Por una autodefensa de los consumidores

Es cierto que, al menos en las sociedades m¨¢s desarrolladas, la pol¨ªtica de protecci¨®n al consumidor, aunque sea de forma impl¨ªcita e irregularmente sistematizada, no es un fen¨®meno reciente. Las medidas de polic¨ªa sanitaria y mercantil son un hecho generalizado en todos los pa¨ªses industrializados ya en la segunda mitad del siglo XIX, y la tendencia se intensifica abiertamente a lo largo del actual, a partir de que los poderes p¨²blicos adoptan la postura de intervenir decididamente en la econom¨ªa, para corregir las distorsiones que originaba la din¨¢mica de libre mercado, que caracteriz¨® al capitalismo inicial.Ahora bien, en la d¨¦cada de los 60 aparece en Estados Unidos y en alguno de los pa¨ªses europeos m¨¢s evolucionados un importante factor de cambio cualitativo: el asociacionismo de los consumidores o movimientos consumeristas, que supone la autoorganizaci¨®n de la sociedad civil para hacer prevalecer los derechos o leg¨ªtimos intereses de los ciudadanos, como consumidores y usuarios. Dicho movimiento pretende superar la disociaci¨®n cada vez m¨¢s evidente entre las exigencias de la colectividad y la actuaci¨®n de las administraciones p¨²blicas, limitada por la presi¨®n de minor¨ªas poderosas, por la inercia burocr¨¢tica o, simplemente, por la dificultad objetiva de adaptarse a una realidad econ¨®mico- social cada vez m¨¢s compleja.

Fue en un principio un movimiento de clases medias urbanas y, a ra¨ªz de la crisis econ¨®mica que comenz¨® en 1973, se extendi¨® a otras capas m¨¢s populares. La explicaci¨®n hay que buscarla en la misma din¨¢mica de la crisis. El alza de los costes de la energ¨ªa y, en menor medida, de otras materias primas, dispar¨® los precios. La reacci¨®n inicial de los empresarios y de los trabajadores fue la de mantener, respectivamente, la tasa de beneficio y la capacidad adquisitiva de los salarios, lo que signific¨® dos factores adicionales para mantener la espiral inflacionista. Como por m¨²ltiples razones -competitividad interior y exterior-, el aumento de los precios no pod¨ªa ser indefinido, se estimul¨® tambi¨¦n la p¨¦rdida de calidad y seguridad de los productos, lo que supuso una forma de inflaci¨®n larvada. En ese contexto, y al menos en sus fases iniciales, quienes mejor se defendieron del proceso inflacionario fueron quienes se beneficiaban de la inciativa del capital y de la acci¨®n sindical, y quienes pagaron m¨¢s intensamente el coste de la crisis, aquellos sectores que no participaban de las rentas del capital ni del trabajo: pensionistas, amas de casa, parados, etc¨¦tera, cuya ¨²nica salida era la organizaci¨®n en un movimiento que defendiera sus leg¨ªtimos intereses.

El neomonetarismo

Ahora bien, est¨¢ claro que a algunos c¨ªrculos no les gusta el movimiento consumerista. Entre ellos est¨¢n los neomonetaristas, con ejemplos tan conspicuos como la se?ora Thatcher, porque consideran que los consumidores organizados son un estorbo para la libertad absoluta de las leyes de mercado en la que han puesto todas sus complacencias. Es natural, a sus ascendientes directos, los capitalistas manchesterianos, les pasaba lo mismo con los sindicatos, y por eso los prohibieron. Sin embargo, el movimiento de autodefensa de los consumidores no es s¨®lo una realidad cada vez m¨¢s pujante, sino que su presencia supone un importante dinamizador del progreso, por diferentes razones. Por un lado, y como ya he expuesto, es un factor de redistribuci¨®n de la riqueza en beneficio de los colectivos con menor poder econ¨®mico. Por otro, es un elemento de modernizaci¨®n de la econom¨ªa, en la medida en que contribuye a adecuar la oferta a la demanda social real, superando la inercia de unos esquemas y h¨¢bitos que se ajustaban m¨¢s a circunstancias econ¨®micas superadas. Y adem¨¢s implica una profundizaci¨®n de la democracia, por cuanto la constituci¨®n del movimiento consumerista en un contrapoder supone el protagonismo continuado de todos y cada uno de los ciudadanos en la ordenaci¨®n de la econom¨ªa, especialmente si gozan de plataformas institucionalizadas de actuaci¨®n.

M¨¢s a¨²n, en mi opini¨®n personal, el movimiento de autodefensa de los consumidores sienta las bases para que la econom¨ªa de mercado entre en su tercera etapa hist¨®rica.

Recordemos que la primera fue la de liberalismo econ¨®mico puro -el capitalismo manchesteriano-, cuyas disfunciones produjeron como reacci¨®n -como ant¨ªtesis- las concepciones econ¨®micas marxistas. Al hilo del pensamiento de Keynes, el sistema de econom¨ªa de mercado emprende su propia revisi¨®n, integrando buena parte de los elementos en que se fundament¨® el marxismo en su origen.

Se entra as¨ª en la denominada etapa neocapitalista. Los poderes p¨²blicos participan intensamente en la ordenaci¨®n de la actividad econ¨®mica y, lo que no es menos significativo, se acepta la acci¨®n sindical como un contrapoder institucional, aunque aut¨®nomo, del poder pol¨ªtico.

El universo keynesiano se ha visto pulverizado con la actual crisis econ¨®mica. Ni con la mayor disponibilidad se aprecia que el marxismo aporte explicaci¨®n v¨¢lida ni soluci¨®n alguna a este tipo de problemas, con lo que la sensaci¨®n de orfandad te¨®rica es evidente. Sin embargo, la historia demuestra que la sociedad encuentra espont¨¢neamente sus propios caminos, antes de que los te¨®ricos comiencen a racionalizarlos.

