Un sumario envenenado

La Audiencia Nacional, a mediados de 1981, al poco tiempo de descubrirse una nueva forma de muerte masiva conocida como neumon¨ªa at¨ªpica que ten¨ªa lugar en m¨¢s de una docena de provincias espa?olas, se plante¨® la forma de llegar a administrar una justicia eficaz y lleg¨® a la conclusi¨®n de que la ¨²nica forma de hacerlo era instruir el sumario lo m¨¢s r¨¢pidamente posible y celebrar el juicio, aun a sabiendas de que algunos implicados, de los calificados como menores, pod¨ªan quedar impunes.Durante esa etapa, hasta el oto?o de 1983, en que se concluy¨® el sumario, existi¨® un pacto t¨¢cito para acelerar el proceso en la medida de lo posible, esto es, respetando los plazos procesales, pero denegando el juez todas aquellas diligencias que parec¨ªan faltas de l¨®gica o descabelladas EL primera vista. La armon¨ªa, desde: el punto de vista jur¨ªdico, entre el juez, el fiscal y el tribunal, este ¨²ltimo integrado por tres magistrados que tendr¨¢n que juzgar los hechos, era excelente. El instructor dictaba procesamientos y otras resoluciones que nunca eran recurridas por el fiscal. ?ste, adem¨¢s, ped¨ªa generalmente la confirmaci¨®n de esas resoluciones, primero, ante el propio juez, al resolver los recursos de reforma planteados por otras partes del proceso, y despu¨¦s, ante el tribunal, en los recursos de apelaci¨®n.

El pacto

Durante el primer a?o y medio, cuando las causas del envenenamiento masivo eran m¨¢s difusas, se investigaron, adem¨¢s del aceite, otras posibles causas, como el tomate. Por entonces, el doctor Antonio Muro, que sosten¨ªa esa teor¨ªa, prest¨® declaraci¨®n en el sumario. Muro afirmaba que hab¨ªa reproducido los s¨ªntomas del s¨ªndrome t¨®xico a partir de una variedad de tomate tratado con pesticida. Se hicieron algunas averiguaciones, pero la teor¨ªa fue descartada pronto por todos, excepto por las defensas de los acusados, que la ve¨ªan como posible tabla de salvaci¨®n, al sembrar la duda, mientras no hubiera confirmaci¨®n cient¨ªfica de que. el causante de la intoxicaci¨®n era el aceite. La v¨ªa del aceite fue seguida por el juzgado hasta los distribuidores y minoristas, y seg¨²n consta en el sumario, coincid¨ªa con los lugares en los que se hab¨ªan registrado las intoxicaciones.

En noviembre de 1983, el juez Alfonso Barcala concluy¨® el sumario. Todo iba bien, y de seguir as¨ª, el juicio podr¨ªa celebrarse en el verano de 1984. Todo un r¨¦cord para el sumario m¨¢s extenso de la historia de la justicia espa?ola, con m¨¢s de 100.000 folios, distribuidos en un centenar de tomos, en la pieza principal, de la que se hab¨ªan desglosado una veintena de piezas separadas, m¨¢s de 500 carpetas de fallecidos y m¨¢s de 10.000 carpetas de familias afectadas.

El juez y el tribunal denegaban las peticiones de libertades formuladas por los procesados que m¨¢s tiempo llevaban en prisi¨®n, alegando, entre otras razones, la inmediatez en la que se iba a celebrar la vista. En la fecha de la conclusi¨®n del sumario hab¨ªa 31 procesados. Algunos abogados estimaban ya que el juicio iba a ser complicado, fundamentalmente debido a presumibles dilaciones por parte de las defensas.

Sin embargo, el pacto t¨¢cito iba a resquebrajarse. El fiscal se mostr¨® conforme con la conclusi¨®n del sumario, pero no as¨ª las acusaciones particulares ni las defensas. Que las defensas presentaran recurso contra la conclusi¨®n del sumario era lo esperado, y lo extra?o hubiera sido que no lo hubieran hecho, pero lo que desencaden¨® las discrepancias posteriores fueron los recursos de las acusaciones.

Las acusaciones, principalmente los abogados Ignacio Uriarte, de la Organizaci¨®n de Consumidores Y Usuarios (OCU); Francisca Sauquillo, hoy senadora del PSOE, Mariano Mu?oz Bouzo, en la actualidad vocal. del consejo de Administraci¨®n de TVE, y Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, presidente de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos, los cuatro como representantes de distintas asociaciones de afectados, plantearon los recursos con dos objetivos: que se procesara a 11 industriales o qu¨ªmicos del aceite que no hab¨ªan sido procesados con anterioridad y que se procesara a alguno de los 10 altos cargos de la Administraci¨®n de UCD que hab¨ªan podido delinquir por negligencia o por omisi¨®n.

