La concesi¨®n del derecho de asilo depender¨¢ de los informes que elabore el Ministerio del Interior

El proyecto de ley de asilo que el Gobierno acord¨® remitir a las Cortes el pasado 20 de abril modifica notablemente el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia que hab¨ªa suscitado grandes expectativas entre los casi 50.000 refugiados existentes en Espa?a. Entre otros cambios, en lugar del Servicio para la Protecci¨®n de los Asilados (SEPRA) que se preve¨ªa crear, la competencia en materia de asilo se atribuye al Gobierno, "a propuesta del Ministerio del Interior", hecho este ¨²ltimo que preocupa profundamente tanto a los futuros beneficiarlos de la ley como a organizaciones humanitarias.

El borrador elaborado por Justicia -del que EL PA?S ofreci¨® un amplio resumen el pasado 23 de marzo- ha sufrido grandes cambios, por lo general a peor, seg¨²n fuentes de la Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos (APDH) y seciores del Grupo Parlamentario Socialista, que no reconocen en el proyecto de ley definitivo la proposici¨®n presentada por dicho grupo durante la anterior legislatura, y en la que se hab¨ªa fimdamentado el anteproyecto.Una de las previsiones procedentes de la proposici¨®n de ley socialista era la creaci¨®n del SEPRA, organismo aut¨®nomo ¨¢l que corresponder¨ªa "el conocimiento y decisi¨®n sobre las solicitudes de asilo, as¨ª como las dem¨¢s competencias relativas a la situaci¨®n jur¨ªdica de los asilados en Espa?a". El SEPRA quedar¨ªa adscrito al Ministerio de la Presidencia y su consejo rector estar¨ªa integrado por el presidente y dos vocales designados por cada uno de los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior, Educaci¨®n, Trabajo y Seguridad Social y Sanidad y Consumo.

El Gobierno desisti¨® de la creaci¨®n de este organismo aut¨®nomo, que hab¨ªa suscitado grandes esperanzas entre los refugiados, ya que era previsible una agilizaci¨®n de los tr¨¢mites de la concesi¨®n de asilo, residenciados hasta ahora en el Ministerio de Interior, que ha venido utilizando criterios policiales y retrasando los expedientes durante seis u ocho meses, por lo que han proliferado las cr¨ªticas contra la falta de adecuac¨ª¨®n gubernativa a los principios de la Constituci¨®n. Concretamente, entre las conclusiones de las jornadas celebradas en Madrid por la CEAR en enero ¨²ltimo sobre loz derechos humanos del refugiado figuraba una censura al "excesivo margen de discrecionalidad" de que goza la autoridad gubernativa, que no garantiza la situaci¨®n de los rcfugiados ni el ejercicio por ellos de sus derechos humanos.

En la reuni¨®n del Consejo de Ministros del pasado 20 de abril se someti¨® a estudio un nuevo proyecto de texto legal en el que las competencias en materia de asilo quedaban atribuidas al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, departamento que conservar¨ªa las m¨¢ximas atribuciones en cuanto a la admisi¨®n a tr¨¢mite de las solicitudes de asilo y en cuyo seno se crear¨ªa una comisi¨®n consultiva que informar¨ªa dichas solicitudes.

Barrionuevo reclama 'lo bonito'

El ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, se opuso a esta propuesta y reclam¨® para su departamento las competencias en materia de asilo. El argumento empleado fue el de que "ya est¨¢ bien que Justicia se encargue de lo bonito y para nosotros s¨®lo quede lo feo".El Gobierno acept¨® la tesis de Barrionuevo, con lo que se ha producido gran alarma entre los, futuros beneficiarios de la ley. La APDH ha mostrado su "profunda preocupaci¨®n" por esta modificaci¨®n. Entre otros razonamientos, considera que, "dada la especial situaci¨®n y condici¨®n de las personas que llegan a nuestro pa¨ªs huyendo de sus pa¨ªses de origen, no es el Ministerio de Interior el m¨¢s id¨®neo para ser competente en la preparaci¨®n y elaboraci¨®n de la propuesta de resoluci¨®n que corresponda". La APDH estima preferible un organismo con infraestructura suficiente -del estilo del nonnato SEPRA- y especialmente cualificado, como ocurre en la mayor parte de los pa¨ªses de Europa occidental, y no un departamento como el de Interior, en donde "el pundonor profesional de los funcionarios del Cuerpo Superior de Polic¨ªa ha hecho que, en muchas ocasiones, se hayan aplicado criterios excesivamente policiales a personas o situaciones que exigir¨ªan una distinta ¨®ptica".

Otra modificaci¨®n afecta a la generosidad de la ley de Asilo, que queda muy recortada, ya que se ha eliminado la posibilidad de concederlo a quienes hubieran cometido en sus pa¨ªses de origen delitos pol¨ªticos o conexos que, aun si¨¦ndolo en Espa?a, se hubieran cometido "con la finalidad de lograr el, establecimiento de los derechos y libertades reconocidos en nuestro ordenamiento o de luchar contra el colonialismo, el racismo y sistemas no democr¨¢ticos de organizaci¨®n de la convivencia".

Restricci¨®n

A este recorte hay que a?adir que en el texto definitivo acordado por el Gobierno se establece que no podr¨¢ otorgarse asilo a quien, "con anterioridad a la concesi¨®n del mismo, hubiere cometido un grave delito com¨²n". Esta restricci¨®n afectar¨ªa a aquellos refugiados que, en la lucha mantenida en sus pa¨ªses de origen para el restablecimiento de las libertades o para escapar de la persecuci¨®n de que eran objeto, hubieran cometido delitos, que, en otras circunstancias, ser¨ªan calificables de "grave delito com¨²n".La APDH emiti¨® el pasado d¨ªa 5 de mayo un comunicado en el que critica duramente algunos de estos aspectos del proyecto de ley y concretamente "los t¨¦rminos ampl¨ªsimos y discrecionales con que se establecen las causas de no concesi¨®n del asilo", la no definici¨®n clara de los derechos del exiliado y el hechode que "no resuelve la situaci¨®n de absoluta inseguridad de los miles de exiliados latinoamericanos y de otras latitudes que actualmente se encuentran en Espa?a".