Ledesma explica que la incomparecencia de guardias civiles evit¨® la vulneraci¨®n de sus derechos fundamentales

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, explic¨® ayer, ante la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, el respaldo gubernamental a la incomparecencia de 90 guardias civiles ante una juez de Bilbao que investiga presuntas torturas. Ledesma asegur¨® que el Gobierno no apoy¨® una desobediencia, sino que trat¨® de suscitar en la autoridad judicial "consideraciones sobre la ilegalidad de su resoluci¨®n" para evitar la vulneraci¨®n de derechos fundamentales esenciales de los guardias civiles. Ledesma vincul¨® la dimisi¨®n del fiscal general del Estado, Luis Bur¨®n, con el t¨¦rmino de la legislatura.

El apoyo gubernamental a la incomparecencia de los guardias civiles fue planteado por varios portavoces de la oposici¨®n, tras la extensa intervenci¨®n inicial del ministro de Justicia. Ledesma expuso el programa de su departamento para la actual legislatura, ampliando a toda ella el plazo legal de un a?o previsto para el desarrollo de la ley org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), as¨ª como otros compromisos que ya figuraban en el programa electoral socialista de 1982.El "calendario razonable" dise?ado por Ledesma incluye para 1987 una ley de bases y las leyes de planta y demarcaci¨®n [de juzgados], y para 1988 y 1989 la implantaci¨®n de estas leyes y del nuevo sistema procesal, todo ello previo a la ley del Jurado, que "va a ser introducido en esta legislatura", se?al¨® el ministro.

En la contestaci¨®n a los grupos parlamentarios, algunos de cuyos portavoces -como Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, de Euskadiko Ezkerra, y Joseba Zubia, del PNV- dudaban todav¨ªa que Ledesma hubiera respaldado la orden de incomparecencia de los guardias civiles, el ministro de Justicia midi¨®, las palabras: "Cuando el ministro del Interior afirmaba ayer [por anteayer] que hab¨ªa consultado al ministro de Justicia, dec¨ªa rigurosamente la verdad". [Observadores cualificados han hecho notar que Ledesma fue cuidadoso en no confirmar que la consulta se realizara "antes" de que la decisi¨®n fuera adoptada y a?aden que los argumentos jur¨ªdicos aportados ayer por el ministro de Justicia. no figuran en el escrito dirigido a la juez de Bilbao el 28 de agosto].

En todo caso, Ledesma asegur¨® que el Gobierno no pretendi¨® "la resistencia definitiva, a una decisi¨®n judicial, que no era firme, sino suscitar la consideraci¨®n sobre las razones de ilegalidad de la resoluci¨®n de la juez Huertas". El ministro de Justicia hizo una exposici¨®n jur¨ªdica muy elaborada, que apoy¨® en su "¨¦tica democr¨¢tica" y en jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional.

En resumen, se?al¨® que no existe delito de desobediencia cuando el mandato que se incumple se opone manifiestamente a un precepto legal; que el denunciante de torturas no hab¨ªa ofrecido las m¨ªnimas caracter¨ªsticas sobre los presuntos torturadores, a excepci¨®n del uniforme, y que el sometimiento a una prueba, judicial no reviste car¨¢cter absoluto, si se violentan derechos fundamentales esenciales, como los de los guardias civiles a la vida, la integridad f¨ªsica y la defensa.

Ledesma inform¨® que, con fecha 15 de septiembre de 1986, el fiscal de Bilbao -que no pudo recurrir la providencia de citaci¨®n por no haberle sido notificada-, ha pedido formalmente a la juez Huertas que reconsidere la conveniencia del reconocimiento en rueda de los guardias civiles, dada su posible ilegalidad.

El ministro de Justicia expres¨® su esperanza en que se produzca "un final ajustado a derecho", que tenga en cuenta el reconocimiento por jueces y magistrados del imperio de la ley, as¨ª como la necesaria colaboraci¨®n con jueces y tribunales en el curso del proceso. Y agreg¨® que esta actitud la adoptaba "tanto desde la legalidad" como desde sus "responsabilidades pol¨ªticas".

Dimisi¨®n de Bur¨®n

Menos expl¨ªcito fue Ledesma en lo que se refiere a la dimisi¨®n del fiscal general del Estado, Luis Antonio Bur¨®n, sobre la que tambi¨¦n pidieron explicaciones vanos grupos parlamentarios, si bien ninguno de ellos vincul¨® este hecho con las discrepancias con el Gobierno sobre la petici¨®n de procesamiento de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, en el caso Banca Catalana. El ministro de Justicia asegur¨® que, tras las elecciones y constituido ¨¦l nuevo Gobierno, Bur¨®n "puso el cargo a disposici¨®n del Gobierno, como ocurre en numerosos pa¨ªses democr¨¢ticos", si bien pidi¨® que se demorase su dimisi¨®n hasta el acto de apertura de los tribunales.

Precisamente en ese acto solemne ante el Rey, Bur¨®n present¨® la Memoria del a?o judicial 1985, en cuya introducci¨®n se afirmaba, entre otras cuestiones, que "el Gobierno no puede ni debe sentirse atado al mantenimiento en un cargo de alguien que debe contribuir a la ejecuci¨®n de una parte de las directrices de pol¨ªtica interior en cuanto advierta divergencias insalvables en el modo de desarrollar esas direcxtrices". Ledesma realt¨® ayer que en el mismo lugar de la Memoria se se?ala lo siguiente: "El Ministerio Fiscal continu¨® desarrollando su misi¨®n constitucional sin cortapisas ni intromisiones de ninguna clase":

El propio Bur¨®n -que ayer no pudo ser localizado-, al confirmar a la Prensa su dirr¨²si¨®n el pasado 12 de septiembre, la relacion¨® con el t¨¦rmino de la legislatura. Ni Bur¨¢n ni Ledesma citaron el precepto legal que prev¨¦ esta dimisi¨®n. Fuentes jur¨ªdicas se?alaron que en caso de que este precepto existiera "hablar¨ªa de cese, pero nunca de dimisi¨®n, que es una decisi¨®n no ajustada a plazos y que suele tomarse voluntariamente".