La inmunidad jur¨ªdica de los pol¨ªticos

La desaparici¨®n de la desigualdad jur¨ªdica del antiguo r¨¦gimen, dio un paso definitivo con la Declaraci¨®n de los Derechos del Hombre, de 1789, que proclam¨® la igualdad de todos los hombres ante la ley. Ello signific¨® un cambio radical para la situaci¨®n de nobles poderosos que eran castigados con penas m¨¢s suaves en su ejecuci¨®n y de car¨¢cter menos deshonroso que las impuestas a los humildes. El principio fue confirmado despu¨¦s en la Declaraci¨®n Universal de los Derechos del Hombre de 1948.En el campo penal la igualdad jur¨ªdica ha significado la consagraci¨®n del dobl¨® principio de que a todos los hombres se les aplican las mismas leyes y de que todos son objeto de id¨¦ntica protecci¨®n penal. Principio que s¨®lo admite excepciones relativas a los jefes de Estado, diputados, senadores y diplom¨¢ticos. Las inmunidades parlamentarias fueron concedidas en su origen como un medio de reforzar la situaci¨®n precaria de las, asambleas elegidas frente al poder. Los posteriores progresos de los Parlamentos hacen que su justificaci¨®n sea menos evidente y a veces se consideren m¨¢s bien como privilegios que se otorgan los mismos interesados, seg¨²n la doctrina m¨¢s reciente.

El tema ha sido abordado precis¨¢mente por el actual presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, Ces¨¢reo Rodr¨ªguez Aguilera, en su tesis doctoral sobre El poder judicial en la Constituci¨®n. El magistrado comenta la excepci¨®n de car¨¢cter pol¨ªtico constitucional al principio de igualdad que constituye la inviolabilidad e inmunidad que gozan los diputados y senadores, y el privilegio de competencia jurisdiccional que repecto de ellos se establece en la Constituci¨®n.

"Tradicional en el derecho constitucional espa?ol y extranjero", afirma Rodr¨ªguez Aguilera", "la inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones resulta l¨®gica, como garant¨ªa de la libertad pol¨ªtica. La inmunidad, en cambio, que impide que sean detenidos, salvo en caso de flagrante delito, inculpados o procesados sin la previa autorizaci¨®n de la C¨¢mara respectiva, deber¨ªa restringirse a los casos que tuvieran relaci¨®n con las actividades propias de su funci¨®n de parlamentarios, excluyendo aquellos otros que nada tienen que ver con ellas".