Fondos de la 'caja B' de Catalana sirvieron para pagar sobresueldos, seg¨²n los fiscales

Los fondos de la caja B de Banca Catalana sirvieron, entre otros objetivos, para pagar sobresueldos de los empleados y fueron un factor determinante de la crisis patrimonial de la entidad, seg¨²n aseguran los fiscales Carlos Jim¨¦nez Villarejo y Jos¨¦ Mar¨ªa Mena en el ¨²ltimo recurso de queja remitido al Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona. Prueba de la importancia de la caja B es que la actividad desarrollada en este apartado durante 1974 ascend¨ªa a m¨¢s de 2.000 millones de pesetas, afirma el ministerio p¨²blico en el citado documento, al que ha tenido acceso EL PAIS.

Con estos argumentos, que se desarrollan a lo largo de tres folios del recurso de queja, los fiscales Mena y Villarejo ilustran a los magistrados de la Audiencia Territorial de Barcelona sobre la importancia de la caja B y sobre la necesidad de que se aporte al juzgado "la totalidad de los libros ( ... ) y documentaci¨®n en la que se registraba el movimiento de la citada caja".Las dos cuestiones que se plantean en el recurso presentado por los fiscales, que est¨¢ pendiente de resoluci¨®n, son la aportaci¨®n de la documentaci¨®n sobre la caja B y de los documentos referentes a los cr¨¦ditos concedidos al ex presidente del banco Jaume Carner Su?ol. Hasta ahora hab¨ªa trascendido a la opini¨®n p¨²blica uno solo de los motivos del recurso de queja, el relativo al imputado Jaume Carner, pero se desconoc¨ªa el otro objetivo, referido a la documentaci¨®n sobre la caja B.

El juez delegado para la querella por el caso Banca Catalana, Ignacio de Lecea, deneg¨® en su providencia del 27 de diciembre de 1984 la pr¨¢ctica de ambas diligencias, sin razonar la negativa referida a la documentaci¨®n sobre la doble contabilidad. En opini¨®n del ministerio p¨²blico, recogida en el documento del recurso de queja, esta negativa significa una infracci¨®n del art¨ªculo 311 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que en este precepto se establece que el juez practicar¨¢ las diligencias propuestas por el ministerio fiscal y por las partes "si no las considera in¨²tiles o perjudiciales".

Los fiscales razonan que el acceso a la documentaci¨®n sobre los movimientos econ¨®micos de la caja B es "fundamental para los fines del sumario", ya que "las actuaciones practicadas hasta ahora han puesto de manifiesto que la caja B era el veh¨ªculo principal para el apartamiento de los fondos propios de la entidad bancaria, fuera del control de los accionistas y autoridades bancarias, para aplicarlos a fines diversos que no estaban permitidos a los administradores de Banca Catalana".

En opini¨®n del ministerio p¨²blico, la caja B se nutr¨ªa fundamentalmente de cr¨¦ditos fiduciarios, de dep¨®sitos a plazo en sociedades instrumentales de los querellantes y de una cartera comercial ficticia. Los fondos de esta caja, contin¨²an los acusadores en su documento, serv¨ªan para pagar sobresueldos a los empleados, intereses complementarios y superiores a los autorizados, para poder llevar a t¨¦rmino una pol¨ªtica de concesi¨®n de cr¨¦ditos irregulares y para adquirir acciones de otras entidades bancarias.

El juez Ignacio de Lecea present¨® ayer al presidente de la Audiencia Territorial, Ces¨¢reo Rodr¨ªguez Aguilera, el dictamen solicitado por el pleno sobre la queja planteada por los fiscales. Queda ahora pendiente la fijaci¨®n de la fecha para un nuevo pleno en el que se sometan a debate las dos cuestiones planteadas por el ministerio p¨²blico. Este pleno podr¨ªa convocarse a finales de este mes.

Dificultades de la instrucci¨®n

La negativa del juez delegado a practicar importantes pruebas documentales y lo que algunos observadores consideran como ralentizaci¨®n de la instrucci¨®n de la causa son las dos caracter¨ªsticas esenciales que definen el actual per¨ªodo procesal. La actitud del juez delegado de denegar alguna prueba que, a juicio del ministerio fiscal, era importante culmin¨® hace pocos d¨ªas cuando Lecea desestim¨® una nueva petici¨®n de prueba reclamada el pasado 7 de febrero por los fiscales. El ministerio p¨²blico hab¨ªa sugerido que se aportaran los libros de contabilidad de 18 empresas relacionadas con Banca Catalana. Esta prueba fue desestimada parcialmente provocando que los fiscales presentaran ayer un recurso de aclaraci¨®n.

La ralentizaci¨®n del procedimiento, otra de las caracter¨ªsticas de la instrucci¨®n de la causa, a juicio de observadores jur¨ªdicos independientes, parece haberse acrecentado en las ¨²ltimas semanas coincidiendo con una afecci¨®n cardiaca sufrida por el juez Ignacio de Lecea el pasado 31 de diciembre, y que oblig¨® a su internamiento en un hospital. En medios allegados a la abogac¨ªa se asegura, sin embargo, que este retraso s¨®lo es aparentemente contradictorio con la actitud diligente, pero algo precipitada, demostrada por el juzgado cuando el pasado verano no hizo vacaciones y llam¨® a los querellados a declarar sin que los fiscales tuvieran pr¨¢cticamente tiempo de preparar el caso en profundidad. Se afirma en los citados medios que muchas de las preguntas que se realizaron en aquellos interrogatorios se encuentran ahora totalmente desfasadas.