El Consejo de Seguridad Nuclear debe juzgar si la central de Asc¨® afecta al minitrasvase del Ebro
El informe elaborado por la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Ebro sobre el proyecto de concesi¨®n de aguas del Ebro con destino al abastecimiento urbano e industrial de municipios de Tarragona, conocido como minitrasvase del Ebro, se?ala que deber¨¢ recabarse del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un informe sobre la incidencia del funcionamiento de la central nuclear de Asc¨® sobre la explotaci¨®n del aprovechamiento. El informe es favorable a la concesi¨®n de las aguas si se cumplen 23 condiciones y 3 prescripciones relativas a nuevos caudales, a la entrada del Consorcio de Aguas en las comunidades de regantes y al cumplimiento del Plan de Obras del Delta del Ebro.
La exigencia de un informe al Consejo de Seguridad Nuclear ha sido fruto de las alegaciones presentadas en este sentido por el ingeniero de Caminos Cana les y Puertos Juan Jos¨¦ Moll de Miguel, primer director del proyecto del trasvase y posteriomente "suspendido de ocupaci¨®n" por la Generalitat. Entre sus alegaciones, Moll plante¨® que se investigase si el proyecto cumpl¨ªa el Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona (PEN TA), dado que la toma prevista .se encuentra dentro de un radio de 30 kil¨®metros, trazado des de la central nuclear de Ase¨®. Moll preguntaba si estaba prevista la repercusi¨®n de las para das en fr¨ªo y caliente de la central en el proyecto.El informe de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Ebro realizado y revisado, respectivamente, por los ingenieros Gabriel Faci y Gonzalo Guedea, coincide con el de Moll en la oportunidad de recabar un informe al Consejo de Seguridad Nuclear, aunque considera que no hay motivo para retrasar la concesi¨®n entretanto se evac¨²a dicho estudio. Los ingenieros piensan que, en todo caso, "el mismo [informe] iba a afectar al proyecto constructivo en cuanto a alguna posible modificaci¨®n o a las normas de explotac¨ª¨®n del aprovechamiento, circunstancias todas ellas salvables antes de aprobar el proyecto constructivo que se presenta". Sin embargo, se?ala que "ning¨²n otro informe con alguna autoridad sobre el tema, como puede ser Sanidad, ha he cho alusi¨®n alguna a esta cuesti¨®n".
Radiactividad y mercurio
En la documentaci¨®n aportada por el Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Catalunya a la solicitud de la concesi¨®n se incluyen resultados de an¨¢lisis qu¨ªmicos y bacteriol¨®gicos y un informe favorable, del 14 de mayo de 1986, del delegado territorial de Sanidad en Tarragona, Antoni Duran. No figura referencia alguna a la posible contaminaci¨®n por mercurio o por radiactividad, elementos cuya presencia estaba previsto averiguar en el proyecto inicial. Se da la circunstancia de que el anterior delegado de Sanidad, de la Generalitat en Tarragona, Alfredo Bardaj¨ª, fue separado del cargo poco despu¨¦s de que a finales de 1985 desaconsejase la toma del agua en la zona del delta tras descubrir la presencia de part¨ªculas de mercurio, metal muy t¨®xico, en un porcentaje preocupante. (V¨¦ase El PAIS 23-12-86).
El trasvase de aguas del Ebro a Tarragona fue regulado por la ley 18/1981, que preve¨ªa la concesi¨®n de un caudal m¨¢ximo de 4 metros c¨²bicos por segundo, equivalente a la recuperaci¨®n prevista con la ejecuci¨®n del plan de obras de acondicionamiento y mejoras de la infraestructura hidr¨¢ulica del Delta del Ebro. Es decir, ante la imposibilidad de aumentar las concesiones existentes, se pact¨® la f¨®rmula de conceder el mismo caudal de agua que se pudiera recuperar de las actuales filtraciones con el revestimiento de los canales de riego del delta.
El trasvase ha exigido dos grandes proyectos de obras por un valor global de 22.438 millones de pesetas. Por una parte, las obras de mejora, en fase de ejecuci¨®n, para recuperar el agua en los canales del delta, que se elevan a 12.160 millones de pesetas y, por otra, el proyecto de trasvase en s¨ª, cuya ¨²l tima versi¨®n alcanza los 10.278 millones de pesetas.
