La Seguridad Social deniega en Barcelona m¨¢s de la mitad de las pensiones de invalidez solicitadas

a Direcci¨®n Provincial de Barcelona del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deneg¨® durante todo el a?o pasado m¨¢s de la mitad de las pensiones de invalidez permanente solicitadas, seg¨²n un informe elaborado por el abogado de CC OO de Catalu?a, Joan Coscubiela. Se da la circunstancia, seg¨²n las mismas fuentes, de que la Magistratura de Trabajo de Barcelona aprob¨® despu¨¦s, mediante sentencia, el 40%. de las pensiones denegadas. Ello ha comportado, seg¨²n CC OO, innumerables perjuicios a los trabaja dores, gastos innecesarios a la Seguridad Social y el bloqueo de las Magistraturas de Trabajo.En la provincia de Barcelona, el INSS deneg¨® durante el a?o 1985 y el primer trimestre de 1986 un total de 10.921 expedientes de invalidez permanente, de los 21.541 iniciados. En ¨¦se mismo per¨ªodo, las Magistraturas de Trabajo dictaron un total de 17.015 sentencias relativas a expedientes de invalidez, un 40% de las cuales fueron favorables al pensionista.

El porcentaje de asuntos de la jurisdicci¨®n laboral concernientes a problemas de Seguridad Social se ha elevado de forma notable en toda Espa?a durante los ¨²ltimos a?os. En 1985, las Magistraturas de Trabajo de todo el Estado resolvieron un total de 293.077 asuntos, de los que 100.960 se pronunciaban sobre distintos procedimientos de Seguridad Social. Las reclamaciones derivadas, del con trato de trabajo fueron s¨®lo ligeramente superiores (135.835), mientras que las sentencias por despido se elevaron ¨²nicamente a 54.888.

Procedimientos laborales

En Catalu?a, el n¨²mero de procedimientos de Seguridad Social seguidos por la jurisdicci¨®n laboral fue todav¨ªa superior. De un total de 48.893 asuntos, casi la mitad (24.365) resolvieron expedientes de Seguridad Social, mientras que los despidos resueltos por sentencia s¨®lo alcanzaron la cifra de 8.250 y las reclamaciones por contrato de trabajo se elevaron a 16.034. La Administraci¨®n, seg¨²n el informe, no se rige por criterios m¨¦dicos y jur¨ªdicos para resolver los problemas de invalidez de los trabajadores, sino que tiene, como objetivo reducir los gastos de la Seguridad Social. Las mismas fuentes afirman que, adem¨¢s, esta situaci¨®n ocasiona gastos extraordinarios a la Seguridad Social al tener que comparecer de forma continuada ante las Magistraturas de Trabajo.

Para ello contrata abogados en r¨¦gimen de arrendamiento de servicios y utiliza peritos m¨¦dicos de tres instituciones privadas (Lenox, Labor y Nuestra Se?ora de Brugues).

Por el contrario, seg¨²n CC OO, el nivel de fraudes detectados en las revisiones ha sido m¨ªnimo.