Sentencias de 'imposible cumplimiento'

Los hechos demuestran que la mayor¨ªa de las ¨®rdenes de demolici¨®n contra inmuebles que infringen una norma urban¨ªstica no llegan a ejecutarse. Las dificultades que establecen las propias normas legales, el inter¨¦s p¨²blico y el hecho de que en muchos casos sean las administraciones locales las responsables de la ilegalidad, y las obligadas, por tanto, a indemnizar, son casi siempre la causa de que las sentencias judiciales se consideren de imposible cumplimiento.Una vez demostrada la infracci¨®n y emitida la sentencia de la Audiencia Territorial que ordena la demolici¨®n, pueden transcurrir varios a?os hasta que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre el recurso que presentan invariablemente los afectados. Y lo m¨¢s probable es que si el Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia se aplique el principio de imposible cumplimiento, sobre la base de que los propietarios, en el caso de tratarse de viviendas, las compraron de buena fe y no se les puede dejar en la cae.

El caso m¨¢s significativo es el de la urbanizaci¨®n Parqueluz, en la barriada madrile?a de la Alameda de Osuna. En 1978 el Audiencia Territorial orden¨® el derribo de 1.000 viviendas, previa indemnizaci¨®n a sus propietarios y a las empresas poseedoras de las licencias de construcci¨®n.

El Ayuntamiento de Madrid era el responsable de la infracci¨®n. Hab¨ªa concedido licencias para construir los bloques sobre suelo clasificado como r¨²stico forestal. En diciembre de 1983 el Tribunal Supremo ratific¨® la sentencia pero dej¨® a criterio del Ayuntamiento la conveniencia o no de ejecutarla. Los edificios contin¨²an en pie porque el Ayuntamiento prefiri¨® modificar la clasificaci¨®n del suelo a emplear la piqueta y abonar indemnizaciones a un millar de propietarios.