Disgusto en medios jur¨ªdicos por la declaraci¨®n del secreto de las actuaciones

Numerosos medios jur¨ªdicos han expresado su disgusto por la resoluci¨®n judicial que declara el secreto de las actuaciones en relaci¨®n con la evasi¨®n de capitales investigada por el juez Luis Lerga. Sin embargo, fuentes de la Audiencia Nacional consideran la medida como "el precio que se paga" por llamar escalonadamente a declarar a los presuntos implicados, y justificaron la medida en la mec¨¢nica investigadora seguida.

Seg¨²n se puso de manifiesto en los citados medios jur¨ªdicos -fiscales, judiciales y de la abogac¨ªa- consultados por este peri¨®dico, el momento en que se ha decretado el secreto coloca en situaci¨®n de desigualdad a las primeras personas supuestamente implicadas en el esc¨¢ndalo, no beneficia en nada la investigaci¨®n y no sirve para evitar la posible fuga de nuevos implicados. Respecto a estas reticencias, las fuentes de la Audiencia Nacional reconocieron que, "a nivel individual, el impacto habr¨ªa sido menor si hubieran llegado a la opini¨®n p¨²blica al mismo tiempo los 27 ¨® 28 nombres que al parecer se barajan".Seg¨²n estas fuentes, los datos obtenidos de las diligencias realizadas en relaci¨®n con el diplom¨¢tico Francisco Javier Palaz¨®n Espa?ol condujeron hacia una serie de personas.

El hecho de que algunas de ellas hayan sido las primeramente citadas a declarar y sobre las que se ha centrado el inter¨¦s de los medios de comunicaci¨®n social no es consecuencia de que su presunta implicaci¨®n sea de mayor claridad o gravedad, sino que se debe, siempre seg¨²n las citadas fuentes de la Audiencia Nacional, a que las iniciales y el n¨²mero de tel¨¦fono que figuraban en los papeles ocupados a Palaz¨®n favorec¨ªan su m¨¢s f¨¢cil identificaci¨®n.

Otras fuentes jur¨ªdicas consideraron, en cambio, que no caben disculpas para la actuaci¨®n del juez Luis Lerga, que debi¨® facilitar la lista completa de los supuestamente implicados, en lugar de lanzar "a los pies de los caballos" -expresi¨®n textual empleada coincidentemente por distintas fuentes- a personas como el profesor Eduardo Garc¨ªa Enterr¨ªa, y a continuaci¨®n decretar el secreto de las actuaciones.

Tampoco se ahorraron cr¨ªticas en estos medios para el fiscal Manuel Villanueva y los miembros de la Brigada de Delitos Monetarios, a quienes se atribuye, cuando menos, no haber tenido en cuenta los males de dif¨ªcil reparaci¨®n que pueden haberse producido, en especial a una persona como Garc¨ªa de Enterr¨ªa, jurista eminente y comprometido con los derechos y libertades desde su puesto de juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Un problema planteado en este caso es la eventual impugnaci¨®n futura de las actuaciones, apuntada por una fuente jur¨ªdica, en virtud de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional contra el conocimiento por jueces especiales de asuntos no s¨®lo penales, sino tambi¨¦n civiles. A este respecto, otras fuentes de la Audiencia Nacional manifestaron que el juez Luis Lerga, en comisi¨®n de servicio en el Juzgado Central n¨²mero 3 -del que es titular en propiedad el magistrado Alfonso Barcala-, cumple el requisito constitucional del juez predeterminado por la ley y no cabe asimilarlo, en ning¨²n caso, a un juez especial, y menos a¨²n trat¨¢ndose de delitos monetarios.

El presidente del Colegio de Abogados de Madrid y del Consejo General de la Abogac¨ªa, Antonio Pedrol, ha reiterado a EL PAIS la opini¨®n manifestada por otras fuentes sobre la desigualdad en que el secreto de las actuaciones coloca a Garc¨ªa de Enterr¨ªa.

Seg¨²n la versi¨®n con que cuenta Pedrol, tras haber mantenido contacto con Garc¨ªa de Enterr¨ªa, ¨¦ste no trat¨® nunca con Palaz¨®n y toda la responsabilidad en que podr¨ªa haber incurrido su esposa, en el peor de los casos, ser¨ªa la de haber sido "coautora de una infracci¨®n administrativa".