La transferencia de 'La Almoraima' al Patrimonio causa satisfacci¨®n en C¨¢diz

La decisi¨®n del Consejo de Ministros de afectar definitivamente al Patrimonio del Estado la finca La Almoraima, uno de los mayores latifundios del continente europeo, incautado junto a las dem¨¢s propiedades de Rumasa, ha causado satisfacci¨®n en los municipios gaditanos en cuyos t¨¦rminos municipales se ubica Y cierta esperanza en la Junta de Andaluc¨ªa sobre su futura integraci¨®n dentro del patrimonio colectivo agrario de la regi¨®n.Nada m¨¢s producirse la expropiaci¨®n de los bienes de Rumasa, el consejero de Agricultura del Gobierno andaluz, Miguel Manaute, tuvo intenci¨®n de dirigirse al Gobierno central solicitado el traspaso de la gran finca, con 16.000 hect¨¢reas de extensi¨®n, a la Junta. No obstante, razones de presencia pol¨ªtica y econ¨®mica hicieron que el Consejo de Gobierno que preside Rafael Escuredo se limitase a pedir informaci¨®n sobre las propiedades incautadas al holding en territorio andaluz y expresar su deseo de ser consultado sobre el futuro de cada uno de estos bienes requisados.

Esta decisi¨®n fue considerada t¨ªmida en su momento por diversos sectores sociales y pol¨ªticos. Tanto los Ayuntamientos de Castellar de la Frontera y Jimena, donde est¨¢ La AImoraima, como la Diputaci¨®n de C¨¢diz hab¨ªan mostrado su preocupaci¨®n porque el latifundio no volviese a manos privadas y su disposici¨®n favorable a participar en su gesti¨®n. Por su parte, PCE y PSA presentaron sendas iniciativas en el Parlamento aut¨®nomo en demanda de la apropiaci¨®n colectiva de todas las fincas andaluzas de Rumasa.

Precisamente el acuerdo del Consejo de Ministros coincidi¨® con el encierro que manten¨ªan en la provincia de C¨¢diz grupos de afiliados al Sindicato de Obreros del Campo, que reivindicaban, entre otras medidas, la no reprivatizaci¨®n de La Almoraima.

Manaute, tras expresar su sorpresa por la medida gubernamental, de la que se enter¨® por los periodistas, explic¨® que la expropiaci¨®n definitiva abre m¨¢s posibilidades de intervenci¨®n al Gobierno andaluz, ya que la finca quedar¨¢ bajo la administraci¨®n del Instituto para la Conservaci¨®n de la Naturaleza (Icona), y la Junta viene pidiendo, en negociaciones con el Gobierno central, que se le traspasen todas las competencias del citado organismo, y las del Iryda.