Tres ex directores del Banco Industrial del Mediterr¨¢neo, procesados por supuestas irregularidades

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Valencia ha dictado auto de procesamiento contra tres ex directores generales del Banco Industrial del Mediterraneo (BIM), que perteneci¨® al grupo de Banca Catalana, por presuntas irregularidades cometidas en la administraci¨®n de la empresa Vilarrasa Sicra, Sociedad An¨®nima, dedicada a la manipulaci¨®n, de maderas, y cuyo 75% del capital perteneci¨® a la citada entidad bancaria. El juzgado ha procesado tambi¨¦n por los mismos hechos a seis directivos de la firma maderera y a tres miembros del comit¨¦ de empresa. El juzgado ha fijado para los acusados una fianza total de 706 millones de pesetas para hacer frente a las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del sumario.

Este procedimiento judicial se inici¨® en 1982, cuando 19 trabajadores de Vilarrasa Sicra, SA, presentaron una querella contra los ex directivos de la empresa por incumplir un plan de viabilidad pactado con el Gobierno en abril de 1980.Gracias a este plan de viabilidadad la empresa Vilarrasa recibi¨® de la Administraci¨®n ayudas por un importe total de 460 millones de pesetas, a pesar de lo cual se rescindieron los contratos de los obreros y se procedi¨® a la clausura de la factor¨ªa nueve meses despu¨¦s de recibidas las subvenciones oficiales, seg¨²n se asegura en la denuncia.

Los querellantes imputaban tambi¨¦n a los acusados un presunto delito de falsedad en los documentos aportados en un expediente de crisis y de otro delito de apropiaci¨®n indebida de las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social por un importe total de 39 millones de pesetas.

Cuatro a?os despu¨¦s de que se iniciara la instrucci¨®n del sumario, el juez Fernando Fern¨¢ndez de Bobadilla, titular del Juzgado n¨²mero 1 de Valencia, ha dictado auto de procesamiento contra tres ex directores generales del Banco Industrial del Mediterr¨¢neo que a si vez formaban parte del Consejo de Administraci¨®n de la empresa maderera.

Apropiaci¨®n indebida

El juez acusa a Javier Rib¨® Mass¨®, Heliodoro Bertomeu Gil y Manuel Castell¨¢ Beltr¨¢n de un presunto delito de apropiaci¨®n indebida de cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social, fij¨¢ndoseles una fianza total de cinco millones de pesetas para hacer frente a las responsabilidades civiles y con la obligaci¨®n de presentarse los d¨ªas 1 y 15 de cada mes al juzgado.

Las acusaciones m¨¢s graves han reca¨ªdo sobre el ex presidente del consejo de administraci¨®n de la empresa maderera, Jorge B¨¦jar Camarote, y los ex consejeros delegados ?ngel Gonz¨¢lez Adrio y Salvador Vilarrasa Balanza, a quienes se les ha procesado por los supuestos delitos de apropiaci¨®n indebida, falsedad y estafa, se?al¨¢ndoseles una fianza solidaria de 700 millones de pesetas.

Seg¨²n el juez, los tres acusados dejaron de ingresar cuotas obreras a la Seguridad Social por un importe total de 27 millones de pesetas, incumplieron el plan de viabilidad pactado con el Gobierno y con los trabajadores, traspasaron de forma ?l¨ªcita y en detrimento de Vilarrasa bienes valorados en 200 millones de pesetas y falsearon tambi¨¦n diversos datos del expediente de crisis de la empresa maderera.

En el mismo auto se procesa a los dos fundadores y ex propietarios de la firma, los hermanos Salvador y Juan Vilarrasa Alsina, a los que se acusa de apropiaci¨®n indebida de cuotas obreras a la Seguridad Social.

Al primero se le imputan, adem¨¢s del delito de apropiaci¨®n indebida, los de falsedad y estafa, presuntamente cometidos al incluir su nombre en la lista de los obreros afectados por el expediente de crisis con la intenci¨®n de cobrar los subsidios de desempleo, a pesar de que hac¨ªa dos a?os que hab¨ªa dimitido de sus cargos en la empresa. Por estos hechos se le exige una fianza de 15 millones de pesetas.

Comit¨¦ de empresa

El juez ha decretado tambi¨¦n el procesamiento de tres miembros del comit¨¦ de empresa, Antonio Gallardo, Benjam¨ªn Sancho y Emilio L¨®pez L¨®pez, a quienes se acusa de los delitos de estafa, al falsear sus categor¨ªas y antig¨¹edades en los documentos aportados en el "expediente de crisis para obtener ventajas econ¨®micas.

Tambi¨¦n se les ha procesado por unas presuntas coacciones a los compa?eros que interpusieron la querella criminal. El auto les fija a estos tres una fianza solidaria de un mill¨®n de pesetas. El auto de procesamiento acusa asimismo al apoderado de la firma, Herminio Garc¨ªa Barga?a, de un presunto delito de falsedad en la documentaci¨®n del expediente de crisis, recay¨¦ndole una fianza de 100.000 pesetas.