La denuncia de la AEB del convenio colectivo provoca malestar entre algunos de los grandes bancos privados

La decisi¨®n de la Asociaci¨®n Espa?ola de Banca Privada (AEB) de denunciar el actual convenio colectivo del sector ha sorprendido, adem¨¢s de a los sindicatos representativos del sector, a algunos de los grandes bancos que consideran que la AEB, "con su intento de homogeneizar y corporativizar situaciones que son distintas para cada instituci¨®n, no hace sino provocar nuevos problems". La AEB querr¨ªa reformar los art¨ªculos del convenio que se refieren a la obligatoriedad de complementar hasta el 100% las pensiones de los trabajadores. UGT y CC OO han manifestado su oposici¨®n tajante a tales modificaciones.La AEB ha sido la primera patronal que ha seguido las recomendaciones de la Confederaci¨®n Espa?ola de Organizaciones Empresariales (CEOE) de que denunciaran los convenios en los que existiera la cl¨¢usula de complemento de pensiones para adaptarla a la nueva situaci¨®n tras la entrada en vigor de la ley de pensiones. El razonamiento de AEB para denunciar el convenio es que la reforma de pensiones implica un recorte en los pagos que realizar¨¢ la Seguridad Social a partir de ahora a los nuevos jubilados que, si no se modifican los art¨ªculos del convenio, significar¨¢n mayores aportaciones por parte de los bancos mediante el mecanismo de complementariedad.

Los ochos grandes bancos pagaron un total de 12.752 millones de pesetas en 1984 como complemento de pensiones. Esta cifra debe crecer por las nuevas jubilaciones y el mantenimiento de la pol¨ªtica de reducci¨®n de plantilla mediante bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas.

La cantidad satisfecha por los bancos en 1984, con ser importante, es menos representativa de lo que parece. Para hacerse una idea de las obligaciones contra¨ªdas por las instituciones financieras con sus trabajadores hay que tener en cuenta los recursos que necesitan tener invertidos para que con sus rendimientos puedan hacer frente a los complementos.

Un estudio actuarial realizado a finales de 1984 por los bancos cifraba en algo m¨¢s de 81.000 millones de pesetas estos recursos, exigibles para cubrir las obligaciones con los trabajadores jubilados hasta el pr¨®ximo 31 de diciembre. La cifra puede no reflejar exactamente la realidad porque algunos bancos realizaron el estudio estableciendo un rendimiento del 8%, mientras que otros elevaban la rentabilidad al 10% e incluso al 12%. Frente a esos 81.000 millones de pesetas necesarios, los ocho grandes bancos ten¨ªan dotados menos de 28.000 millones de pesetas.

Fondos escasos

La dotaci¨®n a este fondo para cubrir los complementos de pensiones tiene que realizarse directamente de la cuenta de resultados de los bancos, lo que significa una reducci¨®n importante de los beneficios obtenidos a final del ejercicio. En la misma medida en que los complementos se redujeran, las dotaciones tendr¨ªan que ser menores y repercutir¨ªan menos sobre el nivel de beneficios. El convenio de 1980 -firmado por AEB y UGT-, en el que se suprimi¨® el complemento de pensiones para los trabajadores que ingresaran en los bancos a partir de ese a?o, fue el primer paso que la patronal dio para reducir sus obligaciones con los empleados.Posteriormente empezaron a hacerse dotaciones al fondo de pensiones por parte de aquellas instituciones cuya generaci¨®n de resultados lo permit¨ªa. En la actualidad hay bancos que tienen hechas todas las dotaciones necesarias y otros que no han empezado a constituir el fondo. CC OO no firm¨® el convenio de 1980 por la desaparici¨®n del complemento de pensiones a partir de dicha fecha y ha se?alado que no est¨¢ dispuesta a aceptar nuevos recortes; UGT, que s¨ª firm¨® aquel convenio, se?ala ahora su oposici¨®n total a nuevas rebajas. El anuncio de una posible huelga general del sector marca el inicio de un per¨ªodo de incremento de la conflictividad laboral que coincidir¨¢ con la revisiones salariales previstas en el AES. Conflictividad que no quieren algunos de los grandes bancos y que intentar¨ªan sacudirse mediante descalificaciones a la patronal por adoptar medidas globalizadoras de situaciones particulares.