El momento del retorno
El hecho de que est¨¦n en vigor leyes y requerimientos judiciales de la ¨¦poca de la dictadura preocupa a muchos argentinos que proyectan regresar a su pa¨ªs
"Yo, francamente, dudaba mucho de que los radicales fueran a pro cesar a los milicos. Pero cuando vi que los miembros de la Junta eran citados por los tribunales, y ahora, que se procesa al general Camps creo que la situaci¨®n ha cambiado de verdad y que los que nos exiliamos por razones pol¨ªticas podemos regresar a Argentina", afirma un maestro de la provincia de Buenos Aires, con cuatro a?os y me dio de exilio en Espa?a.Este optimismo no es compartido, sin embargo, por varios sectores de la colonia argentina en Espa?a, y especialmente por los grupos dedicados a la defensa de los derechos humanos o formados por familiares de desaparecidos "?C¨®mo van a ser castigados si los tribunales que los juzgan est¨¢n compuestos por sus propios compa?eros?", se pregunta Mar¨ªa Adela Antokolet, hija de la vicepresidenta de las Madres de Mayo y activa militante en Espa?a de la Comisi¨®n de Solidaridad con Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Argentina (Cosofam).
Dichos sectores acusan al presidente Ra¨²l Alfons¨ªn de no haber cumplido las promesas que hiciera a las Madres de Mayo, e incluso de haber pactado con las Fuerzas Armadas el castigo de un pu?ado de chivos expiatorios a cambio de dejar impunes a la mayor¨ªa de los culpables. Cierto que existe la posibilidad de apelar ante la justicia civil las sentencias de los tribuna les militares, pero esto no parece suficiente a los familiares de las v¨ªctimas del genocidio, que se estiman alrededor de 30.000.
"Nosotros pedimos que se creara una comisi¨®n bicameral del Congreso para investigar estos cr¨ªmenes. Esto se ha hecho ya en varias ocasiones durante este siglo, y la idea ha contado con el apoyo del diputado democristiano Augusto Conte y de otros del Partido Intransigente; pero Alfons¨ªn ha preferido nombrar una comisi¨®n extraparlamentaria, presidida por el escritor Ernesto S¨¢bato, que no tiene ning¨²n poder", se quejan en Cosofam.
Otro problema que preocupa a muchos argentinos que proyectan regresar a su pa¨ªs es el hecho de que est¨¦n en vigor leyes y requerimientos judiciales de la ¨¦poca de la dictadura. El caso del doctor Obreg¨®n Cano, ex gobernador de la provincia de C¨®rdoba con el peronismo, ha incrementado esta preocupaci¨®n. Obreg¨®n volvi¨® a Argentina despu¨¦s de la toma de posesi¨®n de Alfons¨ªn y fue detenido bajo una acusaci¨®n de asociaci¨®n il¨ªcita que ten¨ªa pendiente.
El llamamiento hecho por Alfons¨ªn para que regresen los exiliados fue seguido de una gira por varios pa¨ªses del embajador especial, Hip¨®lito Solari Irigoyen, que visit¨® Madrid a mediados de enero. Solari se entrevist¨® con el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Mor¨¢n, pero declin¨® tomar contacto con otros altos funcionarios del palacio de Santa Cruz mas directamente implicados en el tema de los exiliados argentinos en Espa?a.
En una reuni¨®n celebrada en la residencia del embajador argentino en Madrid el pasado 16 de enero, Solari Irigoyen explic¨® a unos 300 exiliados las condiciones legales y las ayudas econ¨®micas -franquicias de equipaje y alg¨²n dinero- que dar¨¢ el Gobierno para su regreso. Aunque esta reuni¨®n tuvo lugar sin presencia de periodistas, se sabe que hubo momentos de tensi¨®n y que algunos de los asistentes protestaron por la presencia del c¨®nsul y de dos secretarios de la embajada, a los que consideran simpatizantes de la Junta Militar. El Gobierno democr¨¢tico argentino todav¨ªa no ha designado a su embajador en Madrid.
El Estado de derecho implantado en Argentina significa seguridad, vino a decir el embajador volante del presidente Alfons¨ªn. Algunos dudan de estas garant¨ªas "en tanto los asesinos que a¨²n andan sueltos por las calles no sean detenidos". Otros, como el pintor Ezequiel Linares, cuatro a?os exiliado en Espa?a, piensan, unos d¨ªas antes del retorno a su patria, que "la Argentina democr¨¢tica nos ofrece las garant¨ªas de cualquier democracia y, en cualquier caso, muchas m¨¢s de las que hab¨ªa hace tiempo".
Ezequiel Linares quiere volver para "sumar mi esfuerzo a la construcci¨®n de la democracia". Sali¨® de Argentina porque le descolgaban sus cuadros en las exposiciones y le amenazaron de muerte varias veces. Asisti¨® a la reuni¨®n con Solari Irigoyen en la residencia del embajador y resta importancia a los. incidentes all¨ª producidos, porque "son exaltaciones en el di¨¢logo, l¨®gicas tras un per¨ªodo tan nefasto como el que vivi¨® Argentina bajo la dictadura militar, uno de los m¨¢s nefastos de Am¨¦rica".
