La Administraci¨®n p¨²blica, una asignatura pendiente para la legislatura pr¨®xima

Todas las opciones pol¨ªticas con posibilidad de gobernar Catalu?a que concurrieron a las elecciones auton¨®micas del 20 de marzo de 1980 coincid¨ªan en que una de sus prioridades, si obten¨ªan la victoria en las urnas, ser¨ªa conseguir una administraci¨®n catalana m¨¢s agil y menos burocr¨¢tica. Era una excelente oportunidad, quiz¨¢s ¨²nica, repet¨ªan los responsables de todos los partidos, para dotar a Catalu?a de una administraci¨®n p¨²blica moderna, diferente, sin los vicios de la Administraci¨®n central, y que estuviera basada en criterios de eficacia, justicia y celeridad. Una administraci¨®n, en definitiva, que no condicionara su actuaci¨®n profesional a las consignas de ning¨²n partido.

Cuatro a?os despu¨¦s de las promesas electorales de 1980, la Administraci¨®n auton¨®mica que deja en herencia el Gobierno Pujol al ejecutivo que surja de las urnas el pr¨®ximo 29 de abril es, a grandes rasgos, similar a la que recibi¨®. Con los mismos defectos, aunque agravados con el paso de estos a?os. ?Qu¨¦ ha pasado para que la Generalitat no haya conseguido mejorar las relaciones entre la administraci¨®n y los administrados?. ?A qu¨¦ se debe la escasa incidencia legislativa en esta materia?.En estos cuatro a?os la Generalitat ha pasado de tener unos pocos miles de funcionarios a contar con 72.340, de los cuales 2.936 han sido contratados por la Administraci¨®n auton¨®mica. Hay que tener en cuenta que una parte importante de los 72.340 funcionarios son de Ense?anza, Sanidad y Seguridad Social, materias en las que la Generalitat ha recibido transferencias tan importantes como el Insalud, con mucho personal. En la etapa Tarradellas fueron firmados tan solo 202 contratos administrativos entre todos los departamentos.

Escaso uso del Parlament

El balance legislativo que ofrece Converg¨¨ncia i Uni¨® en materia de Funci¨®n P¨²blica al t¨¦rmino de la legislatura es, cuando menos, escaso y refleja una infrautilizaci¨®n del Parlament. Tan solo dos actuaciones en cuatro a?os: la ley de medidas urgentes de la Funci¨®n P¨²blica, aprobada en junio de 1981, y un decreto complementando la ley, de octubre del mismo a?o, que especificaba las funciones a realizar por el personal administrativo, as¨ª como la ampliaci¨®n de la escala de los puestos de trabajo de la Generalitat.

El conseller Maci¨¤ Alavedra ha insistido en que el cors¨¦ de la Constituci¨®n -que en su art¨ªculo 149.1.18 reserva al Estado la competencia exclusiva sobre "las bases del r¨¦gimen jur¨ªdico de las Administraciones p¨²blicas y del r¨¦gimen estatutario de sus funcionarios" con el fin de garantizar a los administrados "un tratamiento com¨²n ante ellas"- ha bloqueado cualquier iniciativa.

La oposici¨®n critica que no se haya aprovechado el margen de maniobra que permite el Estatut, que en su art¨ªculo 10. 1.1 atribuye a la Generalitat "en el marco de la legislaci¨®n b¨¢sica del Estado el desarrollo legislativo y la ejecuci¨®n de las materias siguientes: r¨¦gimen jur¨ªdico y sistema de responsabilidad de la Administraci¨®n de la Generalitat y de los entes p¨²blicos que de ella dependan, as¨ª como el r¨¦gimen estatutario de los funcionarios".

La forma de contratar

Las acusaciones de irregularidades en las contrataciones y de marginaci¨®n del personal transferido han sido dos de los ataques m¨¢s utilizados por la oposici¨®n parlamentaria al Gobierno Pujol. La izquierda ha repetido hasta la saciedad en el Parlament que los ¨®rganos de selecci¨®n para las contrataciones no han sido imparciales, que las pruebas han estado mal convocadas, que ha habido poca publicidad de las plazas a concurso y que han existido irregularidades. Los 2.936 nuevos contratados han sido, para la oposici¨®n, un desafortunado intento de crear una administraci¨®n paralela a trav¨¦s de un mal uso del recurso de contratar nuevo personal.

Los departamentos de la Generalitat han utilizado tres v¨ªas para la contrataci¨®n de nuevo personal: contratos de tres meses sin ex¨¢menes y sin convocatoria p¨²blica; contratos de m¨¢s de tres meses y menos de un a?o, con convocatoria p¨²blica y pruebas selectivas; y contratos en r¨¦gimen transitorio, con vigencia hasta que se apruebe la ley de la Funci¨®n P¨²blica de Catalu?a, la cual determinar¨¢ la forma de acceso a la condici¨®n de funcionarios de carrera de la Generalitat. Existe un principio de acuerdo entre el ministro de la Presidencia del Gobierno central, Javier Moscoso, y el conseller Alavedra para mantener la estabilidad de trabajo entre el personal contratado por la Generalitat.

En la actualidad, de 1469 nombramientos de puestos de mando intermedio (jefes de negociado, jefes de secci¨®n y jefes de servicio) 521 han recaido en funcionarios transferidos y 528 en personal contratado por la Generalitat, seg¨²n datos de la Direcci¨®n General de Funci¨®n P¨²blica de la Generalitat. El nivel retributivo entretraspasados y contratados es favorable a los primeros en las categor¨ªas m¨¢s alta y viceversa, seg¨²n se detalla en el cuadro adjunto.

El programa de CiU

El tema de la Funci¨®n P¨²blica no era para los dirigentes de la coalici¨®n Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) un pilar b¨¢sico en la Catalu?a aut¨®noma si se atiende a su programa electoral de 1980. El conjunto de medidas que CiU propugnaba en aquel programagiraban en tomo a un objetivo fundamental, con diversas vertientes: la creaci¨®n de un funcionariado catal¨¢n con estilo propio, esp¨ªritu de servicio y catalanidad, y mencionaba, entre otras dificultades para ello, "la absorci¨®n de funcionarios, y el esfuerzo de adaptarlos a a la nueva situaci¨®n, a un estilo democr¨¢tico y catal¨¢n y al normal uso de nuestra lengua, comportar¨¢ unas dificultades importantes, aunque pasajeras".