La regulaci¨®n de las injurias
al jefe del Estado, realizada por un decreto ley de 1979, ha sido sometida a la consideraci¨®n del Tribunal Constitucional por la Audiencia Provincial de San Sebasti¨¢n, ante la posibilidad de que su art¨ªculo 1 sea anticonstitucional. La cuesti¨®n que se plantea es si este tipo de delito es competencia de la Audiencia Nacional o de la provincial de San Sebasti¨¢n.-
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