Vuelve la pena de muerte

Una de las notas que avalan el calificativo de progresista para la Constituci¨®n espa?ola de 1978 es que, en el marco de una regulaci¨®n avanzada de los derechos y libertades, situ¨® a nuestro pa¨ªs entre los que erradicaron de su legislaci¨®n el m¨¢s inhumano y cruel de los castigos: la pena de muerte. Cierto es que la necesidad de alcanzar un consenso impidi¨® a las fuerzas pol¨ªticas constituyentes de izquierda y nacionalistas consagrar, como pretend¨ªan, la abolici¨®n total y absoluta.Despu¨¦s de muchas negociaciones, el texto definitivo qued¨® as¨ª: "Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra". Un texto que, de acuerdo con los deseos de la derecha representada por UCI) y AP, dejaba la puerta abierta a una posible, pero no obligatoria implantaci¨®n ulterior de la pena de muerte "para tiempos de guerra". Era la ¨²nica manera de lograr que la abolici¨®n total deseada por el PSOE, el PCE y los nacionalistas vascos y catalanes, quedara al menos enunciada en la Constituci¨®n.

Sin necesidad de recurrir al pasado pol¨ªtico de nadie, sino con mera memoria hist¨®rica reciente, cabe recordar las apelaciones de Felipe Gonz¨¢lez a la conciencia de los diputados en aquella sesi¨®n hist¨®rica de la Comisi¨®n Constitucional del Congreso en un d¨ªa caluroso de junio, ausente Manuel Fraga por un almuerzo inaplazable, y con los diputados votando nominalmente a petici¨®n socialista. El resultado fue negativo para la abolici¨®n en aquel primer embite. Y cuando UCD llev¨® al Pleno del Congreso del 6 de julio de 1978 una propuesta que exceptuaba de la abolici¨®n las leyes penales mifitares, Alfonso Guerra tuvo que encerrarse con los diputados socialistas para tratar de convencerles en favor del mal menor, ante aquella derecha reaccionaria, de una abolici¨®n no plena.

El 'cambio' de Busquets

Una de las resistencias m¨¢s vehementes fue la del ex comandante del Ej¨¦rcito y diputado socialista, Julio Busquets: "Mi conciencia no me permite aceptar esa redacci¨®n". El mismo diputado que, en el debate parlamentario del 13 de junio de 1985, en defensa del C¨®digo Penal Militar del Gobierno socialista, contest¨® a los argumentos abolicionistas de Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s y Andoni Monforte con este razonamiento: "Lo que no tiene sentido es ¨¦ste rasgarse la t¨²nica porque se mantenga la pena de muerte para unos delitos concretos, y muy graves, cuando la guerra est¨¢ produciendo muertes de inocentes en una forma indiscriminada". El hecho es que el PSOE ha utilizado aquella posibilidad legal exigida por la derecha.

Amnist¨ªa Internacional (AI) ha hecho uso de la excepci¨®n que permite a sus miembros ocuparse, en casos particularmente graves, de los derechos humanos del pa¨ªs al que pertenecen. Un portavoz, Fernando Arribas, ha recordado los compromisos internacionales de Espa?a para tratar de abolir plenamente la pena de muerte y ha asegurado que "AI est¨¢ gravemente preocupada por la posibilidad de que la pena de muerte quede definitivamente incorporada a la legislaci¨®n espa?ola a trav¨¦s del C¨®digo Penal Militar".

Para Al, la pena de muerte, tambi¨¦n en tiempos de guerra, "es una forma extrema de pena cruel, inhumana y degradante", que sigue siendo en esas circunstancias un "castigo irrevocable que impide corregir los fallos de un tribunal". Seg¨²n observa AI, las propias condiciones de la coyuntura b¨¦lica "aumentan el riesgo de que el acusado se vea privado de las garant¨ªas de un juicio imparcial".

El fusilamiento simulado realizado en Abena (Huesca) en junio de 1984 -ventilado esta misma semana con condenas leves a dos oficiales por el delito militar de "inobservancia de ¨®rdenes"- es una muestra reciente de que las garant¨ªas apenas existen en situaciones de guerra. Baste observar que quienes dirigieron y realizaron las maniobras militares, cuyo objetivo es entrenarse para la guerra de verdad, no se plantearon tiquismiquis jur¨ªdicos, sino que expeditivamente aplicaron la pena que les pareci¨® oportuno y r¨¢pidamente la ejecutaron, sin ni siquiera un simulacro de consejo de guerra.

Movilizaci¨®n

El proyecto de C¨®digo Penal Militar extiende, a los efectos del mismo, la condici¨®n de militar no s¨®lo a los militares profesionales y a los obligatoria o voluntariamente incorporados a filas, sino tambi¨¦n a los que, "con cualquier asimilaci¨®n militar, presten servicio al ser movilizados o militarizados por decisi¨®n del Gobierno". Elimina el miedo insuperable como eximente de responsabilidad, y la embriaguez como atenuante.

Como manifest¨® el diputado del PNV Andoni Monforte, el riesgo de una movilizaci¨®n frente a una eventualidad b¨¦lica aumentar¨ªa considerablemente el n¨²mero de ciudadanos a quienes se podr¨ªa aplicar la pena de muerte. Y esa rara posibilidad no afecta solamente al Pa¨ªs Vasco, sino que no debe descartarse, por ejemplo, respecto a un eventual ataque contra Ceuta y Melilla.