Dos versiones enfrentadas para explicar la segunda crisis bancaria en volumen

Las versiones sobre lo sucedido en Banca Catalana est¨¢n diametralmente enfrentadas. Para el ministerio fiscal, los gestores del grupo que necesit¨® ayudas estatales por 340.000 millones de pesetas para su saneamiento- cometieron delitos de falsedad, apropiaci¨®n indebida y maquinaci¨®n sobre precios. Para la defensa, si hubo irregularidades, fueron meras infracciones administrativas.

La crisis del grupo Banca Catalana, que estall¨® abiertamente en junio de 1982, ha sido la segunda por volumen, tras la de Rumasa, en la reciente historia bancaria espa?ola. Afect¨® a siete entidades bancarias (Catalana, Industrial de Catalu?a, Industrial del Mediterr¨¢neo, Gerona, Barcelona, Alicante y (Cr¨¦dito e Inversiones), con unos dep¨®sitos globales de 260.000 millones de pesetas.La profundidad del deterioro a que hab¨ªa llegado el grupo tras a?os de mete¨®rico ascenso, junto con la morosidad en la resoluci¨®n del problema -la autoridad monetaria extrem¨® su prudencia tanto por la especifidad catalana como por la situaci¨®n de tr¨¢nsito pol¨ªtico del centrismo al socialismo-, fue un elemento, clave del desenlace. Banca Catalana tambi¨¦n fue la segunda crisis por el total de ayudas facilitadas por el sector p¨²blico: seg¨²n la auditor¨ªa del Tribunal de Cuentas, 340.000 millones.

La querella

Lo que en principio se supon¨ªa un episodio m¨¢s o menos normalizado de la crisis bancaria, es decir un crack econ¨®mico agravado por una gesti¨®n m¨¢s o menos deficiente, empez¨® a adoptar otros tintes en mayo de 1984, cuando -tras una larga investigaci¨®n- el ministerio fiscal interpuso querella contra 25 antiguos administradores del banco. La acusaci¨®n inicial fue por presuntos delitos de falsedad y apropiaci¨®n indebida.Entre los querellados figuraba el fundador.y principal impulsor de la entidad, Jordi Pujol, actual, presidente de la Generalitat, lo que gener¨® reacciones pol¨ªticas en cadena.

El sumario abierto hace dos a?os y medio ha concluido en una ratificada -a la vez que modificada- petici¨®n fiscal de procesamiento. Los encausados son finalmente 17, y el abanico de presuntos delitos se ha ampliado con el de maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas, que la acusaci¨®n atribuye al propio Pujol. Frente a ello, la defensa de 14 de los inculpados sostiene una versi¨®n radicalmente opuesta al considerar que las irregularidades existentes en ning¨²n caso est¨¢n tipificadas como delito en el C¨®digo Penal.

Los interrogantes

Las cuestiones planteadas sobre las que el pleno de la Audiencia debe dilucidar son casi inter¨ªninables. La crisis de Banca Catalana ?fue algo puramente derivado de la crisis econ¨®mica general, o sus administradores contribuyeron a arruinar la entidad? Los 17 querellados ?actuaron ¨²nicamente. a f¨¢vor de la entidad, sin recibir siquiera dietas, o aprovecharon la situaci¨®n para lucrarse? ?Hubo ¨²nicamente infracciones de tipo administrativo para sortear el cors¨¦ impuesto a un grupo bancario mal visto por ser nacionalista, o se cometieron delitos previstos y penados en el C¨®digo Penal?M¨¢s a¨²n. ?Fueron s¨®lo inexactos o tambi¨¦n falsarios? ?Se sacrificaron, incluso fiscalmente, o m¨¢s bien desviaron caudales, y en alg¨²n momento hacia sus propios bolsillos? La historia econ¨®mica y judicial de Banca Catalana es una, pero las versiones finales son dos. Una, muy detallada, es la de los fiscales. La otra, m¨¢s gen¨¦rica, pertenece a la defensa.

