La rebeli¨®n de los alcaldes

Los alcaldes espa?oles est¨¢n hartos de la voracidad desplegada en los ¨²ltimos a?os por las comunidades aut¨®nomas, que tratan de someter jer¨¢rquicamente a los municipios de sus respectivas ¨¢reas geogr¨¢ficas y hacerse con buena parte de sus competencias La rebeli¨®n de los alcaldes contra los Gobiernos regionales ha comenzado, y ya se anuncia para noviembre, en el marco de la asamblea general de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (organismo que agrupa al 98% de las corporaciones locales), la posible adopci¨®n de una serie de medidas de fuerza para replicar a los Gobiernos regionales, poner coto a su creciente expansionismo y preservar la configuraci¨®n constitucional del Estado en tres administraciones aut¨®nomas y diferenciadas: Administraci¨®n central, administraciones territoriales y administraciones locales.Hay una larga serie de agravios de los Gobiernos regionales a los ayuntamientos. Una sucesi¨®n de interferencias en la gesti¨®n municipal y de intromisiones en las relaciones de las administraciones locales con la Administraci¨®n central, que junto con la indolencia de las comunidades aut¨®nomas para aportar fondos de sus presupuestos a las corporaciones locales (ninguna comunidad ha instaurado todav¨ªa el Fondo de Cooperaci¨®n Municipal previsto en la Constituci¨®n para contribuir a la financiaci¨®n de ayuntamientos y diputaciones), ha desbordado la paciencia de los alcaldes.

"Las corporaciones locales estamos apreciando que el Estado centralista con capital en Madrid, en vez de desaparecer, como deber¨ªa haber ocurrido tras la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n en 1978, est¨¢ siendo sustituido por un policentralismo con 17 capitales diferentes", afirma Jos¨¦ Domingo G¨®mez Castallo, secretario general de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP). "Y que no se nos mal interprete", a?ade, "que no estamos en contra de las comunidades aut¨®nomas y somos respetuosos con la nueva configuraci¨®n del Estado, pero lo que no podemos consentir es que desde este ¨¢mbito se cercene la autonom¨ªa y la independencia que la Constituci¨®n otorga a los municipios".

... y apaleados

La indignaci¨®n de los representantes municipales sube de tono al comentar el proyecto de ley de sanidad que se encuentra en tramitaci¨®n en el Senado, que a su juicio supone un nuevo gol que quieren meter las comunidades aut¨®nomas a las corporaciones locales. El proyecto de ley, seg¨²n estas fuentes, crea un servicio integrado de salud que gestiona todos los servicios sanitarios de una zona. "La filosof¨ªa de coordinar y aunar los recursos nos parece correcta", indican los representantes de la FEMP, "pero lo que no podemos aceptar es que se nos obligue a transferir a las comunidades aut¨®nomas, junto a los hospitales de corporaciones locales y las casas de socorro, las dotaciones que los municipios dedicaban a estos servicios de salud de sus tributos y de sus recaudaciones".

Seg¨²n la FEMP, la realizaci¨®n de estas prestaciones sanitarias a los ciudadanos la han realizado los ayuntamientos y diputaciones, como en tantos otros casos, para suplir deficiencias asistenciales del Estado o para complementarlas, pero nunca porque existiera una obligaci¨®n concreta de los municipios o de las diputaciones. "Es l¨®gico, y nos parece muy bien, que las comunidades aut¨®nomas se hagan cargo de la gesti¨®n de estas instituciones y descarguen a las corporaciones locales de esta responsabilidad, pero lo que no podemos consentir es que obliguen a las maltrechas haciendas locales a financiar unas instituciones ajenas que pol¨ªticamente van a ser capitalizadas por los Gobiernos regionales, cuando nuestros recursos no alcanzan a cubrir las numerosas demandas sociales que se producen en los niunicipios", precisan estas fuentes.

