La autonom¨ªa de Madrid, de la necesidad a la virtud

El d¨ªa 16 de junio de 1983 quedaron constituidos todos los ¨®rganos que componen la Comunidad de Madrid, a la vez que desaparec¨ªa la Diputaci¨®n. Este hecho no ha dejado de provocar una cierta perplejidad entre los propios madrileflos, los altos cargos del Estado y los representantes pol¨ªticos de otras comunidades. Algunos hablan de Madrid como autonom¨ªa artificial; otros dudan de su necesidad; en fin, hay quien opina que la comunidad madrile?a, que generaliza el proceso auton¨®mico, por generalizarlo vac¨ªa de contenido a las autonom¨ªas con solera.Abrir una discusi¨®n sobre lo artificial, por contraposici¨®n a lo natural, en el terreno de lo humano, sena ocioso, pues en los comportamientos de los hombres todo es historia o, si se quiere, cultura; por tanto, nada de natural hay en ello y tan artificial es la primera guerra c¨ªrlista como la ¨²ltima civil, el decreto de Nueva Planta como el derecho foral navarro. Cosa distinta es que unos resultados hist¨®ricos provoquen ofensas y otros devengan a trav¨¦s de acuerdos; que unos sean justos y otros humillantes.

Nada de humillante u ofensivo hay en que 4.700.000 madrile?os accedan a un nivel de autogobierno que la Constituci¨®n habilita, como tampoco lo hay en que lo hayan alcanzado 2.200.000 vascos, sin duda recogiendo a?osas y respetables tradiciones, o seis millones y medio de andaluces tras duros avatares pol¨ªticos.

La generalizaci¨®n del proceso auton¨®mico que ahora, bien es verdad que con susurrros y no con gritos, se cuestiona por parte de algunos que lo iniciaron, es la ¨²nica forma viable de organizar el Estado sin agravios y con racionalidad. No se trata de ninguna uniformidad: el Estatuto de Guernica es distinto del de Sau, y ¨¦stos, del de Madrid, pero todos ellos permiten alcanzar, si existe voluntad desde el Estado, los mismos grados de autogobierno. Esa voluntad s¨ª la tiene el partido que sostiene al Gobierno y, por tanto, ¨¦ste no tiene por qu¨¦ tener ning¨²n problema en ejecutar tal voluntad generalizadora. Ser¨ªa ingenuo, sin embargo, olvidar el viejo axioma marxiano que reza: "El ser social determina la conciencia", que podr¨ªa traducirse, para el caso, en frase menos sonora: "El sill¨®n y la tropa determinan la actitud". El sill¨®n es ahora, m¨¢s o menos, ministerial, y la tropa, de funcionarios, cuyas ansias auton¨®micas, es de pensar, no son excesivas. Pese a todo, y desde la corta experiencia madrile?a, los problemas que se plantean suelen ser de peque?a intendencia y no ponen en cuesti¨®n la voluntad pol¨ªtica antedicha.

La necesidad de autonom¨ªa

Tantos a?os ha, no que se gobierna desde Madrid, sino que se gobierna sobre Madrid, que a nadie parece extra?ar que la dotaci¨®n de un parque, el de la Arganzuela, se haya hecho por ley de Cortes; que el agua que consumen los madrile?os la siga gestionando un ministerio, o que, hasta ahora mismo, la Comisi¨®n Provincial de Urbanismo fuera un organismo aut¨®nomo del Ministerio de Obras P¨²blicas, por no citar m¨¢s que al gunos de los m¨²ltiples: ejemplos. La omnipresencia ministerial en la capital ha hecho, quiz¨¢, olvidar a muchos madrile?os que en la democracia, a¨²n reciente,; el Gobierno lo es de Espa?a, y por ello, elegido entre todos los espa?oles. ?Por qu¨¦ raz¨®n los asuntos que a Madrid competen habr¨ªan de ser dilucidados por un Gobierno elegido entre todos los espa?oles, mientras en el resto del pa¨ªs dichos asuntos los resuelven quienes habitan en cada comunidad?

