Los ayuntamientos ser¨¢n el principal escudo del ciudadano

Un m¨ªnimo de dos a?os de tiempo ser¨¢n necesarios, a juicio de varios expertos, para poner en pie una Protecci¨®n Civil digna de tal nombre. La Administraci¨®n desconoce, en estos momentos, datos tan esenciales como el cat¨¢logo de riesgos potenciales (parcialmente disperso en diversos organismos) o los recursos. movilizables en caso necesario; ambas tareas su ponen un enorme trabajo. pendiente. A ello hay que sumar la escasez y poca especializaci¨®n de los servicios llamados a controlar una emergencia, hasta ahora constituidos por voluntarios, am¨¦n del habitual recurso a fuerzas de Seguridad del Estado y unidades militares, en su mayor¨ªa poco o nada preparadas para tareas espec¨ªficas de protecci¨®n civil.Las mismas fuentes antes cita das afirman que los proyectos de la Administraci¨®n se mueven a¨²n en un terreno demasiado te¨®rico sin que existan decisiones sobre el m¨¦todo de financiaci¨®n de estas reformas. Por el contrario, est¨¢ muy clara la primac¨ªa de las autoridades civiles en la competencia sobre todos los aspectos relativos a la Protecci¨®n Civil; algunas cuestiones de la futura ley rozan o complementan la Defensa militar, y podr¨ªan ser utilizadas en tiempo de guerra o de tensi¨®n preb¨¦lica, lo cual ha sido objeto de amplios debates entre el ministerio de Defensa y los departamentos civiles.

Un pa¨ªs catastr¨®rico

Espa?a es uno de los pa¨ªses europeos con mayor ¨ªndice de riesgo por cat¨¢strofes naturales y accidentes derivados del uso de la tecnolog¨ªa, seg¨²n profesionales en la materia. Esa consideraci¨®n viene precedida por el impresionante balance de los ¨²ltimos meses: las lluvias torrenciales en el norte de Espa?a provocaron la muerte de medio centenar de personas y la semidestrucci¨®n de la zona m¨¢s industrializada del Pa¨ªs Vasco; dos accidentes de aviones costaron la vida a 274 personas; el incendio de la discoteca Alcal¨¢ 20 dej¨® un saldo de 81 muertos; y la ya habitual serie de fuegos en zonas rurales hizo que el pasado a?o se quemaran 95.000 hect¨¢reas. A ello hay que sumar accidentes ferroviarios, desprendimientos de tierras y problemas relativos a la circulaci¨®n de mercanc¨ªas peligrosas, as¨ª como los riesgos -afortunadamente escasos, hasta ahora- de terremotos, accidentes nucleares y evacuaci¨®n de lugares con grandes concentraciones de personas, como estadios o grandes almacenes.

Despu¨¦s de las muertes, toda cat¨¢strofe tiene tambi¨¦n una vertiente econ¨®mica. Los da?os por las inundaciones en el Norte fueron evaluados en 554.000 millones de pesetas, mientras que las p¨¦rdidas por incendios forestales en 1983 provocaron p¨¦rdidas estimadas en 23.000 millones; es decir, el coste de ambas cat¨¢strofes equivale a dos tercios del total de p¨¦rdidas sufridas por las empresas p¨²blicas en Espa?a, durante ese mismo a?o.

La investigaci¨®n sobre el accidente de un avi¨®n de Spantax en el aeropuerto de M¨¢laga, el 13 de septiembre de 1982 (51 muertos), permiti¨® averiguar que el servicio contra incendios hab¨ªa tardado demasiado en intervenir, porque los motores de sus veh¨ªculos se hallaban parados desde hac¨ªa mucho tiempo y tuvieron dificultades para arrancar. Las del cuerpo de bomberos a los locales p¨²blicos de Madrid se realizaron despu¨¦s del pavoroso incendio de la discoteca Alcal¨¢ 20, y no antes del mismo, en fatal coincidencia con el proceso de transferencia de las competencias sobre espect¨¢culos, desde la Administraci¨®n civil a las autoridades locales (la confusi¨®n era tan enorme que el propio gobernador de Madrid y el primer teniente, de alcalde exhibie.ron un peritaje privado, como si fuera el resultado de una inspecci¨®n oficial a dicho establecimiento).

Federico Gallo, que era el director general de Protecci¨®n Civil en 1980, se enter¨® del estallido de las calderas de un colegio en Ortuella (Vizcaya), con el resultado de 53 muertos, por la llamada de una agencia. de Prensa, y no porque le alertaran fuentes m¨¢s l¨®gicas. No quiere decir que los problemas se limitaran al pasado: tras las inundaciones de 1983, numerosas autoridades organizaron columnas de socorro (ministro del Interior, altos mandos militares) sin coordinaci¨®n mutua, y cost¨® serios esfuerzos reunir un "estado mayor de crisis" que enviara lo necesario a los lugares donde se necesitaba.

Todav¨ªa m¨¢s espectacular: expertos en Protecci¨®n Civil afirman que el choque de aviones en el aeropuerto de Barajas, en diciembre pasado, fue seguido por "uno de los mayores desastres que se recuerdan" en la organizaci¨®n de los servicios de ayuda y socorro de las v¨ªctimas. Esa situaci¨®n se produjo por coincidencia de innumerables autoTidades y servicios: Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes, autoridades de Sanidad, autoridades del aeropuerto, Polic¨ªa Nacional, Polic¨ªa Municipal de Madrid, bomberos de Madrid, bomberos de la comunidad aut¨®noma, servicios de la base de Torrej¨®n y un largo etc¨¦tera.

