Un juez de San Sebasti¨¢n investiga la causa de que 10 guardias civiles no compareciesen en un careo sobre presuntas torturas

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de San Sebasti¨¢n ha abierto una investigaci¨®n para determinar las causas de la incomparecencia de 10 guardias civiles citados a un careo previsto para ayer en ese mismo juzgado. La investigaci¨®n iniciada, caso de eidstir indicios de culpabilidad, puede derivar en la apertura de un sumario al director general, de la Guardia Civil, teniente general Jos¨¦ Antonio S¨¢enz de Santa Mar¨ªa, como presunto autor de un delito de denegaci¨®n de auxilio a la justicia.

Esta iniciativa judicial se produce ante la sospecha de que la Direcci¨®n General de la Guardia Civil haya adoptado una postura deliberada de falta de colaboraci¨®n con las investigaciones que se realizan para identificar a los guardias que en enero de 1982 supuestamente torturaron a Juana Goikoetxea Azcue, de 55 a?os, vecina de Guetaria y actualmente en libertad.El forense y los m¨¦dicos que la atendieron tras su estancia en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de San Sebasti¨¢n certificaron lesiones y magulladuras que han supuesto para la v¨ªctima un total de 474 d¨ªas de convalecencia e incapacitaci¨®n y le han dejado secuelas de tipo nervioso. Seg¨²n la denuncia, la mujer fue apaleada y sometida a torturas como la ba?era y la aplicaci¨®n de electrodos por los guardias civiles que la interrogaron.

"Necesidades del servicio"

El pasado lunes, la Direcci¨®n General de la Guardia Civil envi¨® al juzgado de instrucci¨®n de San Sebasti¨¢n un telegrama en el que indicaba que, "por necesidades del servicio", ninguno de los 10 guardias citados pod¨ªa comparecer al careo previsto para ayer.

Fuentes judiciales manifestaron ayer a EL PA?S que la falta de colaboraci¨®n policial con la Justicia constituye una pr¨¢ctica normal en los casos en los que se persiguen delitos de tortura, y que este hecho, "suficientemente probado", pone de manifiesto "la necesidad de crear una verdade" ra polic¨ªa judicial. Es, corriente que tras las denuncias de torturas o malos tratos se traslad¨¦ de destino a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado acusados de estos delitos y que se alegue que se encuentran realizando cursillos, que deben acudir a un funeral, o explicaciones semejantes, en el momento en que son citados a declarar. Las investigaciones", indican las nuismas fuentes, "se alargan enormemente, y siempre cabe la posiblidad de que cambie el titular del juzgado que sigue las diligencias y que el asunto termine archiv¨¢ndose".

Los jueces apuntan que frecuentemente los autores de las denuncias y presuntas v¨ªctimas no reconocen a ninguno de sus supuestos torturadores, dato que les induce a pensar en la posibilidad de que los miembros de las fuerzas de seguridad que se someten a las ruedas de identificaci¨®n no son, en ocasiones, los mismos que participaron en los interrogatorios de los detenidos presuntamente torturados.Hay que tener en cuenta, se?alaron los referidos informantes "que la labor de colaboraci¨®n e investigaci¨®n policial' recae en compa?eros de los propios acusados. Mientras no exista una verdadera polic¨ªa judicial, la Justicia se ver¨¢ permanentemente condicionada por la resistencia del poder policial", aseguran dichos jueces. En el supuesto de que la investigaci¨®n ordenada por el juzgado de instrucci¨®n de San Sebasti¨¢n derive en la apertura de un sumario al director general de la Guardia Civil, el caso pasar¨¢ a manos de la Sala Seg unda del Tribunal Supremo, ¨²nica instan cia competente para juzgar al titular del cargo que ostenta el teniente general S¨¢enz de Santa Mar¨ªa.

Al parecer, como paso previo a la apertura del sumario, el juez que instruye las diligencias previas quiere confirmar que el telegrama firmado por la Direcci¨®n General de la Guardia Civil reci bido el pasado mi¨¦rcoles fue dictado en esos t¨¦rminos por orden de Jos¨¦ Antonio S¨¢enz de Santa Mar¨ªa. El pasado 30 de marzo, el juzgado donostiarra solicit¨® mediante un oficio dirigido al director general de la Guardia Civil que ordenara a los guardias citados que compareciesen en el careo anunciado para ayer. Hace ya semanas que el propio director general de la Guardia Civil comunic¨® al juzgado que hab¨ªa cursado las ¨®rdenes pertinentes para el cumplimiento de la diligencia. Los 10 guardias civiles llamados a declarar cumplen actualmente destino en Santander, Madrid, Tenerife y Guip¨²zcoa.

Precedente

Recientemente, un juzgado de San Sebasti¨¢n proces¨® al antiguo responsable del Mando Unico de la Lucha Contraterrorista (MULC) Manuel Ballesteros por un presunto delito de denegaci¨®n de auxilio a la justicia. El comisario Manuel Ballesteros acudi¨® finalmente' a declarar ante el juzgado donostiarra, tras haber ignorado tres citaciones anteriores. El colegio de abogados de San Sebasti¨¢n ha acordado, por otra parte, solidarizarse p¨²blicamente con los acuerdos adoptados por la junta de jueces de la ciudad en los que se denunciaba la pr¨¢ctica de torturas y malos tratos y los frecuentes traslados a otras jurisdicciones de los detenidos. sometidos a la ley Antiterrorista.

La publicidad de tales acuerdos motiv¨® la apertura, por parte del Consejo General del Poder Judicial, de un expediente a cuatro magistrados de la Junta de Jueces de San Sebasti¨¢n.