Felipe Gonz¨¢lez y Alfonso Guerra deber¨¢n declarar en el 'proceso de la colza'

El presidente y el vicepresidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez y Alfonso Guerra, deber¨¢n declarar como testigos en el proceso de la colza. As¨ª lo ha dispuesto la Audiencia Nacional en una providencia donde acepta la propuesta de Antonio Garc¨ªa Pablos, que act¨²a como acusaci¨®n particular en representaci¨®n de unos 5.000 afectados por el s¨ªndrome t¨®xico. Este abogado pretende que Gonz¨¢lez y Guerra repitan los argumentos que emplearon, cuando estaban en la oposici¨®n, sobre los fallos de la Administraci¨®n de UCD en el envenenamiento, para establecer una responsabilidad del Estado en cuanto a las indemnizaciones.

Garc¨ªa Pablos incluy¨® a los dos m¨¢s altos cargos del Gobierno en su lista de testigos, y el tribunal le pidi¨® que aclarase si deseaba preguntarles sobre cuestiones de las que hubiesen tenido conocimiento en el Consejo de Ministros. Ello se debe a que, en tal caso, las preguntas habr¨ªan de ser respondidas por escrito.El abogado precis¨® posteriormente que no deseaba preguntar sobre esas cuestiones, y por ello la Audiencia dispuso textualmente: "Requi¨¦rase al procurador para que presente interrogatorio de preguntas que permita al tribunal recibir declaraci¨®n a esos testigos [Felipe Gonz¨¢lez y Alfonso Guerra] con sujeci¨®n a los art¨ªculos 412.2 y 413 de la ley de Enjuiciamiento Criminal".

Estos art¨ªculos expresan las personas que por su cargo est¨¢n exentas de acudir ante un tribunal cuando sean llamados. Por tratarse del presidente y el vicepresidente del Gobierno, es el tribunal el que debe acudir a su domicilio oficial o particular para tomarles declaraci¨®n.

Garc¨ªa Pablos no ha presentado a¨²n ese cuestionario, para lo que no tiene plazo establecido. Una vez que lo haga, los magistrados remitir¨¢n las preguntas al resto de las partes por si desean a?adir alguna. El tribunal declarar¨¢ cu¨¢les son pertinentes, y se trasladar¨¢ al palacio de la Moncloa, previsiblemente, para interrogar a los dos m¨¢s altos cargos de la Administraci¨®n espa?ola. El letrado, en su propuesta de testigos -en la que debe figurar el domicilio de cada persona citada-, se?ala que Gonz¨¢lez y Guerra pueden ser localizados en la sede central del PSOE, sita en la calle de Ferraz, de Madrid.

Esto se debe a que son llamados en su calidad de secretario y vicesecretario generales del PSOE en el momento de producirse el envenenamiento masivo y en su condici¨®n de parlamentarios que dirig¨ªan el Grupo Socialista en el debate sobre el s¨ªndrome t¨®xico, celebrado en el Congreso en septiembre de 1981. La citaci¨®n se extiende a Ciriaco de Vicente, que intervino como portavoz del PSOE en aquel debate, en el que su grupo propuso sin ¨¦xito la reprobaci¨®n de cinco ministros. La postura de los socialistas se centr¨® en se?alar como causas de la intoxicaci¨®n masiva la actuaci¨®n fraudulenta de unas personas y la conducta descoordinada de la Administraci¨®n.

La intenci¨®n de Garc¨ªa Pablos con este interrogatorio es plantear los fallos que, a su juicio, se produjeron en los distintos organismos del Estado. Y desea que los actuales m¨¢ximos cargos del Gobierno repitan qu¨¦ defectos de la Administraci¨®n permitieron el envenenamiento masivo.

Detr¨¢s de esta actitud se adivina la esperanza de que la Administraci¨®n quede al descubierto para que el Estado aparezca como responsable civil subsidiario a la horade pagar las indemnizaciones, que dif¨ªcilmente podr¨ªan satisfacer los encausados.

Sin embargo, la Administraci¨®n no podr¨¢ ser condenada en este proceso como responsable civil subsidiario, porque no fue declarada como tal en la instrucci¨®n del sumario y ninguno de sus representantes result¨® procesado. Por tanto, no ha tenido la oportunidad de defenderse.

Esta posibilidad de que el Estado responda de las indemnizaciones tiene su v¨ªa jur¨ªdica en un sumario aparte, dedicado a las responsabilidades de altos cargos de la Administraci¨®n de UCD. En este sumario no se ha producido a¨²n ning¨²n procesa miento. No obstante, parte de los acusadores opina que llegar en este juicio a conclusiones positivas sobre la responsabilidad del Estado les allanar¨ªa el camino en el otro proceso.