El esquema de la acusaci¨®n es conocido: los administradores del banco constituyeron una caja B, como sistema paralelo para detraer fondos -hasta un total de 78.507 millones en ocho a?os- de la contabilidad ordinaria. Lo hicieron por medio de cr¨¦ditos ficticios, facturas duplicadas y otros documentos carentes de validez. Esta doble contabilidad se completaba con una pl¨¦yade de 27 sociedades instrumentales que no ten¨ªan capital propio y acabaron en situaci¨®n de insolvencia.

Los fondos desviados y las sociedades instrumentales se aplicaban a operaciones de compra de bancos, sociedades y valores de todo tipo, incumpliendo casi siempre las normas vigentes. Ya en estas operaciones se produjo, seg¨²n la versi¨®n fiscal, determinado lucro para los administradores (al destinar fondos a sociedades que les estaban vinculadas), origin¨¢ndose un perjuicio patrimonial para Catalana de 14.782 millones.

Otras pr¨¢cticas

Estos flujos separados de la cont¨¢bilidad ordinaria, a la que eran opacos, tambi¨¦n se usaron para financiar la autocartera, como modo de "asegurar el dominio mayoritario" y evitar censuras de los minoritarios. Tambi¨¦n para pagar extratipos, algunos de los cuales fueron a familiares de administradores (el caso de los Soldevila, Miquel o Ferrusola). Este dinero sirvi¨®, asimismo, para pagar complementos, sobresueldos y dividendos ficticios, puesto que no hab¨ªa beneficios reales. Otros fondos se utilizaron para com prar las acciones precipitada mente vendidas por Pujol a la so ciedad instrumental insolvent Hoe, SA, por 25 millones, seis meses antes de la crisis. Joan Casablancas y otro administrador fallecido tambi¨¦n realizaron ope raciones similares, seg¨²n la acusaci¨®n.Los fiscales estiman que par evitar el conocimiento de estos hechos y la censura de los accio nistas los administradores fal searon contabilidades, ocultaron datos e hicieron afirmaciones mendaces. Todo ello ha sido calificado por la acusaci¨®n como de litos de falsedad y de apropiaci¨®n indebida.

La defensa

La versi¨®n de la defensa es igual mente taxativa, pero radicalmen te contraria. Sostiene que quiz¨¢ se produjo alguna infracci¨®n administrativa, pero nunca delitos. El argumento centrall de los querellados es que el pago de extratipos, las contabilidades diferenciadas y las sociedades instrumentales constitu¨ªan una pr¨¢ctica com¨²n dentro del sector bancario.La defensa estima tambi¨¦n que si hubo extratipos a personas vinculadas a los querellados, fuesimplemente "prueba de confianza de dichas personas y en forma alguna un trato de favor". Las cuentas diferenciadas eran s¨®lo eso, una representaci¨®n num¨¦rica, cuenta B y no caja B: "No es una caja o contabilidad aparte, sino un conjunto de anotaciones que explicaban el concepto real de la aplicaci¨®n de determinados recursos", por lo que, seg¨²n esta versi¨®n, no pudo haber desv¨ªo de recursos a un circuito sumergido y, en consecuencia, tampoco apropiacion indebida.

Asimismo, seg¨²n la defensa, en ning¨²n supuesto "los querellados llegaron a lucrarse personalinente", hasta el punto de que los administradores no cobraban ni sueldos ni tan s¨®lo dietas. El hecho de que la mayor¨ªa del accionariado no exigiese responsabilidades se aporta como argumento a favor.

Para los implicados, la autocartera ten¨ªa una funci¨®n t¨¦cnica. Al no cotizar en bolsa, era el "inedio de hallar r¨¢pidamente comprador y evitar fluctuaciones en el precio". Las 27 sociedades fantasmas, por su parte, constitu¨ªan un instrumento paralelo para poder efectuar la expansi¨®n del banco, pues serv¨ªan para comprar acciones de otras entidades zaf¨¢ndose de la normativa que limitaba dicha expansi¨®n, aplicada con especial dureza por razones pol¨ªticas a Catalana, a la que se imped¨ªa la v¨ªa normal de apertura de sucursales".

Y los cr¨¦ditos no eranficticios, sino simplemente a fiduciarios, para comprar participaciones en otros bancos. Por ¨²ltimo, estas compras de acciones "no eran secretas, sino conocidas y consentidas por el Banco de Espa?a". El resumen de todo ello es solicitar el sobreseimiento del sumario.