Aceptar estos planteamientos introducidos en el proyecto de ley por el Gobierno central para contentar a las comunidades aut¨®nomas, que no aceptar¨ªan estas transferencias si la financiaci¨®n corriese a su cargo, indica la FEMP, supone para las corporaciones locales subvencionar con 50.000 millones de pesetas anuales a los Gobiernos aut¨®nomos. Y todo ello cuando desde las comunidades aut¨®nomas no se arbitran las ayudas financieras a los municipios previstas en la Constituci¨®n y cuando el Gobierno central regatea y recorta la participaci¨®n porcentual de los ayuntamientos y diputaciones en su recaudaci¨®n por impuestos estatales.

Juego limpio

"Y que no se nos acuse de insolidarios", a?ade la FEMP, "porque si de verdad los ayuntamientos y diputaciones lo fu¨¦ramos, habr¨ªamos cerrado este a?o, antes de que entre en vigor la citada ley, todas las casas de socorro y hospitales que dependen de nosotros. As¨ª no habr¨ªa instituciones que ceder a las autonom¨ªas, ni tampoco dotaciones de nuestros presupuestos susceptibles de transferencia a los Gobiernos regionales. Y no lo hemos hecho".

De todos modos, los agravios vienen de lejos, y a veces, seg¨²n la FEMP, son mucho m¨¢s dif¨ªciles de probar, "aunque est¨¦n maniatando la actuaci¨®n de los ayuntamientos". La aprobaci¨®n de planes de ordenaci¨®n urbana por las autonom¨ªas, que han sustituido en este menester al Ministerio de Obras P¨²blicas, se ha convertido en un verdadero calvario para muchos municipios. La diferente adscripci¨®n pol¨ªtica entre los gestores de un Gobierno regional y los de un ayuntamiento de su zona, seg¨²n la FEMP, puede agravar a¨²n m¨¢s, en determinados casos, este problema.

"Estamos en sus manos", a?ade la FEMP. Los Gobiernos regionales tienen un arma preciosa , seg¨²n estas fuentes, para premiar o castigar a las corporaciones locales que se pliegan o se rebelan a sus directrices o a sus caprichos. En muchos casos, precisan, la demora o las pegas administrativas en la aprobaci¨®n de un plan de ordenaci¨®n urbana de un ayuntamiento son mucho mayores que cuando esta facultad era atribuci¨®n de la Administraci¨®n central. "Antes, la pugna de poderes estaba mucho m¨¢s diluida y no era posible, como ahora, su utilizaci¨®n con fines pol¨ªticos".

Esta guerra sorda entre ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas no se circunscribe, a este tema. Determinadas transferencias del Estado, como las casas de cultura en Catalu?a, han tardado varios a?os en ser atribuidas a los ayuntamientos, seg¨²n la FEMP, por parte de la Generalitat, que las hab¨ªa recibido en primera instancia. El Gobierno andaluz, por poner otro ejemplo, ha estado gestionando una piscina municipal y se sac¨® de la manga un decreto, hace unos meses, por el que regulaba la figura de inspector jefe de la Polic¨ªa Municipal en su territorio. El revuelo que arm¨® esta medida, seg¨²n los representantes de los municipios, oblig¨® a la Junta de Andaluc¨ªa a dar marcha atr¨¢s y a retirar el decreto. El Gobierno regional, seg¨²n esta fuente, pretendi¨® sobrepasar las facultades que le son propias e inmiscuirse, invadiendo competencias de los municipios, en campos que no le correspond¨ªan.

La pugna por las competencias en materia de turismo constituyen otro frente de conflicto. Las comunidades aut¨®nomas, que tambi¨¦n mantienen una dura batalla en este terreno con la Administraci¨®n central, promocionan en el exterior las marcas regionales (Catalu?a, Pa¨ªs Vasco, etc¨¦tera) en detrimento de los municipios tur¨ªsticos concretos, seg¨²n la FEMP. El turista extranjero conoce y se siente atra¨ªdo mucho m¨¢s por los nombres de Playa de Aro, Benidorm o Mallorca, seg¨²n los representantes municipales, que por los de Catalu?a, Comunidad Valenciana o Comunidad Balear. Esta peque?a guerra entre las distintas administraciones del Estado ha producido situaciones rid¨ªculas en alguna peque?a poblaci¨®n, en la que tres oficinas de turismo distintas (la municipal, la de la comunidad aut¨®noma y la del Estado), que distan apenas unos metros unas de otras, reparten los mismos folletos y facilitan id¨¦ntica informaci¨®n.

