El fiscal pidi¨® ayer seis a?os y un d¨ªa para Miguel Castells, ex senador de Herri Batasuna, por injurias al Gobierno
El juicio contra el ex senador de Herri Batasuna (HB) Miguel Castells por un presunto delito de injurias graves al Gobierno se celebr¨® ayer ante la sala segunda del Tribunal Supremo, en medio de fuertes medidas de seguridad y con asistencia de numeroso p¨²blico, parte del cual tuvo que quedarse fuera de la sala. Castells, para el que el fiscal solicita una pena de seis a?os y un d¨ªa, ratific¨® ser el autor del art¨ªculo period¨ªstico que origin¨® el proceso, aunque precis¨® que no ten¨ªa Intenci¨®n de injuriar al Gobierno, sino de denunciar una situaci¨®n "que sigue siendo verdad al cabo de seis a?os".
El origen del presunto delito fue la publicaci¨®n, el 14 de junio de 1979, en la revista vasca Punto y Hora de un art¨ªculo escrito por Castells, titulado Insultante impunidad en el que alud¨ªa a la falta de aclaraci¨®n de unos ochenta asesinatos cometidos por elementos incontrolados en Euskadi y culpaba al gobierno de UCD de cierta connivencia y permisividad con los autores de tales acciones.Miguel Castells era senador de Herri Batasuna en la fecha en que escribi¨® el art¨ªculo en cuesti¨®n, por eso el juicio se celebr¨® ante el Tribunal Supremo, ya que los parlamentarios tienen fuero especial. El suplicatorio para su procesamiento fue concedido por el Senado con los votos a favor de UCD y la oposici¨®n de los miembros del PSOE y PNV.
Al juicio asistieron toda la directiva de HB, el suizo David Lachat, representante de Amnist¨ªa Internacional; Loretta Capelloni, de la Asociaci¨®n Internacional de Juristas Dem¨®cratas; el belga Dioni Fern¨¢ndez, de la Liga Internacional para la Protecci¨®n de Derechos del Hombre; y otros representantes de entidades y colegios de abogados adem¨¢s de un centenar de personas desplazadas desde el Pa¨ªs Vasco.
Una compa?¨ªa de polic¨ªas antidisturbios vigil¨® durante la ma?ana las inmediaciones del palacio de justicia. Una veintena de ellos tom¨® posiciones en la zona pr¨®xima a la sala, lugar al que se acced¨ªa atravesando un arco de detecci¨®n de metales y un control de la Guardia Civil.
Sin ¨¢nimo de injuriar
El fiscal, Manuel Cacho inici¨® el juicio con una ¨²nica pregunta, acerca de la autor¨ªa del art¨ªculo. Castells respondi¨® "Soy el autor, as¨ª lo manifest¨¦, y me ratifico en ello".El defensor, Enrique Villa, desglos¨® el art¨ªculo en frases y fue preguntando al ex senador, por su intenci¨®n al escribirlas. Castells, que asisti¨® a la vista con toga y permaneci¨® en todo momento sentado en el lugar de la defensa, afirm¨® que en ning¨²n momento tuvo ¨¢nimo de injuriar al Gobierno, sino de denunciar una situaci¨®n que se hab¨ªa iniciado en 1977. Enunci¨® varios casos de asesinatos reivindicados por supuestas organizaciones de ultraderecha, que no se han aclarado. Entre ellos cit¨® el de Joseba Barandiar¨¢n, y dijo que el contenido del art¨ªculo segu¨ªa siendo verdad al cabo de seis a?os. "En Junio de 1979 hice una lista parcial de personas que hab¨ªan sido asesinadas. Escrib¨ª eso porque era notorio y lo denunci¨¦ porque ten¨ªa la necesidad de denunciar las injusticias", afirm¨® el ex senador.
A preguntas del presidente del Tribunal, Fernando D¨ªaz Palos, Castells explic¨® que al decir en el art¨ªculo que "detr¨¢s de esas acciones s¨®lo puede estar el Gobierno" se refer¨ªa al partido que estaba en el poder, pero no al Gobierno como instituci¨®n. A?adi¨® que quienes estaban en ese momento en el poder, "estaban detr¨¢s, benefici¨¢ndose o cometiendo un error pol¨ªtico, aunque s¨®lo fuera por omisi¨®n"
El fiscal solicit¨® una pena de seis a?os y un d¨ªa de prisi¨®n por delito de injurias graves al Gobierno, ya que, seg¨²n dijo en su informe, el ex senador tuvo intenci¨®n de desprestigiar al Gobierno y no de realizar una cr¨ªtica de tipo pol¨ªtico, ya que el ¨¢nimo de informar se pod¨ªa haber conseguido sin afectar al honor de las personas o del ejecutivo.
Respecto a la inviolabilidad parlamentaria, el fiscal dijo que s¨®lo es aplicable a las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, pero nunca en art¨ªculos de prensa. Finaliz¨® diciendo que eran "injurias enviadas a un peri¨®dico, escritas por un profesional del derecho, que adem¨¢s era senador".
El defensor, Enrique Villa, afirm¨® que s¨®lo forzando la lectura del art¨ªculo pod¨ªa desprenderse tina imputaci¨®n de Castells al Gobierno, y agreg¨® que fue el propio Gobierno de UCD el que concedi¨® el suplicatorio en contra de los dem¨¢s partidos, por lo que se convert¨ªa as¨ª en juez y parte. Concluy¨® pidiendo la absoluci¨®n para Castells.
Castells, en su autodefensa, dijo que jam¨¢s se hab¨ªa concedido un suplicatorio por un delito pol¨ªtico de opini¨®n y que el aut¨¦ntico problema era que se trataba de ocultar la otra cara del Pa¨ªs Vasco, pues s¨®lo se conoce la de televisi¨®n. Compar¨® su art¨ªculo con las denuncias de los casos Watergate, los diamantes de Bokassa y los esc¨¢ndalos sexuales de Gran Breta?a y agreg¨® que es cierto que Espa?a es diferente, pues estos casos culminaron con diversas destituciones o dimisiones, mientras que ¨¦l fue procesado. El ex senador aludi¨® a otros art¨ªculos period¨ªsticos recientes que responsabilizaban al Gobierno de "guerra sucia" en el Pa¨ªs Vasco, que no han tenido consecuencias. Parte del p¨²blico aplaudi¨® la ¨²ltima frase de Castells: "si nosotros callamos, otros seguir¨¢n hablando y lo har¨¢n mejor".
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