La oposici¨®n conservadora califica de "peligros¨ªsima" la nueva ley de aguas, mientras el Gobierno busca el consenso

El proyecto de ley de Aguas que el Gobierno intenta consensuar con partidos pol¨ªticos y sectores afectados puede convertirse en la ley m¨¢s pol¨¦mica del pr¨®ximo oto?o, si el Grupo Popular mantiene su actitud de oposici¨®n frontal al proyecto. El ministro de Obras P¨²blicas y Urbanismo, Juli¨¢n Campo, manifest¨® a este peri¨®dico que "esta ley es de tal trascendencia nacional que tiene que sobrepasar los intereses de un partido concreto o de un Gobierno coyuntural. Es una cuesti¨®n de Estado, y como tal pretendemos aprobarla con el acuerdo de todos los partidos pol¨ªticos y los sectores sociales afectados". Sin embargo, el jefe de la oposici¨®n conservadora, Manuel Fraga, ha adelantado que se trata de "una ley peligros¨ªsima", y en Alianza Popular no se oculta que bien podr¨ªa suscitar una oposici¨®n como la que en su d¨ªa tuvo la ley m¨¢s contestada del Gobierno, la de Educaci¨®n.

En la conferencia de prensa que Manuel Fraga convoc¨® recientemente para enjuiciar el segundo curso pol¨ªtico del Gobierno socialista, el l¨ªder de la oposici¨®n calific¨® la ley de Aguas como "una ley peligros¨ªsima", y la situ¨® entre las m¨¢s "socializantes" del actual Gabinete de Felipe Gonz¨¢lez. El ministro de Obras P¨²blicas y Urbanismo (MOPU), Juli¨¢n Campo, se ha entrevistado varias veces con Manuel Fraga, con el lendakari vasco, Carlos Garaicoetxea y con el presidente catal¨¢n, Jordi Pujol. Campo, que considera la ley como "absolutamente necesaria" y "una cuesti¨®n de Estado", conf¨ªa en llegar a un acuerdo con la oposici¨®n y convertir este proyecto en la primera ley que se aprueba por consenso desde la constituci¨®n del Gabinete socialista.Hay tres aspectos en el anteproyecto de ley de Aguas, sin embargo, que est¨¢n dificultando notablemente el acuerdo con los grupos parlamentarios de la oposici¨®n. Se trata de la nacionalizaci¨®n de las agua subterr¨¢neas que superen los 3.000 metros c¨²bicos de caudal al a?o; del control p¨²blico de las mismas, y de las competencias que corresponden al Estado y las que corresponden a los Gobiernos aut¨®nomos sobre su aprovechamiento y distribuci¨®n.

La ley vigente en la actualidad, que data de 1897, signific¨® una revoluci¨®n en su tiempo. Declar¨® propiedad del Estado todas las aguas superficiales y mantuvo como propiedad privada las subterr¨¢neas. El proyecto de ley que ha elaborado ahora el Gobierno va un paso m¨¢s all¨¢ y nacionaliza el agua del subsuelo espa?ol. Esta medida afectar¨¢ a medio mill¨®n de pozos de riego cuyos propietarios van a tener que solicitar al Gobierno la concesi¨®n para el aprovechamiento del agua subterr¨¢nea, el "permiso" para poder extraer la cantidad de agua que el Gobierno determine y el pago de un canon al Estado (a¨²n no cuantificado) como propietario de la misma.

Lo que la oposici¨®n conservadora califica como "nacionalizaci¨®n de los pozos de riego" ha levantado no pocas suspicacias entre los afectados, sobre todo las asociaciones de regantes de la zona de la Comunidad Valenciana, donde est¨¢ ubicada la inmensa mayor¨ªa de esos 500.000 pozos registrados. El peligro de burocratizaci¨®n y el freno a la iniciativa privada que, al menos en esa zona espa?ola, ha dado hasta ahora magn¨ªficos resultados, son los dos puntos claves que centran el recelo de los regantes. El Gobierno, sin embargo, insiste una y otra vez en que no se van a nacionalizar los pozos de riego, sino el agua de los rnismos. La propiedad de los pozos seguir¨¢ siendo privada y las inversiones que se efect¨²en en ellos correr¨¢n por cuenta de sus propietarios.

El conflicto puede surgir por la sobrexplotaci¨®n de los pozos, es decir, cuando el Gobierno estime que no pueda extraerse de los pozos m¨¢s que una cantidad determinada de metros c¨²bicos de agua y los propietarios necesiten sacar m¨¢s para poder atender el riego.

En estos casos primar¨¢ el criterio estatal, y, si el propietario del pozo hace caso omiso de las directrices gubernamentales, se proceder¨¢ a la expropiaci¨®n forzosa sin derecho a indemnizaci¨®n.

"La normativa legal", dice textualmente un estudio efectuado por expertos del MOPU, "se debe preocupar fundamentalmente de regular la explotaci¨®n m¨¢s que de los posibles derechos del propietario del suelo, sin perjuicio de que ¨¦stos sean respetados de la mejor manera posible, mediante un adecuado r¨¦gimen transitorio". Este r¨¦gimen trasitorio se contempla en el anteproyecto de ley -que ser¨¢ aprobado por el Consejo de Ministros a la vuelta del verano- y significa que, en principio, los propietarios de los pozos que pidan la concesi¨®n del agua al Gobierno ver¨¢n esta concesi¨®n renovada autom¨¢ticamente por un per¨ªodo de 75 a?os, seg¨²n se?al¨® el titular de Obras P¨²blicas, Juli¨¢n Campo.

El anteproyecto de ley de Aguas establece asimismo tres causas para que se extinga el "derecho a uso privado de las aguas subterr¨¢neas": t¨¦rmino del plazo de concesi¨®n, renuncia expresa del concesionario y expropiaci¨®n forzosa. Este ¨²ltimo supuesto se aplicar¨¢ cuando el pozo est¨¦ enclavado en una cuenca que el Gobierno declare sobreexplotada, en casos de "sequ¨ªa excepcional", si el Plan Hidrol¨®gico as¨ª lo aconseja -en estos dos supuestos el propietario tendr¨¢ derecho a indemnizaci¨®n-, si el concesionario no cumple las normativas de explotaci¨®n -por ejemplo si extrae m¨¢s agua de la permitida o si le da un uso contrario al inicialmente solicitado-, y, finalmente, si durante tres a?os consecutivos se interrumpe la explotaci¨®n.