El procesamiento de los 11 nuevos industriales no era imprescindible desde el punto de vista de algunas de las acusaciones, pero, a su entender, esos qu¨ªmicos y aceiteros no deb¨ªan escapar de la justicia, pues algunos hab¨ªan manipulado aceite que result¨® ser t¨®xico, -presuntamente causante de algunas muertes. Lo verdaderamente importante para las acusaciones era demostrar la responsabilidad de la Administraci¨®n, como se puede deducir del apartado adjunto.

El juez proces¨®, dentro del sumario principal, a los 11 nuevos aceiteros por delitos contra la salud p¨²blica y estafa. En ese momento hab¨ªa 42 procesados. Los procesamientos originaron los correspondientes recursos, uno de los cuales fue estimado. Diez continuaron procesados en libertad bajo fianza, por lo que el sumario cuenta en la actualidad con 41 procesados, cinco de los cuales est¨¢n fugados: Andr¨¦s Eloy Muro, Francisco T¨¢rrega, Adela Jarauta, Ignacio Baixeras y Alionso Molina.

La 'guerra de las libertades'

Los nuevos procesados solicitaron la pr¨¢ctica de nuevas diligencias de prueba, que se han ido realizando en mayor o menor medida. Los anteriores procesados tambi¨¦n solicitaron nuevas pruebas, tendentes al esclarecimiento de los hechos, aunque hayan supuesto una importante dilaci¨®n en el proceso. Entre estas diligencias figura la investigaci¨®n de los pesticidas como origen del envenenamiento, que ya hab¨ªa sido descartado en la primera fase del proceso.

Los defensores, en un principio, procuraban obtener las libertades provisionales de sus clientes de forma directa. Aunque algunos ve¨ªan con preocupaci¨®n la posibilidad de un juicio inmediato, debido a la proximidad en el tiempo de los envenenamientos y muertes, otros consideraban la posibilidad de una absoluci¨®n por falta de pruebas, al no haberse podido aislar cient¨ªficamente el veneno. Al confirmarse la reapertura de? sumario, algunos de los defensores de los principales implicados vieron en la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que fijaba en 30 meses el l¨ªmite m¨¢ximo de prisi¨®n preventiva, el medio de conseguir la libertad de sus detenidos.

A medida que cada uno de los principales acusados iba cumpliendo los 30 meses de prisi¨®n preventiva, iban solicitando la libertad provisional. La Audiencia Nacional neg¨® a finales de 1983 contundentemente todas esas peticiones.

El 12 de julio de 1984, el juez Barcala dej¨® en libertad sin fianza a uno de los m¨¢s importantes procesados, Ram¨®n Ferrero, propietario de la empresa Raelca, de Alcorc¨®n. En ese momento estaban en prisi¨®n su hermano El¨ªas, C¨¢ndido Hern¨¢ndez Gal¨¢n, Juan Miguel y Fernando Bengoechea, Ram¨®n Alabart, Enrique Salom¨® y Jorge Pich.

El magistrado dispuso una serie de fuertes medidas de seguridad para evitar la evasi¨®n de Ferrero y de los restantes procesados que tambi¨¦n iban a ser puestos en libertad en breve plazo. Las medidas adoptadas eran la retirada de los pasaportes y la imposibilidad de obtener unos nuevos salvo autorizaci¨®n del juzgado, la distribuci¨®n de fotograf¨ªas de los procesados entre los distintos puestos fronterizos espa?oles para impedir su salida del territorio nacional, la adopci¨®n de medidas de vigilancia por parte de la polic¨ªa y la obligaci¨®n de comparecer diariamente ante la Audiencia Nacional o la comisar¨ªa a la que perteneciera cada domicilio.

El fiscal y las acusaciones se opusieron radicalmente a la libertad de Ferrero, y el juez decidi¨® entonces no poner en libertad provisional a m¨¢s procesados hasta que el tribunal se pronunciara sobre lo adecuado de su decisi¨®n.

La Audiencia Nacional, lejos de confirmar la decisi¨®n del juez, acord¨® que Ram¨®n Ferrero volviera a prisi¨®n. El Tribunal advirti¨® al juez que el l¨ªmite de los 30 meses de prisi¨®n preventiva deb¨ªa ser interpretado por cada presunto delito en lugar de por la totalidad. La advertencia fue considerada como una reprimenda al juez y aunque la argumentaci¨®n era muy discutible, determin¨® que los acusados permanecieran en prisi¨®n. Los procesados recurrieron entonces al Tribunal Constitucional, por entender que la interpretaci¨®n de la audiencia era inconstitucional.