Es dif¨ªcil saber cu¨¢ntos argentinos han vivido en Espa?a durante los siete a?os largos de dictadura. Y tambi¨¦n cu¨¢ntos han regresado desde la restauraci¨®n democr¨¢tica. Seg¨²n datos facilitados por la Comisar¨ªa General de Documentaci¨®n, correspondientes a finales de 1982 -¨²nicos disponibles hasta el momento-, hab¨ªa en Espa?a 215 refugiados argentinos, 3.500 residentes permanentes (con plazo de estancia de un a?o) y 7.500 residentes. Fuentes policiales estiman entre 4.000 y 5.000 los argentinos que pueden estar actualmente en Espa?a de forma ilegal.
Militares pr¨®fugos
Entre estos ¨²ltimos, y de acuerdo con los rumores que circulan por la colonia argentina en Madrid, podr¨ªan figurar algunos militares que han huido recientemente de la justicia por su implicaci¨®n en la guerra sucia o en el llamado terrorismo blanco, consistente en la esquilmaci¨®n de los recursos econ¨®micos del pa¨ªs desde los puestos de gerentes y directivos en empresas de todo tipo que detentaron durante la dictadura.
Aparte del caso Almir¨®n, guardaespaldas del l¨ªder de la oposici¨®n, Manuel Fraga, denunciado como presunto miembro de la Triple A, y de otro par de denuncias publicadas en la Prensa contra dos argentinos que trabajan, respectivamente, en Radiotelevisi¨®n Espa?ola y en una empresa automovil¨ªstica, por sus presuntas relaciones con la represi¨®n, no hay acusaciones concretas contra miembros de las Fuerzas Armadas argentinas establecidos en Espa?a.
En cambio, rumores s¨ª hay muchos, desde las compras masivas por pr¨®fugos argentinos de propiedades y pisos en las cercan¨ªas de Madrid, especialmente Majadahonda y Las Rozas, hasta los que aseguran que un torturado en la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada se encontr¨® de bruces con su torturador o delator en el aeropuerto de Barajas. El periodista argentino Jacobo Timerman, ex director de La Opini¨®n, que sufri¨® personalmente la represi¨®n de la dictadura antes de exiliarse, escrib¨ªa a primeros de enero que centenares de militares se han refugiado en Espa?a, y cifraba en 1.200 el n¨²mero de oficiales, de mayor a general, que han huido de Argentina para establecerse en Uruguay, Chile y Espa?a.
"Aunque sean ciertos estos rumores de que muchos militares argentinos se est¨¢n instalando aqu¨ª, tenemos muy pocos medios de averiguarlo", dice un funcionario de Asuntos Exteriores. "No se necesita visado, y cualquier ciudadano argentino puede entrar en Espa?a y permanecer hasta tres meses sin ning¨²n tipo de control. Por otra parte, para que las autoridades espa?olas actuaran contra alguna de esas personas necesitar¨ªan un requerimiento judicial de Argentina. Si aqu¨ª alguien denuncia a un presunto asesino o torturador, no se puede hacer nada si no hay una orden de b¨²squeda de la Interpol o una demanda de extradici¨®n".
De la misma opini¨®n participa Silvia Escobar, subdirectora de la Oficina de Derechos Humanos -recientemente creada en Asuntos Exteriores- y ex presidenta de Amnist¨ªa Internacional en Espa?a. "Si las Naciones Unidas declararan crimen contra la humanidad la tortura y la desaparici¨®n de personas, estos delitos ser¨ªan perseguibles aqu¨ª y en cualquier parte del mundo. Pero, desgraciadamente, falta todav¨ªa mucho tiempo para eso".
Lo que s¨ª parece estar claro es que los presuntos delincuentes que se refugiaran en Espa?a no podr¨ªan acogerse a la futura ley de asilo. "Si en Argentina existe un r¨¦gimen que respeta los derechos humanos, los pr¨®fugos no pueden pedir aqu¨ª la condici¨®n de refugiados pol¨ªticos", opina otro experto del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la condici¨®n de refugiado fue aprobado por el Congreso el 29 de noviembre del a?o pasado, y ahora debe serlo por el Senado. En el Grupo Socialista se prepara una enmienda en la que se proh¨ªba de forma expresa acogerse a los beneficios de la futura ley a toda persona implicada en torturas, asesinatos o desapariciones. En los c¨ªrculos de exiliados vinculados a la defensa de los derechos humanos se ve muy favorablemente esta iniciativa de la C¨¢mara alta, que impedir¨ªa a esos criminales buscar refugio en Espa?a.
Un especialista en temas latinoamericanos duda, sin embargo, que los militares argentinos, sobre todo los culpables de delitos de sangre, vayan a elegir la Espa?a democr¨¢tica para escapar a la persecuci¨®n de la justicia, teniendo pa¨ªses m¨¢s pr¨®ximos y con reg¨ªmenes dictatoriales, como Uruguay, Paraguay, Brasil o, incluso, Chile. "En Madrid hay demasiados montoneros por metro cuadrado para que los implicados en la guerra sucia vengan a esconderse precisamente aqu¨ª. Y menos por centenares", comenta.
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