Las cifras son la gran inc¨®gnita

El principal objetivo de la nueva ley de Incompatibilidades no es crear empleo, aunque liberar¨¢ puestos de trabajo, ni ahorrar dinero p¨²blico, sino principalmente incrementar la eficacia y la moralidad de la Administraci¨®n, seg¨²n Francisco Ramos, secretario de Estado para la Funci¨®n P¨²blica.En segundo lugar, se intenta garantizar la neutralidad de los funcionarios en el ejercicio de su tarea, y finalmente, se trata de colaborar a la ordenaci¨®n del mercado de trabajo. La Administraci¨®n no cree que el sistema de incompatibilidades genere numerosos puestos de trabajo, porque son una minor¨ªa quienes tienen dos o m¨¢s empleos en el sector p¨²blico.

Francisco Ramos es, en su condici¨®n de secretario de Estado para la Funci¨®n P¨²blica, el m¨¢ximo responsable de las incompatibilidades, despu¨¦s del ministro de la Presidencia, Javier Moscoso; pero la aplicaci¨®n de la norma en la pr¨¢ctica es tarea de la Inspecci¨®n General de Servicios. (IGS), organismo que se cre¨® en diciembre de 1982. La propia IGS subraya que una de las diferencias fundamentales entre la nueva ley y la de 1982 es que ahora este organismo centraliza todo el proceso y es el ¨²nico que, sobre la declaraci¨®n que deben realizar los afectados, decide.

El propio ministro Moscoso dijo el pasado d¨ªa 11 que es imposible por ahora conocer exactamente el n¨²mero de quienes tienen m¨¢s de un empleo. Las cifras son, en efecto, la gran inc¨®gnita del problema. La Administraci¨®n calcula que el colectivo sobre el que se aplica la ley suma unos 2.072.000 funcionarios, a los que habr¨¢ de a?adirse los empleados de empresas p¨²blicas. Pero la cifra de posibles incompatibles no se conoce ni por aproximaci¨®n. La ley de 1982 se aplicaba a 1.675.000 funcionarios, aproximadamente, y s¨®lo unos 35.000 hicieron declaraci¨®n de incompatibilidad. Como mucho, fuentes de la Administraci¨®n y sindicales aventuran que la cifra se acercar¨¢ a uno o dos cientos de miles, o sea, el 10% del colectivo afectado.

Contra los posibles intentos de ocultaci¨®n, la IGS cuenta con un ordenador -al que llaman Rita- que puede cruzar datos y detectar el enga?o. Un decreto que se aprobar¨¢ en unas pocas semanas obligar¨¢ a los habilitados de cada departamento a remitir a la IGS, cada mes de marzo, una copia de la n¨®mina del departamento. El que sea descubierto, deber¨¢ devolver al Estado el sueldo cobrado irregularmente. Seg¨²n Javier Valero, jefe de la IGS, este organismo recuper¨® el a?o pasado por este concepto unos 12 millones de pesetas, y cada departamento ministerial, una media cercana a esa misma cantidad.