Frente a escasez, movilizaciones

"Lo m¨¢s grave que ocurri¨® en Barajas", seg¨²n los expertos antes consultados , "es que nadie sab¨ªa qui¨¦n dirig¨ªa ni qui¨¦n organizaba". Toda una serie de jefes y mandos de variada, procedencia compartieron voluntarismo y estorbos mutuos, a partes iguales. Transcurrieron muchas horas hasta que la situaci¨®n pudo encarrilarse, seg¨²n las fuentes citadas.

Este abanico de ejemplos avala la importancia de la formaci¨®n t¨¦cnica de quienes deben intervenir en la prevenci¨®n de riesgos y la soluci¨®n de accidentes y cat¨¢strofes, as¨ª como en la existencia de un orden en cuanto a autoridades encargadas de resolver una emergencia. Pero as¨ª como e sto ¨²ltimo va a ser abordado ampliamente por la futura ley de Protecci¨®n Civil, el primero de dichos factores parece mucho rp¨¢s problem¨¢tico.

A finales de julio pasado, este peri¨®dico public¨® un informe en el que se dec¨ªa que los servicios estatales de Protecci¨®n Civil s¨®lo contaban con 300 funcionarios en toda Espa?a. Ese reportaje era exagerado: en realidad son 200, seg¨²n datos del propio director general de Protecci¨®n Civil (v¨¦ase entrevista en estas p¨¢ginas). La organizaci¨®n estatal es puramente embrionaria, y el problema no es s¨®lo de n¨²mero, sino de cualificaci¨®n para las tareas a desempe?ar. Un simple traslado de arquitectos o ingenieros, desde otros departamentos al de Protecci¨®n Civil, tropieza con las lentitudes de la maquinaria burocr¨¢tica del Estado. As¨ª se da la curiosa paradoja de que la Administraci¨®n central encarga estudios a consultoras privadas, por falta de servicios propios que pudieran realizar eficazmente ese trabajo.

Las disposiciones en estudio prev¨¦n la posibilidad de movilizar a cualquier ciudadano, mayor de edad, para servicios relacionados con la protecci¨®n y a recibir instrucci¨®n al respecto. Cierto n¨²mero de personas podr¨¢n ser obligadas a prestar un servicio civil, cuando entren en vigor las leyes sobre objeci¨®n de conciencia y protecci¨®n civil. Los contingentes m¨¢s importantes se nutrir¨¢n con los j¨®venes que, en el momento de su incorporaci¨®n al servicio militar, no lleguen a hacerlo, bien por objeci¨®n de conciencia al uso de las armas, o porque sean declarados excedentes de cupo.

Algunas fuentes de la Administraci¨®n ponen en duda que tales previsiones puedan aplicarse con prontitud. No hay fechas para la entrada en vigor de las disposiciones sobre objetores, excedentes de cupo y parados, entre otras razones porque no se sabe qu¨¦ departamento administrativo tendr¨¢ que soportar la carga financiera de tales contingentes y el entrenamiento de los diferentes sectores. Esas mismas fuentes desconfian de la eficacia de tales medidas, ya que "lo importante en Protecci¨®n Civil no es s¨®lo disponer de mucha gente, sino de personal muy preparado".

350 ayuntamientos, en el centro

M¨¢s de 350 ayuntamientos -los que superan los 20.000 habitantes- habr¨¢n de organizar servicios de intervenci¨®n inmediata en caso de emergencias, seg¨²n los planes del Ejecutivo. El m¨¢s importante -y caro- es el de extinci¨®n de incendios. Actualmente no disponen del mismo ni la tercera parte de aqu¨¦llos.

"Espa?a es un pa¨ªs donde hay m¨¢s alcaldes que bomberos", alegan expertos en la materia. El n¨²mero de alcaldes supera el de 8.000, mientras el de bomberos apenas sobrepasa la mitad. Para hacerse una idea de lo que significa montar un peque?o servicio de este tipo, pueden calcularse los siguientes costes: 60-65 millones en la construcci¨®n de un parque, 6070 para comprar el material imprescindible (un land rover, un coche-bomba, un tanque de agua, un coche-escala) y 60-70 millones adicionales en costes de personal y mantenimiento. Bastante caro para gran parte de los municipios afectados por la futura ley.

Tambi¨¦n se responsabilizar¨¢ a esos mismos ayuntamientos de "garantizar, en situaciones de emergencia, la transmisi¨®n de la alarma; la seguridad de las comunicaciones; la evacuaci¨®n y albergue; la asistencia sanitaria y social; el suministro de agua potable; la rehabilitaci¨®n de los servicios esenciales, y el desescombro". Todo ello, seg¨²n el actual proyecto de ley.

Pocos ayuntamientos se encuentran preparados para afrontar tales responsabilidades. Los sistemas de Protecci¨®n Civil mejor desarrollados se encuentran en Barcelona y Zaragoza, que, seg¨²n los expertos, pueden considerarse excepciones en la materia. Incluso Madrid se encontraba muy retrasada: en estos d¨ªas, el Ayuntamiento de la capital prepara la contrataci¨®n inmediata de una decena de t¨¦cnicos, con los cuales reforzar¨¢ a los cuatro de que dispon¨ªa su departamento de Protecci¨®n Civil junto con otro personal auxiliar), en la perspectiva de llegar hasta medio centenar de personas exclusivamente dedicadas a estas funciones en la capital.

Seg¨²n la misma pieza legal, la Protecci¨®n Civil contar¨¢ con otras entidades, a las que se califica de "colaboradoras" de aqu¨¦lla. En esa situaci¨®n se encuentran las Brigadas de Tropas de la Cruz Roja y la Cruz Roja del Mar, as¨ª como "los servicios de vigilancia, protecci¨®n y lucha contra incendios de las empresas p¨²blicas o privadas".