Se ha llegado a argumentar, para negar la evidencia que descubre la pregunta antes tormulada, con la falta de conciencia auton¨®mica (?qui¨¦n tiene el concienci¨®metro que mida tales aspiraciones?) y con la necesidad de una especie de distrito federal (?qu¨¦ har¨ªan Aranjuez, El Escorial, Titulcia u Horcajo de la Sierra en un distrito federal al estilo de Washington?). Cualquier soluci¨®n distinta de la que da el Estatuto, por cierto, votado un¨¢nimemente en las Cortes espa?olas, acabar¨ªa creando agravios de dif¨ªcil o imposible soluci¨®n.

Madrid, una autonom¨ªa viable

Una de las dificultades mayores del proceso auton¨®mico radica en la existencia de una administraci¨®n intermedia: las diputaciones provinciales, cuyo encaje es problem¨¢tico. Pi¨¦nsese, por ejemplo, en Castilla-Le¨®n, con nueve diputaciones y tan s¨®lo dos millones y medio de habitantes. Este es un problema que se resolver¨¢ al hilo del desarrollo estatutario, pero que en Madrid est¨¢ ya resuelto al ser su autonom¨ªa uniprovincial.

Existen seis comunidades de este tipo, adem¨¢s de Madrid: Asturias (1.130.000 habitantes), Baleares (660.000), Cantabria (120.000), Murcia (960.000), Navarra (510.000) y La Rioja (260.000). La mayor de ellas representa demogr¨¢ficamente la cuarta parte de Madrid. Esta comunidad ficticia representa el 17% del producto espa?ol y su renta total es seis veces mayor que la de Asturias. Puede concluirse que, desde el punto de vista pol¨ªtico-administrativo, econ¨®mico o demogr¨¢fico, no hay argumento s¨®lido: que ponga en duda la viabilidad del proyecto auton¨®mico madrile?o. Ello no quiere decir que Madrid, como las dem¨¢s autonom¨ªas, no se enfrente con serios problemas.

280.000 parados; esa cifra se?ala el gran problema y, por tanto, el gran reto de la sociedad madrile?a. 330.000 inmigrantes en los ¨²ltimos 10 a?os delatan la existencia de unos d¨¦ficit acumulados en infraestructuras y servicios, que cualquiera puede comprobar yendo de Carabanchel a Getafe, a Parla o Fuenlabrada, pasando por Villaverde y Vallecas o, simplemente, asom¨¢ndose al corredor del Henares. Que la autonom¨ªa pueda incentivar la inversi¨®n, tanto financiera como en infraestructuras y, con ello, crear y ayudar a crear empleo y un m¨ªnimo de bienestar, depende de la capacidad de ahorro que pueda tener la comunidad y de los fondos que, para inversi¨®n, lleguen desde el Estado.

En momentos de crisis, los presupuestos del Estado acaban incluyendo en su d¨¦ficit las malas cuentas de resultados de muchas empresas y organismos de pelaje variopinto. Quienes tienen la responsabilidad de estos graves asuntos est¨¢n, con raz¨®n, preocupados, y hacen bien en intentar reducir el d¨¦ficit; sin embargo, no deben olvidar que la multicopista (tambi¨¦n llamada recurso al Tesoro) es de uso exclusivo del Estado y no lo es de las dem¨¢s administraciones p¨²blicas. Cuando uno lee que un componente importante del d¨¦ficit de los presupuestos generales son las transferencias a los ayuntamientos tiene la tentaci¨®n de llevarse las manos al cabello, pues se olvida, al afirmar tales inconveniencias: a) Que los ayuntamientos espa?oles dan servicios imprescindibles a sus ciudadanos; b) que, con todo, el gasto de los municipios no llega en Espa?a, ni de lejos, al 15% del total correspondiente a las administraciones p¨²blicas (el 80% en Holanda; m¨¢s del 50% en Alemania Occidental).

