El Grupo Popular y Minor¨ªa Catalana se oponen al sistema de ingreso directo en la carrera judicial

La Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, en su cuarta jornada de debates sobre el proyecto de ley org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), aprob¨® ayer que en el acceso a la carrera judicial coexistir¨¢n el tradicional sistema de oposici¨®n y el concurso de m¨¦ritos entre juristas de reconocida competencia, este ¨²ltimo con el rechazo del Grupo Popular y la Minor¨ªa Catalana. Asimismo, se regul¨® el derecho constitucional a la indemnizaci¨®n por error o anormal funcionamiento de la justicia y el uso de las lenguas oficiales de las comunidades en las actuaciones y documentos judiciales.

El ingreso en la carrera judicial con la categor¨ªa de juez se producir¨¢ mediante la superaci¨®n de las pruebas de oposici¨®n libre en el Centro de Estudios Judiciales. En cada convocatoria de oposici¨®n se reservar¨¢ al menos una tercera parte de las plazas vacantes para juristas de reconocida competencia, quienes por concurso de m¨¦ritos acceder¨¢n directamente al Centro de Estudios Judiciales.El portavoz del Grupo Popular, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Gallard¨®n, critic¨® duramente el sistema de acceso directo que, en su opini¨®n, repercutir¨¢ en el descenso del nivel cient¨ªfico de la magistratura. Estim¨® que las inclinaciones afectivas en virtud del color pol¨ªtico de los candidatos significar¨¢n un privilegio para algunos.

Ruiz Gallard¨®n consider¨® que antes de decidir sobre el sistema de acceso, deber¨ªa haberse establecido el mapa de las necesidades reales y num¨¦ricas de la carrera judicial, que ahora se ver¨¢n incrementadas con la jubilaci¨®n a los 65 a?os de los magistrados, que producir¨¢ 500 nuevas bajas en la magistratura.

Por el Grupo Socialista, Javier Barrero atribuy¨® a Ruiz Gallard¨®n el car¨¢cter de "portavoz de un gremio o asociaci¨®n judicial, dada su coincidencia con lo defendido por la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura". Rechaz¨® de forma "tajante y radical" las acusaciones del posible color pol¨ªtico de los jueces que ingresen por el sistema de con curso y record¨® que dicho procedimiento ser¨¢ juzgado por el mismo tribunal de la oposici¨®n, sistema que, seg¨²n record¨®, contin¨²a permaneciendo como ordinario para el acceso a la carrera judicial.

Josep Maria Trias de Bes, de Minor¨ªa Catalana, manifest¨® sus dudas ante la dependencia del Centro de Estudios Judiciales, donde se formar¨¢n los jueces que ingresen, respecto al Ministerio de Justicia. Reproch¨® a los socialistas que ejercen un excesivo control sobre el Consejo General del Poder Judicial, Centro de estudios Judiciales y convocatorias de oposiciones. Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, por Euskadiko Ezkerra, manifest¨® su radical disconformidad con los tribunales de oposici¨®n, que permitir¨¢n saber el conocimiento menior¨ªstico del derecho pero no los valores humanos, jur¨ªdicos y hasta el sentido del humor, seg¨²n dijo, de los aspirantes a jueces,

Anormal funcionamiento

La comisi¨®n aprob¨® tambi¨¦n que los da?os causados por error judicial o anormal funcionamiento de la justicia den derecho a indemnizaci¨®n a cargo del Estado. Tanto cuando sea declarado el error judicial como cuando el da?o tenga por causa el anormal funcionamiento de la Administraci¨®n de Justicia, el interesado deber¨¢ solicitar su indemnizaci¨®n al Ministerio de Justicia.

A petici¨®n de Marcos Vizcaya, del PNV, se introdujo tambi¨¦n la indemnizaci¨®n para aquellas personas que, corno fruto del funcionamiento "normal" de la Justicia, hayan sufrido perjuicios graves al haber permanecido en prisi¨®n preventiva a pesar de ser inocentes. Vizcaya resalt¨® el inter¨¦s del Ministerio de Justicia en este tipo de indemnizaci¨®n a la que tendr¨¢n derecho quienes despu¨¦s de haber sufrido prisi¨®n preventiva "sean declarados inocentes, en auto de sobreseimiento libre o sentencia absolutoria por inexistencia del hecho imputado, siempre que se le hayan irrogado perjuicios graves".

Vizcaya puso como ejemplo de esta situaci¨®n el derecho que tendr¨ªan los procesados por el caso de la colza si se declarara judicialmente su inocencia.

Las actuaciones judiciales y documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad aut¨®noma tendr¨¢n validez sin necesidad de traducci¨®n al castellano dentro de la misma o cuando deban surtir efectos en otra comunidad aut¨®noma con lengua oficial propia coincidente. Se rechazaron las enmiendas del PNV y EE que pretend¨ªan un tratamiento igual de las lenguas oficial y auton¨®mica.

El texto aprobado establece el principio general del uso del castellano, as¨ª como la posibiliad de emplear la lengua oficial auton¨®mica si ninguna de las partes alegara desconocimiento de la misma que pudiera producir indefensi¨®n.

Idiomas oficiales

A propuesta de los diputados de Esquerra Republicana de Catalu?a, Francesc Vicens, y de Minor¨ªa Catalana, Josep Maria Trias de Bes, se aprob¨® tambi¨¦n que cuando las actuaciones judiciales realizadas o los documentos presentados en el idioma oficial. de una comunidad aut¨®noma tengan que surtir efecto fuera de la misma, se proceda de oficio a su traducci¨®n "salvo si se trata de com¨²nidades aut¨®nomas con lengua oficial propia coincidente".

Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial difundi¨® ayer un comunicado en el que valora la aporbaci¨®n, por la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, de una enmienda que establece la elecci¨®n de los miembros del Consejo por las Cortes. "Antes esta nueva situaci¨®n", se?ala el comunicado, "el Consejo se considera legitimado para expresar, al menos ante la opini¨®n p¨²blica, que, habiendo discrepadomuy profundamente sobre determinadas cuestiones del proyecto del Gobierno, coincid¨ªa con ¨¦l en cuanto a la participaci¨®n electoral de jueces y magistrados y debe ahora manifestar que el sisterna introducido por la enmienda, puede afectar gravemente a la independencia judicial".