Es frecuente que la opini¨®n p¨²blica, ante la percepci¨®n de problemas nuevos, reclame su soluci¨®n a los poderes p¨²blicos. Esta perspectiva es humanamente comprensible, pero tiene un claro riesgo: la proliferaci¨®n desmesurada de la democracia. No se puede pretender que haya en vigilia permanente un inspector de consumo en cada pescader¨ªa, en cada tintorer¨ªa, en cada autob¨²s... Una satisfactoria inspecci¨®n que garantice razonablemente la acci¨®n disuasoria contra el fraude al consumidor s¨®lo ser¨¢ posible cuando todos los ciudadanos -o una buena parte, al menos- act¨²en de facto como inspectores, porque est¨¦n educados, informados, organizados y con f¨¢cil acceso a los procedimientos de correcci¨®n. En unas palabras, que est¨¦n encuadrados en asociaciones de consumidores y que ¨¦stas cuenten con mecanismos de actuaci¨®n efectivos. Pero igualmente se producir¨ªa una hipertrofia burocr¨¢tica si cada situaci¨®n incorrecta diera lugar obligadamente a una actuaci¨®n administrativa o judicial. Lo deseable es que, en la mayor¨ªa de los casos, sea la propia sociedad civil quien tenga la capacidad de di¨¢logo para resolver aut¨®nomamente estos conflictos, a trav¨¦s de asociaciones de consumidores con poder disuasorio y responsable ante los proveedores de bienes y servicios.

Contenidos educativos

Naturalmente, los poderes p¨²blicos siguen teniendo una importante labor que desarrollar al respecto. No es previsible, por ejemplo, que las asociaciones puedan contar con laboratorios de bromatolog¨ªa o metalotecnica, u otros medios de apoyo t¨¦cnico propios, por lo que deber¨¢ suministrarlos la Administraci¨®n. Deber¨¢n fomentarse los contenidos educativos en la escuela y satisfacer los requerimientos de formaci¨®n del personal t¨¦cnico preciso. La inspecci¨®n oficial, m¨¢s o menos extensa, tendr¨¢ que mantenerse siempre. Las reglamentaciones t¨¦cnicas deber¨¢n ser promulgadas y debidamente actualizadas. Y lo que es m¨¢s importante, los poderes p¨²blicos son los ¨²nicos que pueden crear y mantener el marco institucional que garantice el contrapoder de los consumidores, reconocido impl¨ªcitamente en la Constituci¨®n. Pero todo ello en la perspectiva de que, lo antes posible, el protagonismo en la defensa de los consumidores debe corresponder a ellos mismos.

La Constituci¨®n espa?ola es, sin duda, una de las m¨¢s avanzadas del mundo en materia de defensa de los consumidores y usuarios, a quienes se refiere en su art¨ªculo 51. En ¨¦l se dispone que los poderes p¨²blicos garantizar¨¢n sus derechos a la seguridad, la salud, la informaci¨®n y la educaci¨®n, y a la defensa de sus leg¨ªtimos intereses econ¨®micos. Adem¨¢s se especifica que las Administraciones fomentar¨¢n sus asociaciones y las oir¨¢n en lo que pueda afectarles.

Una mayor profundizaci¨®n se da a¨²n en la ley general para Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada el a?o pasado por las Cortes Generales. En ella, y entre otros aspectos positivos, se reconoce legalmente la capacidad de representaci¨®n de las asociaciones respecto a los consumidores y usuarios individualizados y se consagran -aunque de forma muy sucinta- los procedimientos de mediaci¨®n y arbitraje en los que obviamente deber¨¢n participar aqu¨¦llas.

El marco institucional en nuestro pa¨ªs es, pues, poco menos que ¨®ptimo para el movimiento consumerista. Sin embargo, hay que hacer referencia a un hecho innegable: la implantaci¨®n y consolidaci¨®n de las asociaciones de consumidores espa?oles es a¨²n muy escasa, pese a los indiscutibles progreso que han experimentado en los ¨²ltimos a?os.

Las causas de esta situaci¨®n son m¨²ltiples y casi siempre hay que buscarlas en nuestro pasado m¨¢s pr¨®ximo o m¨¢s remoto. El asociacionismo es flor de libertad y dif¨ªcilmente han podido crecer las organizaciones, cuando durante 40 a?os ha sido necesaria la presencia de un delegado gubernativo para poder reunirse. El relativo retraso econ¨®mico y social de nuestro pa¨ªs ha demorado la movilizaci¨®n de las clases medias urbanas, pioneras del movimiento consumerista.

Adem¨¢s, la falta de conciencia de la crisis econ¨®mica durante la transici¨®n alej¨® del consumerismo a las capas populares. Y, por ¨²ltimo, la ausencia de representatividad legal de las asociaciones, hoy felizmente superada, hac¨ªa poco atractiva la afiliaci¨®n.

Las asociaciones de consumidores espa?oles tienen ahora ante s¨ª un importante desaf¨ªo. Quiz¨¢ el principal sea el de reencontrarse en la nueva perspectiva. Porque su presencia en los medios de comunicaci¨®n sin arraigo efectivo en la sociedad, o las movilizaciones ocasionales de colectivos ciudadanos sin visos de continuidad, no responden ya a los requerimientos del presente. Presencia y movilizaci¨®n s¨®lo cobrar¨¢n sentido si las asociaciones son adem¨¢s capaces de resolver a sus afiliados sus problemas personales cotidianos. Y eso tambi¨¦n implica pasar del asociacionismo de denuncia y vanguardia al de gesti¨®n y servicios.