El proceso auton¨®mico reclama que desde el Estado se medite en algo tan elemental como lo siguiente: el reparto territorial del poder pol¨ªtico exige una distribuci¨®n sobre la decisi¨®n del gasto. Esto s¨®lo se consigue con generosidad o con tensi¨®n, y lo, primero es preferible a lo segundo.

El FCI y la inversi¨®n

Ese margen de maniobra que se reclama para las comunidades aut¨®nomas est¨¢ previsto en la LOFCA y se acabar¨¢ de normar con la ley de Cesi¨®n de Tributos y la ley del Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial (LFCI). Hay diversos riesgos, y el primero es que la parte de transferencias no cubierta en su financiaci¨®n por los impuestos cedidos se mantenga como proporci¨®n (porcentaje) de los ingresos del Estado, pues, de otra forma, ese reparto pol¨ªtico que la decisi¨®n sobre el gasto implica se ver¨ªa muy seriamente afectado sobre todo en aquellas comunidades cuya participaci¨®n en el FCI es muy baja.

En la legislatura pasada fue presentada una ley del Fondo de Compensaci¨®n que fue aprobada en el Senado. Dicho proyecto de ley volver¨¢ a ser discutido en las Cortes espa?oles en septiembre.

El proyuecto de ley del FCI presentado en las Cortes reparte el 40% de la inversi¨®n nueva (fundamentalmente inversi¨®n en infraestructuras: red viaria, vivienda, equipamiento social, etc¨¦tera) entre las comunidades mediante una. f¨®rmula de dif¨ªcil lectura, pero cuya interpretaci¨®n es obvia: el FCI as¨ª planteado conseguir¨¢ crear infraestructuras en las comunidades m¨¢s pobres (una renta per c¨¢pita baja juega a favor) y con emigraci¨®n (el saldo emigratorio juega a favor) y no donde el d¨¦ficit de tales infraestructuras pueda ser mayor (previsiblemente, en las grandes concentraciones urbanas fruto de los movimientos inmigratorios pasados), independiente mente de que alguno de los indicadores que la f¨®rmula propone son de muy dudoso c¨¢lculo (tal es el caso de la renta regional), el reparto podr¨ªa ser el adecuado si se tratara de distribuir una inversi¨®n p¨²blica que sirviera de bomba de inyecci¨®n para el futuro desarrollo regional (principalmente inversi¨®n financiera) lo que no es el caso de la inversi¨®n que el FCI asigna.

Desde la Comunidad de Madrid no se debe poner en tela de juicio la evidente necesidad de que los poderes p¨²blicos apoyen a las regiones m¨¢s deprimidas. La ayuda suplementaria que puedan recibir Extremadura, Canarias, Andaluc¨ªa o Galicia, por poner los ejemplos m¨¢s llamativos, s¨®lo merece el aplauso de los madrile?os; pero, sin negar lo dicho, en lo que se refiere concretamente a las infraestructuras y la vivienda es posible que los extreme?os, canarios, andaluces o gallegos que viven en Madrid o Barcelona necesiten m¨¢s de ellas que sus compatriotas no emigrantes.

Ni pol¨ªtica ni. funcionalmente vale el argumento, a veces esgrimido, seg¨²n el cual los desequilibrios que el FCI provoca se pueden corregir por la v¨ªa de la inversi¨®n del Estado. Tal forma de pensar es de dudosa legalidad (las inversiones sobre competencias cedidas debieran hacerse desde las instituciones receptoras) y sobre todo, olvida algo elemental: cuando se est¨¢ hablando de un proceso de distribuci¨®n territorial del poder pol¨ªtico no s¨®lo importa la distribuci¨®n territorial del gasto, sino tambi¨¦n, y mucho, qui¨¦n (qu¨¦ instituci¨®n) realiza ese gasto. Estos y otros problemas tiene la Comunidad de Madrid, que nace bajo el signo de la necesidad. Hacer de la necesidad virtud es, posiblemente, la m¨¢s digna labor de los que se dedican a la cosa p¨²blica.

es presidente de la Comunidad de Madrid.