Los funcionarios judiciales defienden los cobros denunciados como ilegales

La corrupci¨®n econ¨®mica en la Administraci¨®n de justicia provoc¨® en la noche del pasado mi¨¦rcoles una acalorada discusi¨®n entre los participantes en la segunda de las jornadas sobre la ley org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), dedicada al tema. El coste de la justicia. Los funcionarios judiciales que intervinieron como ponentes evitaron la cuesti¨®n, y cuando se plante¨® en el coloquio afirmaron, contra la opini¨®n de la magistrada Manuela Carmena, que tales cobros son legales y que, aunque existen irregularidades, "no se debe generalizar".

Los funcionarios ponentes eran Pedro G¨®mez Garc¨ªa, oficial de la Administraci¨®n de Justicia y secretario general del Sindicato Libre de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administraci¨®n de Justicia; Manuel Lupi¨®n Sevilla, agente judicial y presidente del mismo sindicato; Jorge Yag¨¹e, auxiliar de la Administraci¨®n de Justicia, y Vicente Tejedor, secretario de juzgado, invitados por el Club Di¨¢logos para la Convivencia.Tampoco Jes¨²s Rub¨ª, director del Gabinete T¨¦cnico del ministro de Justicia, abord¨® el coste de la justicia para los ciudadanos. S¨®lo lo hizo la magistrada Manuela Carmena, quien explic¨® que el decreto de tasas no se cumple, ya que en los juzgados no deber¨ªa circular dinero, sino s¨®lo timbres del Estado, y que tampoco se especifican en sitio visible los precios de las tasas legales. A?adi¨® que las corruptelas se amparan precisamente en estos incumplimientos.

En cuanto a la soluci¨®n radical del problema, la gratuidad de la justicia, el magistrado Antonio Carretero record¨® que los ciudadanos deben saber que, seg¨²n la reciente reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil, la gratuidad total afecta a la gran mayor¨ªa de los espa?oles, porque est¨¢ establecida para quienes ganen menos del doble del salario m¨ªnimo interprofesional, esto es, menos de 66.500 pesetas, y que hay derecho a rebajas sustanciales para los que ganan menos del cu¨¢druplo, que son 133.000 pesetas.

600.000 pesetas para tres

En el coloquio que sigui¨® a las intervenciones de los ponentes, Jos¨¦ Luis Barrag¨¢n, juez de lo penal, pregunt¨® si, como se ha publicado, "es o no cierto que la citaci¨®n de un testigo puede costar al particular 2.000 pesetas". Aport¨® como testimonio que, durante su etapa de juez en Denia (Alicante), un oficial, un agente y un auxiliar se repart¨ªan en un mes unas 600.000 pesetas por gastos de locomoci¨®n.Lupi¨®n respondi¨® que tales cobros son legales, y asegur¨® que respaldan esta opini¨®n "23 jueces de Madrid" y "la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura". Implic¨® tambi¨¦n al Ministerio de Justicia en el respaldo del cobro a los particulares, "al dotar de pases gratuitos en los medios de transporte p¨²blico a los funcionarios de los juzgados penales y no a los de los civiles". A?adi¨® que, en todo caso, los cobros no pueden ser ilegales "desde el momento en que son p¨²blicos y pueden ser impugnados".

Manuela Carmena reconoci¨® la falta de control de los jueces sobre la actividad econ¨®mica de sus juzgados y asegur¨® que la mayor¨ªa de las cantidades que se perciben en ellos son ilegales y en especial la de "suplidos y reintegros", que reporta a veces hasta cientos de miles de pesetas a los funcionarios que las perciben, sin que figure en la tasaci¨®n de costas. Record¨® que muchos funcionarios judiciales cobran indebidamente a los particulares indemnizaciones por salidas que ni siquiera realizan ellos, sino los llamados citeros, esto es, personal subempleado que percibe s¨®lo una ¨ªnfima parte de lo que se entrega al funcionario.

Tejedor dijo que la magistrada ten¨ªa raz¨®n, "pero no toda la raz¨®n", y que no debe extenderse a todos los juzgados lo que pueda ocurrir en Madrid y Barcelona, "porque en Tarragona y Granollers, por ejemplo", dijo, "no hay citeros". G¨®mez Garc¨ªa atribuy¨® lo publicado sobre la corrupci¨®n en la justicia al prop¨®sito de "vilipendiar a algunos cuerpos de la justicia, precisamente cuando va a debatirse la LOPP.

Rub¨ª estim¨® aconsejable no generalizar e inform¨® de las soluciones que el Ministerio de Justicia "est¨¢ pensando": franquicia postal para las citaciones por correo; extensi¨®n a la jurisdicci¨®n civil del sistema de pago de la locomoci¨®n en lo penal, y pago por el Estado de las dietas cuando el funcionario sale fuera de su t¨¦rmino municipal.

V¨ªctor Fern¨¢ndez, funcionario judicial representante de Comisiones Obreras, pidi¨® la derogaci¨®n expresa de los cobros ilegales y la percepci¨®n de los legales en oficinas centrales ajenas a los juzgados, as¨ª como la desaparici¨®n de los citeros y la prohibici¨®n de abonar extratipos.

El coloquio se acalor¨® ante la impasibilidad del moderador, Jos¨¦ Mario Armero. Algunos funcionarios respondieron a las acusaciones de cobros ilegales por cientos de miles de pesetas imputando a los magistrados corrupciones de millones; otro, de Alcal¨¢ de Henares, se quej¨® de la dificultad de citar gratuitamente a 72 kil¨®metros de distancia, "al precio que est¨¢ la gasolina", y un hombre que dijo ser "cronista judicial" hizo acusaciones generalizadas a los jueces civiles -"el juez civil sabe robar con sofisticaci¨®n", dijo.