El Tribunal de Cuentas descubre irregularidades en contrataciones p¨²blicas de adjudicaci¨®n directa

Obras por valor de unos 4.000 millones de pesetas han sido contratadas irregularmente por diversos organismos de la Administraci¨®n en los ¨²ltimos ejercicios, seg¨²n ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas. Las irregularidades, que han aparecido en la fiscalizaci¨®n de determinados contratos del Estado por el alto tribunal, afectan a la Direcci¨®n General de Carreteras, al Instituto Espa?ol de Oceanograf¨ªa y al organismo aut¨®nomo Aeropuertos Nacionales.En una fiscalizaci¨®n efectuada sobre contratos realizados por la Direcci¨®n General de Carreteras en 1982, dentro de un programa extraordinario de inversiones p¨²blicas aprobado por el Gobierno para generar empleo mediante la realizaci¨®n de peque?as obras, el Tribunal de Cuentas ha estudiado adjudicaciones directas, sin concurso p¨²blico, por un importe de 3.225 millones de pesetas.

La alta magistratura, tras analizar las disposiciones legales en que se sustentan estas adjudicaciones de la Direcci¨®n General de Carreteras y los costes adicionales que suponen para el erario p¨²blico, "recomienda para lo sucesivo que, cuando fuera necesaria, por circunstancias coyunturales en el empleo, la formaci¨®n y actuaci¨®n de tales programas, la adjudicaci¨®n de los distintos proyectos que los integran deber¨ªa realizarse mediante concurso p¨²blico, en cuya resoluci¨®n habr¨ªa de tenerse en cuenta ponderadamente, junto con la importancia econ¨®mica de la proposici¨®n de cada licitador, el n¨²mero de puestos de trabajo que se compromete a ocupar, as¨ª como el importe total de los contratos adjudicados a cada empresario, con objeto de evitar la acumulaci¨®n de adjudicaciones en un mismo contratista que hiciera temer el incumplimiento o la ejecuci¨®n defectuosa de los contratos celebrados con el mismo".

Otro de los contratos examinados por el Tribunal de Cuentas es el celebrado entre el Instituto Espa?ol de Oceanograf¨ªa y la empresa Huarte para la construcci¨®n, por un importe de 113 millones de pesetas, de un centro costero en Fuengirola (M¨¢laga).

Reconocida urgencia

En este caso, la adjudicaci¨®n directa, sin concurso, se basa en la apreciaci¨®n de "reconocida urgencia" por parte del Ministerio de Agricultura. El Tribunal de Cuentas estima que la ley de Contratos del Estado requiere algo m¨¢s que la simple apreciaci¨®n de urgencia por parte de un ministerio para que se pueda proceder a una adjudicaci¨®n directa.La tardanza de tres a?os en la realizaci¨®n de la citada obra pone tambi¨¦n en duda el que no se hubiera podido esperar a los resultados de un concurso p¨²blico, de acuerdo con la ley de Contratos del Estado, y se procediera a la adjudicaci¨®n directa.

El Tribunal de Cuentas afirma que la infracci¨®n de la citada ley en este caso ha supuesto "grave perjuicio para el inter¨¦s p¨²blico, si bien no puede ¨¦ste cuantificarse econ¨®micamente a los efectos de perseguir posibles responsabilidades pecuniarias".

Finalmente, el Tribunal de Cuentas ha estudiado una contrataci¨®n de carretillas portaequipajes para Barajas, por un valor de unos 16 millones de pesetas, por parte del organismo aut¨®nomo Aeropuertos Nacionales. En este caso, se hizo primero un concurso p¨²blico, que se adjudic¨®, en concurrencia con otras firmas, a Camas Astarburuaga. Posteriormente, y observ¨¢ndose que la cantidad adquirida resultaba insuficiente, se adjudic¨® directamente a la misma empresa, sin convocar concurso alguno, una partida similar a la ya suministrada.

El Tribunal de Cuentas entiende que este fraccionamiento y la adjudicaci¨®n directa de a contrataci¨®n infringen la legalidad y provoca perjuicios al inter¨¦s p¨²blico, aunque, como en el caso anterior, no puede cuantificarse econ¨®micamente a los efectos de perseguir posibles responsabilidades pecuniarias.