Unos 4.000 contribuyentes, perjudicados por un fraude superior a 1.000 millones de pesetas en el impuesto sobre el lujo

ANDREU MISS? Unos 4.000 contribuyentes han resultado perjudicados por un fraude superior a los milIones de pesetas en el pago del impuesto sobre el lujo, realizado por m¨¢s de 15 vendedores y concesionarios de autom¨®viles en varias localidades catalanas, principalmente Sabadell, Badalona, I'Hospitalet, Santa Coloma de Gramanet, Igualada y Manresa, entre otras.

Aunque las irregulariades se efectuaron antes de abril de 1982, sus efectos no se conocieron hasta f¨¦chas muy posteriores y en algunos casos los perjudicados a¨²n no han tenido conocimiento de ello.

Los perjudicados por el fraude son compradores de veh¨ªculos a plazo que pagaron el impuesto al concesionario confiando en que ¨¦ste lo ingresar¨ªa posteriormente a Hacienda y que les entregar¨ªan las cartas de pago al final de la operaci¨®n. Con la legislaci¨®n anterior, el contribuyente dispon¨ªa de un mes para pagar a Hacienda, despu¨¦s de la matriculaci¨®n del veh¨ªculo. Ello supon¨ªa una importante fuente de finaciaci¨®n para los concesionarios, que aplazaban indefinidamente los pagos, ya que los recargos por atrasos eran muy reducidos. Lo que se inici¨® como un sistema irregular de financiaci¨®n de los vendedores acab¨® en un importante fraude, pues al final muchos prefirieron cerrar el negocio a pagar la deuda que Hacienda hab¨ªa descubierto.

En los ¨²ltimos d¨ªas, el servicio de recaudaci¨®n de la Generalitat ha incrementado sus actuaciones, con m¨¢s de 30 requerimientos diarios, exigiendo las correspondientes cartas de pago a los contribuyentes que figuran como deudores del impuesto. Ello ha provocado un notorio malestar entre los afectados, que descubren ahora que el impuesto que pagaron a los vendedores de los veh¨ªculos no fue ingresado a Hacienda. A ra¨ªz de estas actuaciones han cerrado los establecimientos Dofer, en I'Hospitalet de Llobregat, y Autostadi, en Sabadell, dejando numerosos perjudicados, seg¨²n fuentes de la Generalitat.

A partir de abril de 1982, la Administraci¨®n modific¨® el sistema de recaudaci¨®n y exigi¨® el certificado de la carta de pago del impuesto sobre lujo como requisito previo para la matriculaci¨®n. Este tipo de irregularidades se ha detectado tambi¨¦n en otras comunidades aut¨®nomas.

Dif¨ªcil reclamaci¨®n

La Generalitat ha enviado m¨¢s de 10.000 requerimientos a los contribuyentes que aparec¨ªan -como deudores. Los afectados se dirigieron a los vendedores, a quienes hab¨ªan satisfecho el impuesto, los cuales en muchos casos optaron por pagar la deuda para evitar que se decubriera el fraude. Por esta v¨ªa, la Generalitat ha recuperado m¨¢s de 600 millones de pesetas que hab¨ªa deja de ingresar la Administraci¨®n central antes de 1982, cuando el tributo a¨²n no se hab¨ªa cedido al Gobierno catal¨¢n. En otros casos, ante el gran volumen de la deuda reclamada, algunos vendedores optaron por cerrar sus establecimientos y desaparcer, dejando a m¨¢s de 4.000 perjudicados. La reclamaci¨®n de ¨¦stos resulta muy dif¨ªcil. Por una parte, la Administraci¨®n persigue a los compradores, que son los sujetos pasivos, seg¨²n la ley. ?stos pueden reclamar a su vez por la v¨ªa judicial, procedimiento, que est¨¢ resultando infructuoso. La Administraci¨®n ha dado facilidades a los perjudicados, procurando eliminar las sanciones.