El proyecto para solicitar la concesi¨®n, firmado por Juan Jos¨¦ Moll en marzo de 1984, preve¨ªa un caudal m¨¢ximo de 2 metros c¨²bicos por segundo, seg¨²n la demanda futura estimada con criterios muy expansivos. Su coste ascend¨ªa a 8.010 millones de pesetas. Moll continu¨® dirigiendo el proyecto en la etapa provisional hasta julio de 1985, en que se contituy¨® el Consorcio. Este organismo re hus¨® convocar un concurso para cubrir la direcci¨®n t¨¦cnica del.proyecto en la nueva etapa, lo que impidi¨® al antiguo director optar al puesto. En su lugar, se nombr¨® al ingeniero Francisco Guti¨¦rrez Fern¨¢ndez, que present¨® un nuevo proyecto el 27 de noviembre de 1985. El nuevo proyecto, que reproduce ¨ªntegramente numerosas p¨¢ginas del anterior, circunstancia que ha sido recurrida por su autor, aumenta la solicitud de la concesi¨®n hasta 4 metros c¨²bicos por segundo y pide una reserva de 83,3 Hm3/ a?o, lo que exige un nuevo presupuesto de 10.278 millones de pesetas, sin incluir indemnizaciones por expropiaciones de terrenos.
El mayor encarecimiento del nuevo proyecto obedece, en parte, a la sorprendente inclusi¨®n de instalaciones sobredimensionadas. En el proyecto original para conducciones con caudales de 2 y 15 litros por segundo, respectivamente, se proyectaron tuber¨ªas de 50 y 125 mil¨ªmetros. Para los mismos caudales, el nuevo proyecto exige di¨¢metros de 80 y 175 mil¨ªmetros en cada caso.
Reclamaciones de ayuntamientos, regantes, cooperativas, cam¨¢ras y particulares
Ayuntamientos, c¨¢maras arroceras, comunidades de regantes, cooperativas, una empresa y dos particulares han presentado numerosas reclamaciones contra determinados aspectos de la solicitud presentada por el Consorcio Concesionario de Aguas para los Ayuntamientos e Industrias de Tarragona. Parte de estas reclamaciones ha sido recogida en el informe de los t¨¦cnicos en forma de 23 condiciones para autorizar la concesi¨®n. Sin embargo, ser¨¢n los servicios jur¨ªdicos de la Confederaci¨®n y, en ¨²ltima instancia, el Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo (MOPU) quienes aprecien las alegaciones presentadas.Entre las reclamaciones destacan las de Enagas y los ayuntamientos de Tarragona, El Perell¨® y L'ArnetIla de Mar relativas al trazado y obras de conducci¨®n. La Comunidad de Regantes del Canal de la Derecha y el Sindicato Agr¨ªcola del Ebro se oponen a la declaraci¨®n de la utilidad p¨²blica del aprovechamiento, insisten en que se trata de una concesi¨®n de aguas recuperadas y que, por tanto, hay que calcular la recuperaci¨®n lograda y deniegan la reserva de 83,34 hect¨®metros c¨²bicos anuales.
La Diputaci¨®n General de Arag¨®n exige que, previamente a la concesi¨®n, el MOPU apruebe el Plan de Obras de mejora de la infraestructura del delta.
Entre las condiciones exigidas en el informe destacan que el caudal inicial autorizado sea de 1,98 metros c¨²bicos/segundo, una vez certificado que con la parte de obras realizadas en el acondicionamiento de los canales del delta se haya recuperdado un caudal equivalente. Se exige la presentaci¨®n, en el plazo de seis meses, de un proyecto constructivo de las obras impl¨ªcitas en la concesi¨®n, en el que se justificar¨¢ la posibilidad de mantener el abastecimiento en casos de rotura o reparaci¨®n de canales mediante dep¨®sitos o suministros alternativos.
Las obras deber¨¢n quedar terminadas en el plazo de tres a?os y las aguas ser¨¢n analizadas peri¨®dicamente.
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