La ley del silencio

EL SILENCIO, la ocultaci¨®n, la reserva, son reivindica dos por los poderes p¨²blicos y sus agentes como derecho -ellos los llaman deberes- frente a los requerimientos de informaci¨®n por parte de los ciudadanos. Para sostener esta actitud, beligerantemente defendida en los c¨ªrculos restringidos del poder, lo com¨²n es esgrimir razones relacionadas con la defensa o la seguridad del Estado. Y en ocasiones, ni siquiera se recurre a argumentos tan patri¨®ticos para argumentar la arbitraria voluntad del gobernante de ocultar la informaci¨®n a los gobernados.Varios grupos parlamentarios estudian la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la resoluci¨®n de la presidencia del Congreso de 18 de diciembre de 1986 que restringi¨® el acceso de los diputados al conocimiento de materias clasificadas como secretos de Estado. Su decisi¨®n se ha visto reforzada por el reciente dictamen de un experto en derecho administrativo alegando que todos y cada uno de los diputados tienen derecho a este tipo de informaci¨®n, sin otra restricci¨®n que las sanciones en el supuesto de quebrantar la confidencialidad.

La ley de Secretos Oficiales, de 5 de abril de 1968, aun con la reforma introducida en octubre de 1978, no determinaba con claridad la forma de acceso de los diputados a las materias clasificadas o reservadas. Para iluminar esta oscuridad vino la resoluci¨®n de la presidencia del Congreso, pero con ello se obtuvo una luz tan restrictiva o polarizada que impide de hecho la funci¨®n parlamentaria de control de decisiones importantes del Ejecutivo. Esa frustrada clarificaci¨®n se produjo a ra¨ªz de la pol¨¦mica suscitada por la negativa del Gobierno a informar al Parlamento del contenido del memor¨¢ndum sobre la OTAN.

La aparente desconfianza respecto del Parlamento insin¨²a un juicio poco positivo acerca de la firmeza moral de los representantes de la soberan¨ªa popular. Firmeza moral que se atribuye en cambio a los fabricantes del secreto. No se entiende bien por qu¨¦ los representantes del pueblo estar¨ªan incapacitados para practicar esa "virtud dif¨ªcil y dif¨ªcil prueba que es guardar el secreto peligroso", mientras los funcionarios a sueldo se comportar¨ªan naturalmente como tumbas. ?Querr¨ªa insinuarse que los funcionarios representan mejor el inter¨¦s ciudadano que los diputados? Y si esta desconfianza no se detiene ante el Parlamento, menos lo hace ante la opini¨®n p¨²blica y los medios de comunicaci¨®n.

La segunda ronda de consultas o negociaciones entre Espa?a y la Alianza Atl¨¢ntica ha terminado para el p¨²blico como empez¨®: en la m¨¢s profunda de las tinieblas. La determinaci¨®n oficial de no informar sobre esta materia es patente. De ning¨²n modo se puede excusar el secreto con el alegato de que la negociaci¨®n se encuentra en curso y no se puedan desvelar las cartas. La falta de voluntad de informar parece m¨¢s bien dictada por intereses pol¨ªticos particulares, a ra¨ªz de las promesas del Gobierno de no integraci¨®n de Espa?a en la estructura militar de la Alianza.

Pero la doctrina oficial cfe que la defensa corresponde al pueblo. reclama, por un m¨ªnimo de coherencia, que el ejercicio de la democracia no se detenga ante esas interesadas alambradas. ?C¨®mo se pue de esperar apoyo popular a unos planteamientos que los ciudadanos desconocen?

Los ciudadanos se enteraron, por un bolet¨ªn editado en Bruselas en junio pasado, de que el Gobierno iba a presentar un memor¨¢ndum en la sede de la OTAN con las l¨ªneas maestras de lo que ser¨¢ el modelo de participaci¨®n espa?ola en la Alianza. ?Habr¨¢ que volver a leer las publicaciones extranjeras para saber y beber en fuentes for¨¢neas sobre las intenciones del gobierno espa?ol? Considerar a la poblaci¨®n menor de edad es una costumbre de las autocracias, de la que todo dem¨®crata debe aprender a huir. La pretensi¨®n de crear zonas oscuras al conocimiento popular acaba pag¨¢ndose con el descr¨¦dito.