Mayor presi¨®n fiscal a costa del impuesto sobre la renta
Los retoques presupuestarios de ¨²ltima hora, consecuencia de distintos reajustes y de las conversaciones entre el Gobierno y las fuerzas sociales, elevar¨¢n los gastos del Estado para 1984 a unos 5,4 billones de pesetas (unos 300.000 millones m¨¢s de la cifra barajada hace unas semanas). Este incremento del gasto no modificar¨¢, sin embargo, las previsiones del d¨¦ficit, que se mantendr¨¢ en los l¨ªmites del 5,5% del producto interior bruto (PIB) previsto para 1984.La imposibilidad de reducir a corto plazo el gasto p¨²blico, que en muchos casos viene condicionado por las inversiones, obligar¨¢ a incrementar la presi¨®n fiscal. Todo parece indicar que, dados los escasos frutos logrados en la lucha contra el fraude fiscal y las dificultades para obtener un sustancial aumento de ingresos procedentes de otros tributos, se proceder¨¢ a una nueva revisi¨®n de las tarifas del Impuesto sobre la Renta de las Personas F¨ªsicas (IRPF). No ha trascendido tampoco, hasta el momento, qu¨¦ cantidades se asignan dentro del proyecto de Presupuestos para Rumasa, autopistas, y los d¨¦ficit acumulados a lo largo del presente ejercicio por Seguridad Social, Renfe, Iberia, Enagas y otras empresas p¨²blicas.
Tampoco se conocen con detalle las trasferencias a las comunidades aut¨®nomas (hay un significativo silencio sobre estas complejas negociaciones entre representantes de los Gobiernos aut¨®nomos y del Gobierno central) ni las trasferencias presupuestarias a las corporaciones locales (¨¦stas, seg¨²n medios de la Administraci¨®n, podr¨ªan reducir su participaci¨®n con respecto a los Presupuestos de 1983).
Recuperar la inversi¨®n
La filosof¨ªa del proyecto de presupuestos, que responde l¨®gicamente a la pol¨ªtica econ¨®mica que propugna el Gobierno en su plan a medio plazo 1984-1986, se centra en aligerar costes al empresariado para favorecer una recuperaci¨®n de las inversiones. En funci¨®n de ello, y a cambio de contrapartidas sociales como son una mayor dotaci¨®n al desempleo y el objetivo de crear puestos de trabajo, se plantea una disminuci¨®n del poder adquisitivo de los asalariados, mayor carga fiscal sobre las rentas procedentes de n¨®minas (revisi¨®n del IRPF), y se mantienen las contribuciones de los trabajadores a la Seguridad Social, mientras que aumenta la contribuci¨®n del Estado para reducir las cuotas empresariales.Todas estas medidas a favor del empresariado suponen no s¨®lo un sacrificio directo de los asalariados (que ven reducido su poder adquisitivo), sino tambi¨¦n un sacrificio indirecto de todos los contribuyentes, ya que el sector p¨²blico asume mayores cargas (caso de la Seguridad Social).
La patronal, sin embargo, critica el aumento del gasto p¨²blico y aplaude la inversi¨®n, seg¨²n fuentes de la Administraci¨®n, sin discernir que todo gasto no es necesariamente malo, ni toda inversi¨®n es necesariamente buena.
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