El Ayuntamiento de Collado Villalba apela al Consejo de Ministros para que evite el derribo de 29 viviendas

La comisi¨®n permanente del Ayuntamiento de Collado Villalba aprob¨® en su reuni¨®n del 10 de enero una petici¨®n al Consejo de Ministros para que detenga la ejecuci¨®n de una sendel que no supieron nada hasta hace pocos meses. El propio alcalde, el socialista Carlos L¨®pez Jim¨¦nez, est¨¢ procesado por desobedecer los apremios judiciales para que cumpla la sentencia.

Que se sepa, ¨¦sta es la primera vez en la regi¨®n madrile?a que un edificio completo puede ser demolido por haberse construido ilegalmente. Las dos partes m¨¢s directamente perjudicadas parecen ser las m¨¢s inocentes, seg¨²n todos los testimonios recogidos: el alcalde actual y los propios ocupantes del edificio.La peque?a historia del edificio Las Palmeras, situado en el cruce de la calle de Honorio Lozano -antigua ca?ada de ganado- y de la traves¨ªa de la Virgen del Pilar, se inicia el 2 de abril de 1974, cuando un propietario de Collado Villabla, el aparejador Inocencio Mor¨¢n, vende un solar de unos 1.000 metros cuadrados a Jacinto Mayoral, constructor, Raimundo Rey, entonces interventor de una entidad bancaria, y Francisco Mart¨ªn, secretario del juzgado de distrito.

El Ayuntamiento, a pesar de que las normas subsidiarias del pueblo s¨®lo permit¨ªan en la parcela la construcci¨®n de entre 9 y 12 viviendas, distribuidas en tres plantas, concede, el 2 de febrero de 1985, licencia de construcci¨®n para un inmueble de 30 viviendas, m¨¢s los locales comerciales situados en la planta baja. Se construyeron s¨®lo 29.

Apenas un a?o m¨¢s tarde, el 2 de agosto de 1976, el vendedor de los terrenos, al advertir que se estaba construyendo un volumen superior al autorizado por las normas subsidiarias, presenta demanda contra el Ayuntamiento ante la Sala Tercera de lo Contencioso de la Audiencia Territorial. En abril de 1979 las elecciones municipales dan la victoria al PSOE y ocupa la alcald¨ªa Carlos L¨®pez. La nueva corporaci¨®n conoce la ilegalidad del edificio, pero se resiste a desalojar a unos inquilinos, en su mayor¨ªa vecinos del pueblo, que, seg¨²n el alcalde, actuaron de buena fe al comprar los pisos.

La Audiencia Territorial, en sentencia de 27 de julio de 1978, ordena la demolici¨®n. Los sucesivos recursos presentados por la nueva corporaci¨®n, de mayor¨ªa socialista, no arrojan resultado positivo. Tampoco cambia las cosas un recurso posterior ante el Tribunal Supremo, que el 17 de febrero de 1981 ratifica la sentencia de la Audiencia Territorial.

El Ayuntamiento, entonces, recurre al ¨²ltimo argumento que le queda y pide al Supremo que oficie un. requerimiento a la ya extinguida Comisi¨®n de Planeamiento y Coordinaci¨®n del ?rea Metropolitana (Coplaco) para conocer si el cumplimiento de la sentencia originar¨ªa perjuicios a terceras personas inocentes, como es el caso, seg¨²n explica la abogada de los vecinos, Dolores Guti¨¦rrez. Si el Tribunal Supremo tomara en cuenta este hecho, la sentencia no variar¨ªa pero, como en muchos otros casos, se le hubiera a?adido la coletilla de "imposible cumplimiento" y, al margen de las responsabilidades a que hubiera dado lugar, la amenaza de demolici¨®n quedar¨ªa eliminada.

Inexplicablemente para los vecinos, Coplaco emite un informe el 25 de enero de 1982 en el que se?ala que no existen motivos de inter¨¦s p¨²blico que impidan la ejecuci¨®n de la sentencia. Para .los inquilinos de Las Palmeras, la suerte estaba echada. En ¨¦sa fecha era delegado del Gobierno en Coplaco Carlos Conde Duque.

Sentencia inapelable

Carlos L¨®pez reconoce que la sentencia es inapelable por la v¨ªa judicial, pero aun as¨ª se niega a desalojar a unas familias de condici¨®n modesta que compraron sus pisos sin que nadie les advirtiera de la amenaza jur¨ªdica que pesaba sobre el bloque. El 19 de noviembre de 1984 la Audiencia Territorial dict¨® un decreto de desalojo que el Ayuntamiento no ha cumplido. Recientemente, el propio alcalde ha sido procesado por el Juzgado de Instrucci¨®n de San Lorenzo de El Escorial, a instancia de la Audiencia Territorial, por un presunto delito de desobediencia.

Carlos L¨®pez-todav¨ªa no se muestra excesivamente preocupado por el final de la historia. "La sentencia es justa, de acuerdo con la ley", dice, "porque el bloque se construy¨® sin respeto hacia las normas subsidiarias, pero yo no puedo destruir su vivienda a veintitantas familias que no tienen culpa de nada. La mayor¨ªa de ellos son vecinos del pueblo que viven all¨ª todo el a?o y no tienen grandes recursos econ¨®micos. No se trata de una segunda residencia. Si el bloque se derriba, se quedan en la calle, y el Ayuntamiento tampoco tiene dinero para hacer frente a las posibles indemnizaciones a que hubiera lugar".

Los vecinos del edificio Las Palmeras, entre los que hay varios trabajadores de Renfe, afirman que ellos, que son los m¨¢s perjudicados en este caso, no han recibido ninguna informaci¨®n sobre el proceso, desarrollado a sus espaldas hasta noviembre de 1984, cuando les comunicaron que, legalmente, ya no se pod¨ªa hacer nada.

Todos compraron sus viviendas cuando el proceso ya estaba en marcha y, en algunos casos, cuando ya exist¨ªa sentencia de demolici¨®n, aunque desconoc¨ªan estas circunstancias. En el Registro de la Propiedad de Collado Villalba no existe constancia de nada, afirman, hasta el punto de que el edificio sigue figurando en el registro como "libre de grav¨¢menes y cargas".