La situaci¨®n jur¨ªdica de Ruiz-Mateos sigue sin definirse tras dos a?os y medio de litigios

El 18 de febrero de 1983, el ministro de Econom¨ªa, Miguel Boyer, declar¨®: "Si Rumasa rompe con Arthur Andersen para hacer la auditor¨ªa del grupo, se le enviar¨¢n los inspectores del Banco de Espa?a". Cinco d¨ªas m¨¢s tarde, el portavoz del Gobierno anunciaba la expropiaci¨®n de uno de los mayores grupos empresariales de Espa?a, decidida en Consejo de Ministros. Al mismo tiempo se publicaba en el Bolet¨ªn Oficial del Estado el texto del decreto-ley nacionalizador.

El 4 de marzo, Ruiz-Mateos fij¨® su residencia en Londres. En la misma fecha, el fiscal general del Estado design¨® a dos fiscales para investigar la situaci¨®n del holding. Tres d¨ªas despu¨¦s, el Grupo Popular present¨® un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto expropiador, que fue desestimado en diciembre del mismo a?o. La sentencia declaraba constitucional el decreto-ley de expropiaci¨®n del holding. El 10 de mayo, el Congreso aprob¨® el proyecto de ley de expropiaci¨®n.En marzo de 1984, el Consejo de Ministros adjudic¨® el Banco Atl¨¢ntico a un consorcio bancario hispano-¨¢rabe. El 25 de abril, la polic¨ªa fronteriza de la Rep¨²blica Federal de Alemania (RFA) detuvo a Ruiz-Mateos en el aeropuerto de Francfort, adonde llegaba procedente de EE UU. En el momento de su detenci¨®n llevaba un rev¨®lver y un pasaporte paname?o falso. Tres d¨ªas m¨¢s tarde ingres¨® en la prisi¨®n de Preugensheim, en Francfort.

El 30 de mayo del mismo a?o, el Gobierno espa?ol remiti¨® al alem¨¢n la documentaci¨®n solicitada para la extradici¨®n por varios delitos, entre ellos estafa, apropiaci¨®n indebida y delitos monetarios. El 6 de junio fue admitida a tr¨¢mite la solicitud de extradici¨®n. El d¨ªa 20 de ese mismo mes, el Consejo de Ministros aprob¨® la reprivatizaci¨®n de la cadena hotelera del grupo, Hoteles Agrupados, SA.

Un mes despu¨¦s, el Tribunal del Estado de Hesse concedi¨® la libertad provisional del industrial tras el pago de una fianza de 10 millones de marcos (unos 550 millones de pesetas).

Nuevos interrogantes

El 31 de julio se firm¨® la escritura p¨²blica del convenio obligacional otorgado por el Estado y 12 entidades bancarias que se hicieron cargo de la gesti¨®n de los bancos de Rumasa.

El 5 de octubre, un auto dictado por el juzgado de primera instancia envi¨® la expropiaci¨®n de Rumasa al Tribunal Constitucional, que lo admiti¨® a tr¨¢mite. Esta decisi¨®n abri¨® nuevamente los interrogantes jur¨ªdicos sobre el caso.

El 29 de marzo, la Audiencia Territorial de Francfort anunci¨® el fallo por el que se conced¨ªa la extradici¨®n a Ruiz-Mateos. La sentencia concede la extradici¨®n s¨®lo por dos acciones. La primera por haber realizado asientos contables sin conocimiento de los tribunales, con fondos procedentes de cr¨¦ditos ficticios, para una presunta regulaci¨®n de las p¨¦rdidas de diferentes bancos del grupo Rumasa a principios de 1983, y luego, el 24 de febrero de 1983, reintegros a las cuentas pertenecientes al grupo Rumasa. La segunda por haber incrementado sin base real los balances patrimoniales del grupo. La Audiencia Territorial de Francfort acord¨® mantener el r¨¦gimen de libertad bajo fianza. Y fuentes de la Fiscal¨ªa declararon que la solicitud por motivo fiscal estaba incompleta, por lo que no .se pod¨ªa conceder la extradici¨®n por ese delito.

En junio de este a?o, el empresario consigui¨® un aplazamiento para evitar su extradici¨®n. El ministro de Justicia decidi¨® no continuar con el procedimiento mientras no se recibiera en el Tribunal Constitucional una petici¨®n de Ruiz-Mateos.