Los alcaldes se quejan tambi¨¦n de la carga que supone para sus presupuestos la financiaci¨®n del mantenimiento de los centros escolares (agua, luz, n¨®mina de los conserjes, gastos de reparaciones, etc¨¦tera), sin participaci¨®n alguna en la gesti¨®n de dichos centros y sin compensaci¨®n de ning¨²n tipo por parte del Estado o la comunidad aut¨®noma. "Nos cuesta much¨ªsimo dinero y no tenemos derecho ni a utilizar estas instalaciones en per¨ªodos vacacionales o durante horas fuera de la jornada escolar", indican estas fuentes.

"Y otro tanto cabr¨ªa decir de los calabozos municipales", a?aden, "que de ser unos dep¨®sitos destinados a borrachos, alborotadores y peque?os delincuentes, para estancias m¨¢ximas de 48 horas, se han convertido, sin reunir ninguna condici¨®n para ello, en unas dependencias carcelarias m¨¢s". La saturaci¨®n de las prisiones del Estado o de la Generalitat hace que los jueces utilicen los calabozos municipales para internamientos prolongados de delincuentes peligrosos, que en algunos casos llegan a cumplir el per¨ªodo preventivo en estas dependencias, con el consiguiente coste para los ayuntamientos, riesgo para sus polic¨ªas municipales y para los propios detenidos. "Borrachos y mujeres conviven en una misma dependencia durante muchos d¨ªas, en algunos casos con drogadictos y delincuentes de largo historial", indican los representantes del FEMP, "y luego, cuando se quema una colchoneta y muere abrasado un heroin¨®mano o se produce una reyerta en la dependencia que cuesta la vida a alguno de sus hu¨¦spedes, los mismos jueces que nos obligan a retener en los calabozos a estas personas m¨¢s all¨¢ de las 48 horas legales, procesan a nuestros polic¨ªas municipales, como ha ocurrido en el caso de Sagunto y en alg¨²n ayuntamiento m¨¢s". Los ayuntamientos perciben por esta labor, que les cuesta anualmente 437 millones de pesetas y les obliga a destinar a guardianes a sus escasas plantillas de polic¨ªa, una subvenci¨®n de 17 millones de pesetas.

Financiaci¨®n y vasallaje

El intento de los Gobiernos auton¨®micos de someter jer¨¢rquicamente a los municipios no se limita a la absorci¨®n o fiscalizaci¨®n de competencias, sino que alcanza tambi¨¦n a la titularidad de los recursos y a su distribuci¨®n.

Las negociaciones entabladas estos d¨ªas entre los municipios catalanes y la Generalitat son un claro exponente de esta situaci¨®n. Los ayuntamientos exigen al Gobierno de Pujol, seg¨²n la FEMP, que cree un fondo de cooperaci¨®n municipal para dar cumplimiento al art¨ªculo 142 de la Constituci¨®n ("Las haciendas locales deber¨¢n disponer de los medios suficientes para el desempe?o de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrir¨¢n fundamentalmente de tributos propios y de participaci¨®n en los del Estado y de las comunidades aut¨®nomas").

La Generalitat, siempre seg¨²n la FEMP, exige como condici¨®n previa a los municipios catalanes que las transferencias del Estado a los mismos no se realicen directamente, como hasta ahora, a trav¨¦s de la federaci¨®n estatal de municipios, sino que se canalicen a trav¨¦s del Gobierno regional y que sea ¨¦ste quien reparta dichos fondos entre las corporaciones.

Los ayuntamientos se niegan en redondo a someter la distribuci¨®n de estos dineros al criterio de la Generalitat y han manifestado que s¨®lo aceptar¨ªan esta postura si el Gobierno regional crea el fondo de cooperaci¨®n municipal con cargo a sus presupuestos, dot¨¢ndolo de una cantidad equivalente a las transferencias estatales a los municipios catalanes y comprometi¨¦ndose al mismo tiempo a que ninguna corporaci¨®n percibir¨¢ menos dotaciones que las que percib¨ªa hasta ahora.