyo texto ha tenido acceso este diario, especifica claramente los objetivos pretendidos por el Gobierno con esta disposici¨®n: "La prolongada crisis econ¨®mica que incide sobre la econom¨ªa espa?ola ha producido, entre otros efectos, un retraso importante en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y de las de Desempleo, Fondo de Garant¨ªa Salarial y Formaci¨®n Profesional. Para facilitar a las empresas incursas en mora que puedan ponerse al corriente en sus deudas con la Seguridad Social y con objeto de lograr una mayor transparencia en los costes de las empresas, se considera conveniente instrumentar un sistema que autorice a aquellas a regularizar sus descubiertos con la Seguridad Social y que evite o aten¨²e las consecuencias de los procedimientos de apremio".La generosidad de esta medida, seg¨²n fuentes socialistas, contrasta y demuestra lo injusto de las campa?as que se han realizado en contra del Gobierno acus¨¢ndolo de perseguir a los empresarios". En Barcelona no se ha procesado y encarcelado a empresarios por retraso en el ingreso de cuotas de la Seguridad Social, sino a ciudadanos que presuntamente han falseado declaraciones en connivencia con funcionarios p¨²blicos para defraudar al Estado y han cometido delitos de cohecho. No es el Gobierno quien dilucida estos temas, sino la Justicia. "Lo que no quiere decir que no haya empresarios en Barcelona que est¨¦n pagando las diferencias que deb¨ªan hasta el momento".

No obstante, el Gobierno es consciente de que una medida como la contenida en este decreto, y as¨ª lo dice en el pre¨¢mbulo del mismo, tiene que ser forzosamente excepcional y no puede amparar conductas delictivas: Esta disposici¨®n "tiene por su propia naturaleza un car¨¢cter excepcional, a trav¨¦s del cual el Gobierno pretende exclusivamente restablecer un adecuado equilibrio en materia de cumplimiento de las obligaciones de cotizaci¨®n a la Seguridad Social por parte de los empresarios y dem¨¢s sujetos responsables, para imponer una mayor disciplina recaudatoria en lo sucesivo".

Tres a?os a un 8% de inter¨¦s

El inminente decreto contempla el supuesto de las cuotas devengadas hasta el 31 de diciembre de 1982 y no satisfechas en los respectivos per¨ªodos reglamentarios de ingreso. La soluci¨®n arbitrada por el Gobierno facilita a los empresarios un plazo hasta el 31 de mayo para que reconozcan voluntariamente su d¨¦bito hacia la Seguridad Social y asuman el compromiso de atender regularmente las cuotas que se devenguen de futuro, a cambio de lo cual "podr¨¢n aplazar su deuda mediante el ingreso de la misma en un per¨ªodo igual al triple de las mensualidades debidas, con un tope m¨¢ximo de 36 plazos, con carencia, adem¨¢s, sobre aquellos espec¨ªficos en que coincida una paga extraordinaria a satisfacer a los trabajadores". Como recargo de mora y aplazamiento de deuda se aplicar¨¢ el inter¨¦s b¨¢sico del Banco de Espa?a (un 8%), que es menos de la mitad del precio actual del dinero en el sistema crediticio.Aquellos empresarios y dem¨¢s sujetos responsables del pago que se acojan a este decreto "ser¨¢n considerados al corriente en sus obligaciones respecto a la Seguridad Social, sin perjuicio de la subsistencia, en su caso, de la responsabilidad penal en que hubiera podido incurrirse". Es decir, que si un trabajador denuncia a su empresa por apropiaci¨®n de sus cuotas a la Seguridad Social es un tema de jueces y no de Gobierno.

Asimismo, el decreto, "y ante la posibilidad de que" los empresarios que se acojan al mismo "se encuentren sujetos a un procedimiento de apremio por d¨¦bitos a la Seguridad Social, se prev¨¦ la suspensi¨®n de dicho procedimiento.

A cerca de 800.000 millones de pesetas ascend¨ªa la deuda de empresarios a la Seguridad Social, a finales de 1982, entre requerimientos, actas de liquidaci¨®n y certificados de descubierto. Esta cifra supone un incremento de la citada deuda, a lo largo de 1982, cercano a los 300.000 millones de pesetas.

Sin embargo, el problema fundamental de las deudas a la Seguridad Social, reconocen fuentes de la Administraci¨®n, no radica tanto en su cuant¨ªa, como en la especial articulaci¨®n vigente para proceder a su cobro. Debe tenerse en cuenta que, una vez expedidas las certificaciones de descubierto por el impago de las cuotas a la Seguridad Social, el expediente pasa a la Magistratura de Trabajo. En esa instancia, debido a la sobresaturaci¨®n de trabajo y a la escasez de medios materiales y humanos, no se consigue la agilidad deseada.

De ah¨ª la concreci¨®n de un concierto entre los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Econom¨ªa y Hacienda, por el que se establecer¨¢ que el cobro de las deudas en ejecutiva a la Seguridad Social se realizar¨¢ tambi¨¦n por los ¨®rganos recaudatorios del Ministerio de Hacienda.