Antes de que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la cuesti¨®n, Ram¨®n Alabart y Enrique Salom¨® fueron puestos en libertad por el juez por razones humanitarias, puesto que se encontraban mal f¨ªsica y psicol¨®gicamente. La esposa de Salom¨®, Mar¨ªa Teresa Mestre fue asesinada en su domicilio de Tarragona, aunque por razones ajenas al caso, mientras Salom¨® permanec¨ªa en prisi¨®n.

El Tribunal Constitucional estim¨® recientemente el recurso de los encarcelados y declar¨® nulos los acuerdos de la audiencia, dando la raz¨®n al juez. El alto tribunal declar¨® que el l¨ªmite de los 30 meses de prisi¨®n no se contabilizaba por cada delito, sino por todos ellos. Todo parec¨ªa indicar que los cinco procesados que permanec¨ªan en prisi¨®n y Ram¨®n Ferrero, cuya vuelta a la c¨¢rcel no hab¨ªa llegado a efectuarse, iban a quedar definitivamente en libertad provisional, pero la audiencia en un recurso que quedaba pendiente, acord¨® esta semana dejar al juez la decisi¨®n sobre las libertades.

En verano, todos a casa

A partir de ahora, aunque el juez conceda las libertades, algunas de las acusaciones han anunciado que si esa decisi¨®n se produce presentar¨¢n recurso contra ella por entender que la nueva reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal fija en cuatro a?os el m¨¢ximo de prisi¨®n preventiva. Algunas de las acusaciones han recordado recientemente que las v¨ªctimas en el sumario de la colza son los m¨¢s de 400 muertos y los afectados, no los procesados "como se nos est¨¢ queriendo hacer ver". Esas acusaciones sostienen que la reforma de la ley se ha hecho precisamente para el caso de la colza, y que las leyes penales procesales, como es la ley de Enjuiciamiento Criminal, no tienen las mismas caracter¨ªsticas que las leyes penales sustantivas, por lo que, aunque la ley anterior sea m¨¢s beneficiosa para los procesados, es la ley actual la que les es de aplicaci¨®n.

Esta interpretaci¨®n, que podr¨ªa ser acogida por la sala al resolver los recursos de las acusaciones, es de dudosa constitucionalidad, seg¨²n otras fuentes jur¨ªdicas consultadas por este peri¨®dico, ya que el art¨ªculo 9.3 de la Constituci¨®n garantiza, entre otros aspectos, "la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales".

Otras acusaciones, aunque sostienen tambi¨¦n este criterio, en tienden que el planteamiento de nuevos recursos no merecen la pena debido a que para la fecha en que se tengan que resolver, ya se habr¨ªan cumplido los cuatro a?os de prisi¨®n preventiva.

No obstante, parece claro que, sea cual sea la decisi¨®n del juez y el tribunal, y en el peor de los casos para los procesados, todos ellos estar¨¢n libres a principios de este verano, al haber transcurrido ese tiempo. La nueva conclusi¨®n del sumario se ve muy lejana. El juez instructor aunque mantiene su intenci¨®n de concluir el sumario lo antes posible, contrariamente a la l¨ªnea seguida en la primera fase, ha admitido la realizaci¨®n de pruebas tendentes a esclarecer aspectos que aparentemente hab¨ªan sido ya descartados, como la incorporaci¨®n de las investigaciones que realiza el doctor Luis Frontela sobre la posibilidad de que sea un pesticida el causante del s¨ªndrome t¨®xico, teor¨ªa similar a la desarrollada en 1981 por el doctor Muro. En tanto esas investigaciones no concluyan, el sumario seguir¨¢ abierto. Los defensores, buenos profesionales, conocen las posibilidades que jur¨ªdicamente ofrece que el juzgado haya asumido la incorporaci¨®n de las investigaciones de Frontela y no dejar¨¢n de explotarlas.

Abogados y juristas de reconocido prestigio han explicado la dificultad de celebrar un juicio con 41 procesados. Los retrasos, aplazamientos por diversos motivos como defectos de citaciones, incomparecencias y otras causas legales ser¨¢n constantes. Estos juristas han se?alado a EL PA?S que "desde el mismo momento en que todos los procesados est¨¦n en libertad provisional, el juicio no se celebrar¨¢ nunca, o dentro de tantos a?os que probablemente estemos todos muertos".