Ruiz-Gim¨¦nez estudia la presentaci¨®n de un recurso contra la ley de Objeci¨®n de Conciencia

"Tenemos que ser beligerantes contra la tortura", declar¨® ayer a EL PA?S el defensor del pueblo, Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez, poco despu¨¦s de entrevistarse con el ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, y de proponerle el establecimiento de un mecanismo r¨¢pido "para investigar los casos de torturas de los que tengamos noticia directa o a trav¨¦s de la Prensa". Ruiz-Gim¨¦nez inform¨® que estudia la presentaci¨®n de un recurso de inconstitucionalidad contra la futura ley de Objeci¨®n de Conciencia y, en cuanto a la ley Antiterrorista, se?al¨®: "Nadie nos lo ha pedido".

Ante los datos sobre torturas recientemente publicados y, en concreto, respecto al informe de Amnist¨ªa Internacional (Al) relativo a 1983 (ve¨¢se EL PA?S de ayer), Ruiz-Gim¨¦nez manifest¨® que se encuentra a la espera de recibirlo y que, en cualquier caso, dijo, "estamos dispuestos a actuar, ante cualquier denuncia concreta sobre torturas o simples malos tratos, cerca del Ministerio del Interior y el fiscal general del Estado".Hasta el momento, s¨®lo han llegado al Defensor del Pueblo unas 20 denuncias de este tipo. Ruiz-Gim¨¦nez se?al¨® la necesidad de imponer las sanciones que correspondan a los responsables de estas pr¨¢cticas, "del mismo modo que si en la investigaci¨®n realizada", dijo, "se descubre la existencia de una denuncia falsa, habr¨¢ que velar por el derecho al honor del funcionario falsamente acusado". En opini¨®n de Ruiz-Gim¨¦nez, "en los casos de torturas hay que llegar hasta el final".

Entre los mecanismos estudiados ayer en la reuni¨®n con el ministro del Interior, figura la posible presencia directa del Defensor del Pueblo en los centros de detenci¨®n, teniendo en cuenta que esta instituci¨®n es la encargada constitucionalmente de defender los derechos y libertades comprendidos en el t¨ªtulo primero de la Carta Magna, entre los que se encuentra el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Ruiz-Gim¨¦nez coment¨® sonriendo que, de proliferar estas denuncias, "ahora s¨ª que necesitar¨ªa un helic¨®ptero".

Preguntado sobre la posibilidad de que el Defensor del Pueblo plantee un recurso de inconstitucionalidad contra la denominada ley Antiterrorrista, en caso de que el Parlamento deje subsistentes los aspectos del texto actual que favorecen la pr¨¢ctica de la tortura, seg¨²n han se?alado algunos sectores jur¨ªdicos, Ruiz-Gim¨¦nez contest¨® que, a diferencia de lo ocurrido con otras leyes, "contra ¨¦sta, que hace m¨¢s severas las medidas por delitos cometidos por bandas armadas, no se nos ha pedido nada".

El Defensor del Pueblo estim¨¦, que, en principio, dicha ley, en cuanto se ajuste a un desarrollo correcto del art¨ªculo 55.2 de la Constituci¨®n, no es inconstitucional. "El problema est¨¢", dijo, .en el uso que se haga de esa ley". A?adi¨® que, en todo caso, la ley todav¨ªa no ha sido promulgada, e insisti¨® en que nadie ha solicitado el recurso. Sobre este ¨²ltimo punto, la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos tiene previsto pedir formalmente al Defensor del Pueblo la presentaci¨®n de dicho recurso ante el Tribunal Constitucional.

Ruiz-Gim¨¦nez inform¨® que, en cambio, en cuanto a la ley de Objeci¨®n de Conciencia, s¨ª ha sido solicitado formalmente el recurso, que se encuentra en estudio por el Defensor del Pueblo. El primer solicitante fue el Movimiento de Objetores de Conciencia de Catalu?a, apoyado por la Comisi¨®n de Justicia y Paz, Asociaci¨®n pro Naciones Unidas de Barcelona y otras organizaciones de ese tipo. "Por el momento, s¨®lo le puedo decir que lo estamos estudiando", se?al¨® Ruiz-Gim¨¦nez. Tambi¨¦n explic¨® que los principales argumentos aducidos son las facultades atribuidas al Consejo Nacional de Objeci¨®n de Conciencia, que afectan a la conciencia del objetor, la duraci¨®n de la objeci¨®n de conciencia y cierta jerarquizaci¨®n militar en la prestaci¨®n social sustitutoria.

La APDH se sum¨® ayer a los peticionarios del recurso, mediante un escrito al Defensor del Pueblo en el que a los argumentos anteriores a?ade el trato discriminatorio de los objetores respecto a las personas que realizan el servicio militar, as¨ª como "la profunda desconfianza hacia el objetor de conciencia" que subyace en el proyecto de ley y la sobrevaloraci¨®n que hace del servicio de armas frente al servicio social.

Ruiz-Jim¨¦nez expres¨® su preocupaci¨®n por el cumplimiento de los derechos y libertades, especialmente en las c¨¢rceles. En concreto, mostr¨® su inquietud por el car¨¢cter rudimentario de las instalaciones destinadas al vis a vis, "no propias de la dignidad del contacto humano del hombre y la mujer en una prisi¨®n, y hay algunas c¨¢rceles que ni siquiera tienen esa! instalaciones".

Reinserci¨®n social

Partiendo de ese problema, Ruiz-Gim¨¦nez expres¨® la conveniencia de desarrollar adecuadamente la ley org¨¢nica General Penitenciaria. En concreto, se refiri¨® a los necesarios estudios y trabajo durante el tiempo de permanencia en la c¨¢rcel y a la reinserci¨®n social de los presos, una vez fuera de la prisi¨®n.Frente a las cr¨ªticas realizadas desde algunos sectores, Ruiz-Gim¨¦nez asegur¨®: "Es inexacto que el Defensor del Pueblo preconice en exclusiva la prestaci¨®n de desempleo para los presos de ETA liberados en virtud del indulto. Lo que esta instituci¨®n ha pedido es que se desarrolle lo que establece la ley General Penitenciaria, que prev¨¦ dicha prestaci¨®n de desempleo para los excarcelados, lo cual no excluye su aplicaci¨®n al resto de los ciudadanos en paro". "Por el contrario", a?adi¨®, "el Defensor del Pueblo ha pedido siempre prioridad para el problema del paro, aunque lo tengamos que pagar todos los dem¨¢s espa?oles".